Agencias
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARHM) ha pedido, mediante un comunicado, al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que "tenga en España la misma preocupación por los desaparecidos forzados que está teniendo en otros países".
El juez Garzón se encuentra estos días en Colombia donde, junto con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, asiste a la exhumación de las víctimas de los escuadrones paramilitares de derecha en el noroeste colombiano.
La ARHM demanda a Garzón la misma atención para las familias de los desaparecidos españoles víctimas de la represión franquista.
Además, recalca que en estos siete años han sido exhumadas en España más de ciento diez fosas comunes.
Del mismo modo, la asociación apela a las instituciones españolas para que "se responsabilicen de la búsqueda de los desaparecidos en una democracia que se preocupa por los Derechos Humanos" y explica que las labores de exhumación no deben ser realizadas por voluntarios.
Garzón, según explica el comunicado, tiene que "incluir a España en la Justicia universal e investigar el paradero de cientos de desaparecidos a causa de la represión franquista".
Esta semana la ARHM comenzará la exhumación de tres fosas comunes en las provincias de Burgos y León, dentro de la campaña de verano que se prolongará hasta septiembre.
Durante este verano la asociación ha tomado muestras de ADN de 110 personas de la localidad burgalesa de Aranda de Duero para facilitar las labores de identificación de vecinos de la comarca desaparecidos 70 años atrás.
viernes, 29 de agosto de 2008
El PSOE y el PP hacen causa común en apoyo de la OTAN y en la condena a Rusia por reconocer las independencias de Osetia y Abjazia
InSurGente.- El PP y el PSOE aparecen nuevamente muy de acuerdo. Esta vez en política internacional, ya que ambos han manifestado un claro apoyo a las gestiones del derechista Sarkozy como presidente de turno de la Unión Europea en la crisis con Rusia, y se han alineado con la OTAN, y por tanto, con la política expansiva e imperialista de EEUU, que una y otra vez utiliza a Georgia como territorio propio en sus planes hegemónicos.
Agencias/ inSurGente.-
PSOE
El PSOE pidió hoy a la UE que dé una "respuesta contundente" a la "necesidad" de que Rusia, que ha reconocido la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjazia y Osetia del Sur, respete "la legalidad internacional" y la integridad territorial de Georgia, al tiempo que apostó por que los Veintisiete no rompan los puentes de diálogo con Moscú.
Su secretaria de Relaciones Internacionales y Cooperación, Elena Valenciano, consideró que los Veintisiete deben exigir a Rusia que "respete los acuerdos que la vinculan", como la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de este organismo, que reconocen la integridad y la soberanía de Georgia.
España es "probablemente" uno de los socios europeos con mayor legitimidad para exigir el cumplimiento de la legalidad internacional a todos los actores, en alusión a que la posición que mantiene sobre la crisis entre Georgia y Rusia es "coherente" con su negativa al reconocimiento de la independencia de Kosovo.
No obstante, quiso dejar claro que ambos casos "no son comparables", aunque en los dos "debe aplicarse el cumplimiento de la ley", y que España está "apoyando" las gestiones que dirige Francia, como presidencia de turno de la UE.
PP
El PP reclamó hoy a la UE que demuestre "firmeza y unidad de criterio" ante la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjazia y Osetia del Sur y destacó la "grave incoherencia" en la que ha incurrido Moscú, que se opuso a la independencia de Kosovo porque violaba la integridad territorial de Serbia y el principio de la soberanía de las naciones.
El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, consideró en declaraciones a Europa Press que el caso de Kosovo con respecto a Serbia es el mismo que el de las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjazia en relación con Georgia.
Por eso, destacó que "no es ético ni legal" reconocer la independencia de dos territorios "que forman parte de Georgia", como Kosovo "sigue siendo una provincia de Serbia".
De Arístegui se mostró a favor de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se reunirán de forma extraordinaria el lunes en Bruselas para abordar esta crisis, lancen alguna "advertencia" a Moscú ligada a un plazo de cumplimiento.
El portavoz 'popular' admitió no obstante que en esta crisis están "en juego sobre todo" los intereses de Europa, que depende del gas que le suministra Rusia, y advirtió de que los países europeos que han reconocido la independencia de Kosovo han perdido legitimidad a la hora de exigir a Rusia el respeto de la integridad territorial de Georgia. No es ése el caso de España, subrayó, que tanto en un caso como en otro ha defendido los mismos principios.
De Arístegui, que calificó de "inaceptable" la decisión de Moscú sobre las dos regiones separatistas, advirtió de que Rusia está dando muestras de "comportamientos preocupantes" también en otros dossieres internacionales, como en el conflicto de Oriente Medio (fue el único miembro del Cuarteto que decidió unilateralmente recibir a Hamás) e Irán.
Agencias/ inSurGente.-
PSOE
El PSOE pidió hoy a la UE que dé una "respuesta contundente" a la "necesidad" de que Rusia, que ha reconocido la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjazia y Osetia del Sur, respete "la legalidad internacional" y la integridad territorial de Georgia, al tiempo que apostó por que los Veintisiete no rompan los puentes de diálogo con Moscú.
Su secretaria de Relaciones Internacionales y Cooperación, Elena Valenciano, consideró que los Veintisiete deben exigir a Rusia que "respete los acuerdos que la vinculan", como la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de este organismo, que reconocen la integridad y la soberanía de Georgia.
España es "probablemente" uno de los socios europeos con mayor legitimidad para exigir el cumplimiento de la legalidad internacional a todos los actores, en alusión a que la posición que mantiene sobre la crisis entre Georgia y Rusia es "coherente" con su negativa al reconocimiento de la independencia de Kosovo.
No obstante, quiso dejar claro que ambos casos "no son comparables", aunque en los dos "debe aplicarse el cumplimiento de la ley", y que España está "apoyando" las gestiones que dirige Francia, como presidencia de turno de la UE.
PP
El PP reclamó hoy a la UE que demuestre "firmeza y unidad de criterio" ante la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjazia y Osetia del Sur y destacó la "grave incoherencia" en la que ha incurrido Moscú, que se opuso a la independencia de Kosovo porque violaba la integridad territorial de Serbia y el principio de la soberanía de las naciones.
El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, consideró en declaraciones a Europa Press que el caso de Kosovo con respecto a Serbia es el mismo que el de las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjazia en relación con Georgia.
Por eso, destacó que "no es ético ni legal" reconocer la independencia de dos territorios "que forman parte de Georgia", como Kosovo "sigue siendo una provincia de Serbia".
De Arístegui se mostró a favor de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se reunirán de forma extraordinaria el lunes en Bruselas para abordar esta crisis, lancen alguna "advertencia" a Moscú ligada a un plazo de cumplimiento.
El portavoz 'popular' admitió no obstante que en esta crisis están "en juego sobre todo" los intereses de Europa, que depende del gas que le suministra Rusia, y advirtió de que los países europeos que han reconocido la independencia de Kosovo han perdido legitimidad a la hora de exigir a Rusia el respeto de la integridad territorial de Georgia. No es ése el caso de España, subrayó, que tanto en un caso como en otro ha defendido los mismos principios.
De Arístegui, que calificó de "inaceptable" la decisión de Moscú sobre las dos regiones separatistas, advirtió de que Rusia está dando muestras de "comportamientos preocupantes" también en otros dossieres internacionales, como en el conflicto de Oriente Medio (fue el único miembro del Cuarteto que decidió unilateralmente recibir a Hamás) e Irán.
sábado, 16 de agosto de 2008
ARTÍCULO DE FIDEL CASTRO: CARNE DE CAÑÓN PARA EL MERCADO
Tal vez algunos gobiernos desconocen los datos concretos, por eso nos pareció muy oportuno el mensaje de Raúl fijando la posición de Cuba. Abundaré en aspectos que no pueden abordarse en una declaración oficial precisa y breve.
El gobierno de Georgia no habría lanzado jamás sus fuerzas armadas contra la capital de la República Autónoma de Osetia del Sur al amanecer del 8 de agosto, para lo que denominó el restablecimiento del orden constitucional, sin la concertación previa con Bush, quien el pasado mes de abril en Bucarest comprometió su apoyo al presidente Saakashvili para el ingreso de Georgia en la OTAN, lo que equivale a un puñal afilado que se intenta clavar en el corazón de Rusia. Muchos Estados europeos que pertenecen a esa organización militar se preocupan seriamente por la manipulación irresponsable del tema de las nacionalidades, preñado de conflictos potenciales, que en la propia Gran Bretaña puede dar lugar a la desintegración del Reino Unido. Yugoslavia fue disuelta por esa vía; los esfuerzos de Tito por evitarlo fueron inútiles después de su muerte.
¿Qué necesidad había de encender el polvorín del Cáucaso? ¿Cuántas veces irá el cántaro al agua antes de romperse? Rusia sigue siendo una poderosa potencia nuclear. Posee miles de armas de ese tipo. Debo recordar que, por otro lado, la economía de Occidente extrajo ilegalmente de ese país más de 500 mil millones de dólares. Si Rusia no significa hoy el fantasma del comunismo; si ya no apuntan directamente hacia los objetivos militares y estratégicos de Europa más de 400 plataformas nucleares que fueron desmanteladas al desaparecer la URSS, ¿por qué el empeño en cercarla con un escudo nuclear? El viejo continente también necesita paz.
Las tropas rusas que se encontraban en Osetia del Sur estaban desplegadas en una misión de paz reconocida internacionalmente; no disparaban contra nadie.
¿Por qué Georgia escogió el 8 de agosto, cuando se inauguraban los Juegos Olímpicos de Beijing, para ocupar Tsjinvali, la capital de la república autónoma? Ese día cuatro mil millones de personas en todo el planeta presenciaron por televisión el maravilloso espectáculo con el que China inauguró esos juegos. Sólo el pueblo de Estados Unidos no pudo disfrutar ese día la transmisión directa y en vivo de la estimulante fiesta de amistad entre todos los pueblos del mundo que allí se escenificó. El monopolio sobre los derechos de transmisión había sido adquirido por un canal televisivo mediante el pago de 900 millones de dólares y deseaba obtener el máximo de beneficio comercial por minuto de transmisión. Las empresas competidoras tomaron desquite divulgando a esa hora las noticias de la guerra en el Cáucaso que no eran exclusivas de nadie. Los riesgos de un conflicto serio amenazaban al mundo.
Bush sí pudo disfrutar el espectáculo como invitado oficial. Todavía el domingo 10, dos días y medio después, se le veía agitando banderas, fingiendo ser adalid de la paz y preparado para deleitarse con las victorias de los magníficos atletas norteamericanos, a los que sus ojos, acostumbrados a mancillarlo todo, veían como símbolo del poder y la superioridad de su imperio. En sus ratos de ocio, mantenía largas conversaciones con los funcionarios subordinados en Washington, amenazaba a Rusia y alentaba los discursos, humillantes para ese país, del representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Algunos de los antiguos países que integraban el campo socialista o parte de la propia URSS, hoy actúan como protectorados de Estados Unidos. Sus gobiernos, impulsados por un odio irresponsable contra Rusia, como Polonia y la República Checa, se alinean en posiciones de apoyo total a Bush y al ataque sorpresivo contra Osetia del Sur por Saakashvili, un aventurero de extraña historia que, habiendo nacido bajo el socialismo en Tbilisi, capital de su país, se hizo abogado en una universidad de Kiev, realizó cursos de posgrado en Estrasburgo, Nueva York y Washington. Ejercía esa profesión en Nueva York. Se configura como un georgiano occidentalizado, ambicioso y oportunista. Regresó a su país apoyado por los yanquis y pescó en el río revuelto de la desintegración de la Unión Soviética. Es elegido Presidente de Georgia en enero de 2004.
Ese país, después de Estados Unidos y Gran Bretaña, es el que más soldados tiene en la aventura bélica de Iraq, y no lo hace precisamente por espíritu internacionalista. Cuando Cuba, a lo largo de casi dos decenios, envió cientos de miles de combatientes a luchar por la independencia y contra el colonialismo y el apartheid en África, no buscó nunca combustible, materias primas ni plusvalía; eran voluntarios. Así se forjó el acero de nuestros principios. ¿Qué hacen en Iraq los soldados georgianos sino apoyar una guerra que ha costado a ese pueblo centenares de miles de vidas y millones de damnificados? ¿Qué ideales fueron a defender allí? Es muy lógico que ciudadanos de Osetia del Sur no deseen ser enviados como soldados a combatir en Iraq u otros puntos del planeta al servicio del imperialismo.
Saakashvili por su propia cuenta jamás se habría lanzado a la aventura de enviar el ejército georgiano a Osetia del Sur, donde chocaría con las tropas rusas emplazadas allí como fuerza de paz. No se puede jugar con la guerra nuclear ni premiar el suministro de carne de cañón para el mercado.
Esta reflexión estaba elaborada, cuando Bush habló a las 5 y 30 p.m., hora de Cuba. Nada desdice lo que aquí se analiza; sólo que la guerra mediática del gobierno de Estados Unidos es hoy más intensa todavía. Es la misma maniobra prediseñada que no engaña a nadie.
Los rusos han declarado con absoluta claridad que la retirada de los invasores al punto de partida es la única solución decorosa posible. Ojalá los Juegos Olímpicos puedan continuar sin ser interrumpidos por una gravísima crisis. El partido de voleibol femenino contra un buen equipo de Estados Unidos fue fenomenal, y la pelota no ha comenzado todavía.
Fidel Castro Ruz
11 de agosto de 2008
6 y 21 p.m.
El gobierno de Georgia no habría lanzado jamás sus fuerzas armadas contra la capital de la República Autónoma de Osetia del Sur al amanecer del 8 de agosto, para lo que denominó el restablecimiento del orden constitucional, sin la concertación previa con Bush, quien el pasado mes de abril en Bucarest comprometió su apoyo al presidente Saakashvili para el ingreso de Georgia en la OTAN, lo que equivale a un puñal afilado que se intenta clavar en el corazón de Rusia. Muchos Estados europeos que pertenecen a esa organización militar se preocupan seriamente por la manipulación irresponsable del tema de las nacionalidades, preñado de conflictos potenciales, que en la propia Gran Bretaña puede dar lugar a la desintegración del Reino Unido. Yugoslavia fue disuelta por esa vía; los esfuerzos de Tito por evitarlo fueron inútiles después de su muerte.
¿Qué necesidad había de encender el polvorín del Cáucaso? ¿Cuántas veces irá el cántaro al agua antes de romperse? Rusia sigue siendo una poderosa potencia nuclear. Posee miles de armas de ese tipo. Debo recordar que, por otro lado, la economía de Occidente extrajo ilegalmente de ese país más de 500 mil millones de dólares. Si Rusia no significa hoy el fantasma del comunismo; si ya no apuntan directamente hacia los objetivos militares y estratégicos de Europa más de 400 plataformas nucleares que fueron desmanteladas al desaparecer la URSS, ¿por qué el empeño en cercarla con un escudo nuclear? El viejo continente también necesita paz.
Las tropas rusas que se encontraban en Osetia del Sur estaban desplegadas en una misión de paz reconocida internacionalmente; no disparaban contra nadie.
¿Por qué Georgia escogió el 8 de agosto, cuando se inauguraban los Juegos Olímpicos de Beijing, para ocupar Tsjinvali, la capital de la república autónoma? Ese día cuatro mil millones de personas en todo el planeta presenciaron por televisión el maravilloso espectáculo con el que China inauguró esos juegos. Sólo el pueblo de Estados Unidos no pudo disfrutar ese día la transmisión directa y en vivo de la estimulante fiesta de amistad entre todos los pueblos del mundo que allí se escenificó. El monopolio sobre los derechos de transmisión había sido adquirido por un canal televisivo mediante el pago de 900 millones de dólares y deseaba obtener el máximo de beneficio comercial por minuto de transmisión. Las empresas competidoras tomaron desquite divulgando a esa hora las noticias de la guerra en el Cáucaso que no eran exclusivas de nadie. Los riesgos de un conflicto serio amenazaban al mundo.
Bush sí pudo disfrutar el espectáculo como invitado oficial. Todavía el domingo 10, dos días y medio después, se le veía agitando banderas, fingiendo ser adalid de la paz y preparado para deleitarse con las victorias de los magníficos atletas norteamericanos, a los que sus ojos, acostumbrados a mancillarlo todo, veían como símbolo del poder y la superioridad de su imperio. En sus ratos de ocio, mantenía largas conversaciones con los funcionarios subordinados en Washington, amenazaba a Rusia y alentaba los discursos, humillantes para ese país, del representante de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Algunos de los antiguos países que integraban el campo socialista o parte de la propia URSS, hoy actúan como protectorados de Estados Unidos. Sus gobiernos, impulsados por un odio irresponsable contra Rusia, como Polonia y la República Checa, se alinean en posiciones de apoyo total a Bush y al ataque sorpresivo contra Osetia del Sur por Saakashvili, un aventurero de extraña historia que, habiendo nacido bajo el socialismo en Tbilisi, capital de su país, se hizo abogado en una universidad de Kiev, realizó cursos de posgrado en Estrasburgo, Nueva York y Washington. Ejercía esa profesión en Nueva York. Se configura como un georgiano occidentalizado, ambicioso y oportunista. Regresó a su país apoyado por los yanquis y pescó en el río revuelto de la desintegración de la Unión Soviética. Es elegido Presidente de Georgia en enero de 2004.
Ese país, después de Estados Unidos y Gran Bretaña, es el que más soldados tiene en la aventura bélica de Iraq, y no lo hace precisamente por espíritu internacionalista. Cuando Cuba, a lo largo de casi dos decenios, envió cientos de miles de combatientes a luchar por la independencia y contra el colonialismo y el apartheid en África, no buscó nunca combustible, materias primas ni plusvalía; eran voluntarios. Así se forjó el acero de nuestros principios. ¿Qué hacen en Iraq los soldados georgianos sino apoyar una guerra que ha costado a ese pueblo centenares de miles de vidas y millones de damnificados? ¿Qué ideales fueron a defender allí? Es muy lógico que ciudadanos de Osetia del Sur no deseen ser enviados como soldados a combatir en Iraq u otros puntos del planeta al servicio del imperialismo.
Saakashvili por su propia cuenta jamás se habría lanzado a la aventura de enviar el ejército georgiano a Osetia del Sur, donde chocaría con las tropas rusas emplazadas allí como fuerza de paz. No se puede jugar con la guerra nuclear ni premiar el suministro de carne de cañón para el mercado.
Esta reflexión estaba elaborada, cuando Bush habló a las 5 y 30 p.m., hora de Cuba. Nada desdice lo que aquí se analiza; sólo que la guerra mediática del gobierno de Estados Unidos es hoy más intensa todavía. Es la misma maniobra prediseñada que no engaña a nadie.
Los rusos han declarado con absoluta claridad que la retirada de los invasores al punto de partida es la única solución decorosa posible. Ojalá los Juegos Olímpicos puedan continuar sin ser interrumpidos por una gravísima crisis. El partido de voleibol femenino contra un buen equipo de Estados Unidos fue fenomenal, y la pelota no ha comenzado todavía.
Fidel Castro Ruz
11 de agosto de 2008
6 y 21 p.m.
De Pekín 2008 a Barcelona 1992, un recomendable viaje atrás en el tiempo
Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 se están caracterizando por las continuas acusaciones hacia la República Popular China de vulneración de los derechos humanos
Antonio Torres, "Antón" | Para Kaos en la Red | 15-8-2008 | 833 lecturas | 18 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/pekin-2008-barcelona-1992-recomendable-viaje-atras-tiempo
Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 se están caracterizando por las continuas acusaciones hacia la República Popular China de vulneración de los derechos humanos por parte de determinadas onGs, los Estados Unidos, y estados occidentales europeos, expresadas, reiterativamente, una y otra vez, por los grandes medios de comunicación de masas, que se pretenden así erigir en supremos defensores de los derechos humanos en ese país.
Bush expresaba el 7 de agosto en Bangkok, un día antes del comienzo de los Juegos, su “profunda preocupación por la detención de disidentes y la situación de los derechos humanos en China” (La Jornada, 07/08/08), por otro lado, Amnistía Internacional aseguraba que “los Juegos Olímpicos han deteriorado los derechos humanos en China”, y añadía:"En los alrededores de las instalaciones que se van a utilizar para la celebración de los juegos, muchas personas han sido detenidas y expulsadas de sus casas. Las restricciones y censuras en Internet se han incrementado por denunciar la situación en el contexto de los Juegos y los activistas que protestaban por considerar que los Juegos no debían ir a China han sido detenidos" (Europa Press, 29/07/08). Aunque el Gobierno español de manera oficial, a diferencia del francés que sugirió la posibilidad del boicot, no ha hecho declaración expresa sobre el estado de los derechos humanos en China a cuenta de la celebración de los Juegos Olímpicos, medios de comunicación afines a la socialdemocracia española, sí se han pronunciado al respecto, el 8 de agosto, el periodista de El País, Carlos Arribas, escribía: “Los argumentos del movimiento deportivo y de las potencias ante Pekín recuerdan los utilizados con Hitler en 1936”, una afirmación muy del gusto de la socialdemocracia imperialista española y europea, mientras que Esteban Beltrán el 3 de agosto en Público escribía en su artículo “El lado oscuro de la cita olímpica”:“La verdad, no sé si los Juegos Olímpicos en Pekín van a ser un éxito deportivo o mediático, pero hasta ahora no sólo no han ayudado –como prometía Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)– a mejorar los derechos humanos en China, sino que han contribuido a su deterioro.”, continuaba diciendo que “Lejos de actuar como catalizador de reformas, las autoridades chinas han utilizado la celebración de los Juegos Olímpicos como pretexto para ampliar el uso de la detención administrativa punitiva, en particular la “reeducación por el trabajo”. El 7 de febrero de 2007, el Departamento de Seguridad Pública de Pekín anunció que durante el año siguiente la policía ampliaría los periodos de rehabilitación forzosa de drogodependientes de seis meses a un año.”
China y la retórica de los derechos humanos
Es pura retórica, o mejor dicho, una mera arma de guerra sicológica contra el enemigo a batir. La utilización de la vulneración de los derechos humanos como un medio más de desprestigiar al enemigo, de caracterizarlo como un criminal sin escrúpulos, una bestia, y como argumento supremo y siempre válido para justificar todo tipo de intervenciones militares, violaciones a la soberanía nacional e independencia, golpes de estado, acciones armadas indiscriminadas, operaciones secretas de contrainsurgencia, etc. El recurso a la vulneración de los derechos humanos para ocultar, en definitiva, los intereses de multinacionales y estados imperialistas poroprimir y explotar, por acumular más y más, a costa del sudor y la sangre de los pueblos y los trabajadores.
Ya lo comprobamos en la antigua Yugoslavia, en Irak, en Afganistán, lo comprobamos en las burdas campañas de intoxicación dirigidas contra Cuba, Venezuela y Bolivia, Irán, Siria, Zimbabwe o Bielorrusia. A cada gobierno popular que surge en el mundo y que tenga la osadía de proclamar su soberanía e independencia, y de optar por vías de desarrollo propias y orientadas socialmente, le sigue una intensa campaña de intoxicación donde la vulneración de los derechos humanos es el tópico más reconocido y utilizado. Es de manual.
El peligro que representa la República Popular China no es el de ser un estado socialista con un Partido Comunista de carácter revolucionario y marxista-leninista, no es el de ser un país que ofrece una alternativa socialista de desarrollo a imitar por países oprimidos y movimientos de liberación, ni mucho menos. China es enemigo a batir porque es un rival, al igual que Rusia, en los planes del imperialismo norteamericano por ser la potencia única y super hegemónica; así, China es elogiada cuando permite a las multinacionales y bancos europeos y norteamericanos instalarse en suelo chino, proporcionando mano de obra barata, cuando permite un rol cada vez más decisivo a las diferentes burguesías del país en lo político y en lo económico, cuando China supone para las multinacionales no sólo un país donde producir barato sinoun enorme mercado para sus mercancías, cuando esto es así, muy poco le importan los derechos humanos a los imperialistas occidentales, sin embargo, China sí es condenada cuando no llega a someterse a los dictados del imperialismo norteamericano o del bloque europeo, cuando no liberaliza ni abre lo suficiente su mercado a las multinacionales, cuando dispone de enormes sumas de dólares en concepto de compra de deuda pública norteamericana, cuando supone un rival para el control de materias primas en Eurasia, África o Latinoamérica, en definitiva, cuando China se procura un desarrollo capitalista independiente y no tutelado por las multinacionales o los estados imperialistas occidentales, llegando a acuerdos comerciales con países del llamado “Tercer Mundo”, especialmente África, o a alianzas estratégicas con otras potencias emergentes como Rusia, Brasil o India, que tanto inquietan a los EEUU.
El periodista belga, Michel Collon, en su libro “Monopoly. La OTAN a la conquista del mundo” (Hiru), lo dejaba bien claro recordando el bombardeo que sufrió la embajada china en Belgrado durante los criminales bombardeos de la OTAN en 1999: “Pero también se trata de un país cuya potencia económica y política está en aumento.¿Cuáles son en realidad los objetivos generales de Washington? 1. Impedir que China sirva de polo de atracción a los pueblos del tercer mundo que, sobre todo en Asia, quieren resistirse al Nuevo Orden Mundial. 2. Frenar el aumento de su potencia. 3. Hacerse con el control del inmenso mercado chino. “. Más tarde este mismo periodista en un artículo publicado en la revista Kalegorria de octubre de 2001 argumentaba: “El continente euro-asiático continua siendo “el tablero sobre el que se juega la suerte del mundo”, escribe el estratega USA Brzezinski. “Debemos vigilar que ningún Estado o grupo de Estados esté en condiciones de expulsar a los Estados Unidos de Euro-Asia o de debilitar su papel dirigente”. Además, Estados Unidos pretende también controlar a los colosos de la región: China y Rusia. Sus dos objetivos: impedir que la Chinasocialista continúe desarrollándose como potencia económica y militar con capacidad de hacerle frente. E impedirle a Rusia aproximarse a China y a otros países del tercer mundo. Pakistán, Afganistán y Tadjikistán forman un puente entre China y Rusia. He aquí lo que agudiza el apetito de Estados Unidos...”. Es el conocido como el “cerco a China”, cerco que tiene su ampliación política y mediática en estos Juegos Olímpicos, ya sea con extrañas onG’s que aparecen de repente reclamando los derechos de los cristianos, con fantasmagóricos independentistas tibetanos, o con organizaciones armadas islámicas que se expresaban en estos términos: "Por medio de esta santa jihad, esta vez en Yunnan, el Partido Islámico del Turkestán advierte a China una vez más. Nuestro objetivo es atacar la mayor cantidad de puntos críticos relacionados con los Juegos Olímpicos. Intentaremos atacar duramente las principales ciudades chinas utilizando tácticas que nunca se han usado. Por última vez advertimos a China y a la comunidad internacional de que aquellos espectadores, atletas, particularmente los musulmanes, que están planeando asistir a los Juegos Olímpicos, por favor, cambien sus planes de ir a China. Por favor, no estén junto a los infieles. Los voluntarios del Partido Islámico del Turkistán emprenderán acciones militares violentas contra los individuos, departamentos, sedes y actividades relacionadas con las Olimpiadas en China", amenazas que por cierto seestán cumpliendo hasta cierto punto, a tenor de las continuas noticias sobre acciones armadas contra policías y miembros de las fuerzas de seguridad chinas. Al Partido Islámico del Turkestán se le presuponen relacionado, según diversas fuentes, con la CIA a través de los servicios secretos pakistaníes, ISI (¿Intenta Washington sabotear los Juegos Olímpicos de Beijing?, Michel Chossudovsky, Global Research. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9735. Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos, consultado en www.lahaine.org).
Barcelona 1992, un balance represivo
Es justo y conveniente que en el Estado español se hiciera un ejercicio más de memoria histórica, y recordásemos la orgía represiva desatada en 1992 en Barcelona y en Catalunya en general, ahora que tanto se habla de derechos humanos y de países que los infringen, en el marco de unos Juegos Olímpicos.
Al parecer, denunciar la violación de los derechos humanos en China para los grandes medios de comunicación españoles es un ejercicio de responsabilidad democrática, mientras cuando estas violaciones se dan en el Estado español denunciarlas supone todo lo contrario: una irresponsabilidad. Denunciar en el Estado español violaciones de los derechos humanos o cualquier recorte de las libertades individuales y colectivas supone ser calificado de “terrorista”, de “hacer apología del terrorismo”, de situarse prácticamente fuera de la leyes y la Constitución. Ejemplos de ello hay muchos, demasiados, pero inmersos como estamos en estos Juegos Olímpicos sería procedente recordar lo ocurrido en Barcelona 92.
El 29 de junio de 1992 la Guardia Civil iniciaba en las localidades de Vic, Manresa y en la propia ciudad de Barcelona lo que se conocería como “Operación Garzón 92”. En menos de 15 días fueron detenidas 38 personas, pero el número de detenidos final aumentó hasta 60, de las cuales, 21 fueron encarcelados. Se interpusieron 23 denuncias por torturas, sin que se dedujeran de ellas responsabilidad criminal alguna. El ambiente represivo tanto en Barcelona en particular como en Catalunya en general se hizo por momentos insoportable, provocando lógicas reacciones populares de indignación que fueron acalladas y duramente reprimidas.
Aunque la operación se justificó en impedir acciones armadas del grupo independentista armado catalán Terra Lliure o de la organización armada vasca ETA, las detenciones abarcaron sobre todo a militantes de organizaciones políticas y movimientos populares: militantes del MDT (Moviment de Defensa de la Terra), del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC, en aquella época ligado a nivel estatal con el PCPE), o la propia Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hoy partido gobernante en la Generalitat, así como miembros de la asociación de defensa de los presos independentistas catalanes Comités de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC); además de personas sin filiación política o social concreta.
Según informaba la revista Kalegorria en el 2002 en su edición de junio recordando los 10 años de la fatídica “Operación Garzón 92”, y tomando como guía el libro del periodista catalán David Bassa, “L´Operació Garzón. Un balanç de Barcelona’92” (Lliibres de l’ Índex), la operación represiva fue diseñada en una reunión secreta mantenida en la localidad alemana de Baden Baden en la que participaron el por entonces Ministro de Defensa, Narcis Serra, el Presidente, Felipe González, el propio Juan Carlos I, el Ministro del Interior José Luis Corcuera, el Alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y el Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Los silbidos y abucheos que los Reyes de España recibieron en 1989 en el Estadi Olimpic en los mundiales de atletismo hicieron poner en guardia a las estructuras represivas del Estado de cara a los Juegos Olímpicos.
La niña que no cantó en Pekín, el himno que no sonó en Barcelona
Según nos informaban en estos días, después de la fastuosa gala de inauguración de los Juegos, diversos medios de comunicación la niña que cantó la “Oda a la Madre Patria” en realidad no lo hizo, sino que sólo se había limitado a poner su linda carita, ya que la niña que en realidad cantó no era tan agraciada como ella. El periódico 20 Minutos el 12 de agosto lo decía así: “La niña que encandiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, ataviada con un traje rojo y cantando Oda a la madre patria, no cantó en realidad ni una sola nota, sino que fue elegida por su aspecto físico en detrimento de la cantante real, de cara rechoncha y dientes desparejados.”. Y todo, según este artículo por una cuestión de “interés nacional”. La fuente de esta noticia fue proporcionada, según los diversos medios de comunicación, por Cheng Qigang, director musical de la gala.
De ser cierto, este hecho nos recuerda en cierto modo al engaño de TVE en la retransmisión de la gala de apertura de los Juegos de Barcelona 92: mientras en el Estadi Olimpic sonó el himno de Catalunya (“Els Segadors”) en la retransmisión de TVE sonó el himno español. Este hecho, frecuentemente silenciado, no tiene nada envidiar al supuesto engaño de la niña china. Pura manipulación mediática.
El control de los medios de comunicación
En el artículo ya citado de Esteban Beltrán en Público se decía: “A pesar de la introducción de nuevas normas sobre los medios de comunicación, que aumentan la libertad de los periodistas extranjeros para cubrir noticias en China, estos siguen denunciando obstrucciones y obstáculos para llevar a cabo entrevistas. El Club de Corresponsales Extranjeros de China documentó aproximadamente 180 casos en 2007. En julio de 2008, esta cifra había aumentado hasta los 230, incluidos más de 40 casos tras los disturbios de marzo en el Tíbet y más de 12, después del terremoto de Sichuan en mayo.”.
En Barcelona 92, y con la intención de evitar todo tipo de información a cerca de los atropellos que las fuerzas represivas estaban cometiendo, y se diera la imagen “adecuada” al mundo en un acontecimiento en el que la “democracia española” se jugaba su prestigio, se clausuró el programa “L’Orquestra” de Catalunya Radio, Salvador Alsius, director del Telenoticies Migdia de TV3 pasó a “Cultura”, mientras que la sede del semanario “El Temps” fue objeto de un registro ilegal. Pero quizá el hecho más significativo fue, sin duda, la dimisión del corresponsal de El País en Girona Quim Gil, este periodista cubrió la crónica de la detención del independentista catalán Marcel Dalmau y el registro de su piso, pero cuál fue la sorpresa de Quim Gil al descubrir la mañana siguiente su crónica “trastocada”, más bien “reescrita”, apareciendo una pistola decomisada que no aparecía en su crónica original. Las explicaciones que recibió Gil de la directora de El País de Catalunya, Blanca Cia, fue que la pistola se insertó por recomendación de sus contactos en la Guardia Civil.
Como siempre, los represores condecorados
Como ya nos tiene acostumbrado la “democracia española”, cuanto menos se respeta los derechos humanos, cuanto más se vulneren, cuanto más saña se demuestre con los detenidos por partes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más felicitaciones, condecoraciones y medallas se imponen.
El General de la Guardia Civil encargado del operativo Vicente Faustino Pellicer llegaría ser número dos de la Benemérita con López Valdivieso. Pero antes, el 12 de octubre de 1992, Ferrán Cardenal, director de la Guardia Civil por aquellos entonces, condecoraría a los agentes que participaron en la operación. Mientras que Garzón conseguía la notoriedad que ya iba persiguiendo tan afanosamente. Más tarde, en 1995, Garzón y Pellicer, junto con la labor de los por entonces dirigentes de ERC, Pilar Rahola y Ángel Colom, se apuntarían el tanto de la desarticulación y disolución definitiva de Terra Lliure. Al fin y al cabo, Terra Lliure no contaba, como al parecer si cuentan los del Partido Islámico del Turkestán, con el apoyo de la CIA, y el imperialismo norteamericano por supuesto rechazaba las propuestas de liberación nacional y socialistas de esta organización armada, y, como no, la idea de desestabilizar al Estado español, su fiel aliado durante la I Guerra del Golfo aún reciente en el tiempo.
En resumen
Con este “viaje atrás en el tiempo” no se pretende hacer apología del Gobierno chino, ni tampoco ocultar las presuntas violaciones de los derecho humanos y de las libertades que este Gobierno pueda cometer. Por otro lado, y como se puede deducir del propio texto, no se pretende, menos aún, hacer una exaltación abstracta de los derechos humanos tal y como pretenden siempre los medios afines al imperialismo occidental.
Se reprocha a la República Popular China en la inmensa mayoría de grandes medios de comunicación que intente aprovechar para sus intereses políticos estos Juegos Olímpicos, pero ¿no hacen todos los estados lo mismo con los grandes acontecimientos de alcance mundial? Al parecer quitar de en medioa mendigos de las calles de Pekín es reprobable, pero cuando esa “operación de limpieza” para ocultar la miseria tuvo lugar en Barcelona no lo fue. El que China quiera dar su mejor cara al exterior es criticable, que el Estado español quisiera hacer lo mismo con Barcelona y con Sevilla, donde tuvieron lugar igualmente numerosos episodios represivos con tiros en las calles para disolver manifestantes anti V Centenario, en 1992, no. Lo que es “malo” en Pekín 2008, al parecer, no lo fue en Barcelona 1992. ¿Cuál es la vara de medir? No se puede tener otra respuesta que la vara de medir de los grandes medios de comunicación occidentales es impuesta por los intereses políticos y económicos de estados imperialistas y multinacionales. De la información se hace pura propaganda al servicio de dichos intereses.
Por desgracia el ciudadano medio no puede seguir las sugerencias que el ya citado Michel Collon sugería en su libro “¡Ojo con los media!” (Hiru): “Releer, volver a mirar y después comparar entre ellos estos media es muy instructivo. Es una que, en la vida cotidiana, el lector o el espectador corriente no tenga el tiempo de releer, comparar y examinar lo que le cuentan los media”. Si esta afirmación es válida para juzgar las informaciones que estamos recibiendo sobre los Juegos Olímpicos lo es aún más para analizar el conflicto de Osetia del Sur y el enfrentamiento entre el régimen títere occidental de Georgia y los intereses de Rusia, que no está dispuesta, como la República Popular China, a ser tutelada en su desarrollo capitalista independiente por Occidente.
** Toda la información expuesta en este artículo sobre la “operación Garzón 92” se puede encontrar en la edición de junio del 2002 de la desaparecida revista Kalegorria.
Antonio Torres, "Antón" | Para Kaos en la Red | 15-8-2008 | 833 lecturas | 18 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/pekin-2008-barcelona-1992-recomendable-viaje-atras-tiempo
Los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 se están caracterizando por las continuas acusaciones hacia la República Popular China de vulneración de los derechos humanos por parte de determinadas onGs, los Estados Unidos, y estados occidentales europeos, expresadas, reiterativamente, una y otra vez, por los grandes medios de comunicación de masas, que se pretenden así erigir en supremos defensores de los derechos humanos en ese país.
Bush expresaba el 7 de agosto en Bangkok, un día antes del comienzo de los Juegos, su “profunda preocupación por la detención de disidentes y la situación de los derechos humanos en China” (La Jornada, 07/08/08), por otro lado, Amnistía Internacional aseguraba que “los Juegos Olímpicos han deteriorado los derechos humanos en China”, y añadía:"En los alrededores de las instalaciones que se van a utilizar para la celebración de los juegos, muchas personas han sido detenidas y expulsadas de sus casas. Las restricciones y censuras en Internet se han incrementado por denunciar la situación en el contexto de los Juegos y los activistas que protestaban por considerar que los Juegos no debían ir a China han sido detenidos" (Europa Press, 29/07/08). Aunque el Gobierno español de manera oficial, a diferencia del francés que sugirió la posibilidad del boicot, no ha hecho declaración expresa sobre el estado de los derechos humanos en China a cuenta de la celebración de los Juegos Olímpicos, medios de comunicación afines a la socialdemocracia española, sí se han pronunciado al respecto, el 8 de agosto, el periodista de El País, Carlos Arribas, escribía: “Los argumentos del movimiento deportivo y de las potencias ante Pekín recuerdan los utilizados con Hitler en 1936”, una afirmación muy del gusto de la socialdemocracia imperialista española y europea, mientras que Esteban Beltrán el 3 de agosto en Público escribía en su artículo “El lado oscuro de la cita olímpica”:“La verdad, no sé si los Juegos Olímpicos en Pekín van a ser un éxito deportivo o mediático, pero hasta ahora no sólo no han ayudado –como prometía Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)– a mejorar los derechos humanos en China, sino que han contribuido a su deterioro.”, continuaba diciendo que “Lejos de actuar como catalizador de reformas, las autoridades chinas han utilizado la celebración de los Juegos Olímpicos como pretexto para ampliar el uso de la detención administrativa punitiva, en particular la “reeducación por el trabajo”. El 7 de febrero de 2007, el Departamento de Seguridad Pública de Pekín anunció que durante el año siguiente la policía ampliaría los periodos de rehabilitación forzosa de drogodependientes de seis meses a un año.”
China y la retórica de los derechos humanos
Es pura retórica, o mejor dicho, una mera arma de guerra sicológica contra el enemigo a batir. La utilización de la vulneración de los derechos humanos como un medio más de desprestigiar al enemigo, de caracterizarlo como un criminal sin escrúpulos, una bestia, y como argumento supremo y siempre válido para justificar todo tipo de intervenciones militares, violaciones a la soberanía nacional e independencia, golpes de estado, acciones armadas indiscriminadas, operaciones secretas de contrainsurgencia, etc. El recurso a la vulneración de los derechos humanos para ocultar, en definitiva, los intereses de multinacionales y estados imperialistas poroprimir y explotar, por acumular más y más, a costa del sudor y la sangre de los pueblos y los trabajadores.
Ya lo comprobamos en la antigua Yugoslavia, en Irak, en Afganistán, lo comprobamos en las burdas campañas de intoxicación dirigidas contra Cuba, Venezuela y Bolivia, Irán, Siria, Zimbabwe o Bielorrusia. A cada gobierno popular que surge en el mundo y que tenga la osadía de proclamar su soberanía e independencia, y de optar por vías de desarrollo propias y orientadas socialmente, le sigue una intensa campaña de intoxicación donde la vulneración de los derechos humanos es el tópico más reconocido y utilizado. Es de manual.
El peligro que representa la República Popular China no es el de ser un estado socialista con un Partido Comunista de carácter revolucionario y marxista-leninista, no es el de ser un país que ofrece una alternativa socialista de desarrollo a imitar por países oprimidos y movimientos de liberación, ni mucho menos. China es enemigo a batir porque es un rival, al igual que Rusia, en los planes del imperialismo norteamericano por ser la potencia única y super hegemónica; así, China es elogiada cuando permite a las multinacionales y bancos europeos y norteamericanos instalarse en suelo chino, proporcionando mano de obra barata, cuando permite un rol cada vez más decisivo a las diferentes burguesías del país en lo político y en lo económico, cuando China supone para las multinacionales no sólo un país donde producir barato sinoun enorme mercado para sus mercancías, cuando esto es así, muy poco le importan los derechos humanos a los imperialistas occidentales, sin embargo, China sí es condenada cuando no llega a someterse a los dictados del imperialismo norteamericano o del bloque europeo, cuando no liberaliza ni abre lo suficiente su mercado a las multinacionales, cuando dispone de enormes sumas de dólares en concepto de compra de deuda pública norteamericana, cuando supone un rival para el control de materias primas en Eurasia, África o Latinoamérica, en definitiva, cuando China se procura un desarrollo capitalista independiente y no tutelado por las multinacionales o los estados imperialistas occidentales, llegando a acuerdos comerciales con países del llamado “Tercer Mundo”, especialmente África, o a alianzas estratégicas con otras potencias emergentes como Rusia, Brasil o India, que tanto inquietan a los EEUU.
El periodista belga, Michel Collon, en su libro “Monopoly. La OTAN a la conquista del mundo” (Hiru), lo dejaba bien claro recordando el bombardeo que sufrió la embajada china en Belgrado durante los criminales bombardeos de la OTAN en 1999: “Pero también se trata de un país cuya potencia económica y política está en aumento.¿Cuáles son en realidad los objetivos generales de Washington? 1. Impedir que China sirva de polo de atracción a los pueblos del tercer mundo que, sobre todo en Asia, quieren resistirse al Nuevo Orden Mundial. 2. Frenar el aumento de su potencia. 3. Hacerse con el control del inmenso mercado chino. “. Más tarde este mismo periodista en un artículo publicado en la revista Kalegorria de octubre de 2001 argumentaba: “El continente euro-asiático continua siendo “el tablero sobre el que se juega la suerte del mundo”, escribe el estratega USA Brzezinski. “Debemos vigilar que ningún Estado o grupo de Estados esté en condiciones de expulsar a los Estados Unidos de Euro-Asia o de debilitar su papel dirigente”. Además, Estados Unidos pretende también controlar a los colosos de la región: China y Rusia. Sus dos objetivos: impedir que la Chinasocialista continúe desarrollándose como potencia económica y militar con capacidad de hacerle frente. E impedirle a Rusia aproximarse a China y a otros países del tercer mundo. Pakistán, Afganistán y Tadjikistán forman un puente entre China y Rusia. He aquí lo que agudiza el apetito de Estados Unidos...”. Es el conocido como el “cerco a China”, cerco que tiene su ampliación política y mediática en estos Juegos Olímpicos, ya sea con extrañas onG’s que aparecen de repente reclamando los derechos de los cristianos, con fantasmagóricos independentistas tibetanos, o con organizaciones armadas islámicas que se expresaban en estos términos: "Por medio de esta santa jihad, esta vez en Yunnan, el Partido Islámico del Turkestán advierte a China una vez más. Nuestro objetivo es atacar la mayor cantidad de puntos críticos relacionados con los Juegos Olímpicos. Intentaremos atacar duramente las principales ciudades chinas utilizando tácticas que nunca se han usado. Por última vez advertimos a China y a la comunidad internacional de que aquellos espectadores, atletas, particularmente los musulmanes, que están planeando asistir a los Juegos Olímpicos, por favor, cambien sus planes de ir a China. Por favor, no estén junto a los infieles. Los voluntarios del Partido Islámico del Turkistán emprenderán acciones militares violentas contra los individuos, departamentos, sedes y actividades relacionadas con las Olimpiadas en China", amenazas que por cierto seestán cumpliendo hasta cierto punto, a tenor de las continuas noticias sobre acciones armadas contra policías y miembros de las fuerzas de seguridad chinas. Al Partido Islámico del Turkestán se le presuponen relacionado, según diversas fuentes, con la CIA a través de los servicios secretos pakistaníes, ISI (¿Intenta Washington sabotear los Juegos Olímpicos de Beijing?, Michel Chossudovsky, Global Research. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9735. Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos, consultado en www.lahaine.org).
Barcelona 1992, un balance represivo
Es justo y conveniente que en el Estado español se hiciera un ejercicio más de memoria histórica, y recordásemos la orgía represiva desatada en 1992 en Barcelona y en Catalunya en general, ahora que tanto se habla de derechos humanos y de países que los infringen, en el marco de unos Juegos Olímpicos.
Al parecer, denunciar la violación de los derechos humanos en China para los grandes medios de comunicación españoles es un ejercicio de responsabilidad democrática, mientras cuando estas violaciones se dan en el Estado español denunciarlas supone todo lo contrario: una irresponsabilidad. Denunciar en el Estado español violaciones de los derechos humanos o cualquier recorte de las libertades individuales y colectivas supone ser calificado de “terrorista”, de “hacer apología del terrorismo”, de situarse prácticamente fuera de la leyes y la Constitución. Ejemplos de ello hay muchos, demasiados, pero inmersos como estamos en estos Juegos Olímpicos sería procedente recordar lo ocurrido en Barcelona 92.
El 29 de junio de 1992 la Guardia Civil iniciaba en las localidades de Vic, Manresa y en la propia ciudad de Barcelona lo que se conocería como “Operación Garzón 92”. En menos de 15 días fueron detenidas 38 personas, pero el número de detenidos final aumentó hasta 60, de las cuales, 21 fueron encarcelados. Se interpusieron 23 denuncias por torturas, sin que se dedujeran de ellas responsabilidad criminal alguna. El ambiente represivo tanto en Barcelona en particular como en Catalunya en general se hizo por momentos insoportable, provocando lógicas reacciones populares de indignación que fueron acalladas y duramente reprimidas.
Aunque la operación se justificó en impedir acciones armadas del grupo independentista armado catalán Terra Lliure o de la organización armada vasca ETA, las detenciones abarcaron sobre todo a militantes de organizaciones políticas y movimientos populares: militantes del MDT (Moviment de Defensa de la Terra), del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC, en aquella época ligado a nivel estatal con el PCPE), o la propia Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hoy partido gobernante en la Generalitat, así como miembros de la asociación de defensa de los presos independentistas catalanes Comités de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC); además de personas sin filiación política o social concreta.
Según informaba la revista Kalegorria en el 2002 en su edición de junio recordando los 10 años de la fatídica “Operación Garzón 92”, y tomando como guía el libro del periodista catalán David Bassa, “L´Operació Garzón. Un balanç de Barcelona’92” (Lliibres de l’ Índex), la operación represiva fue diseñada en una reunión secreta mantenida en la localidad alemana de Baden Baden en la que participaron el por entonces Ministro de Defensa, Narcis Serra, el Presidente, Felipe González, el propio Juan Carlos I, el Ministro del Interior José Luis Corcuera, el Alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y el Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Los silbidos y abucheos que los Reyes de España recibieron en 1989 en el Estadi Olimpic en los mundiales de atletismo hicieron poner en guardia a las estructuras represivas del Estado de cara a los Juegos Olímpicos.
La niña que no cantó en Pekín, el himno que no sonó en Barcelona
Según nos informaban en estos días, después de la fastuosa gala de inauguración de los Juegos, diversos medios de comunicación la niña que cantó la “Oda a la Madre Patria” en realidad no lo hizo, sino que sólo se había limitado a poner su linda carita, ya que la niña que en realidad cantó no era tan agraciada como ella. El periódico 20 Minutos el 12 de agosto lo decía así: “La niña que encandiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, ataviada con un traje rojo y cantando Oda a la madre patria, no cantó en realidad ni una sola nota, sino que fue elegida por su aspecto físico en detrimento de la cantante real, de cara rechoncha y dientes desparejados.”. Y todo, según este artículo por una cuestión de “interés nacional”. La fuente de esta noticia fue proporcionada, según los diversos medios de comunicación, por Cheng Qigang, director musical de la gala.
De ser cierto, este hecho nos recuerda en cierto modo al engaño de TVE en la retransmisión de la gala de apertura de los Juegos de Barcelona 92: mientras en el Estadi Olimpic sonó el himno de Catalunya (“Els Segadors”) en la retransmisión de TVE sonó el himno español. Este hecho, frecuentemente silenciado, no tiene nada envidiar al supuesto engaño de la niña china. Pura manipulación mediática.
El control de los medios de comunicación
En el artículo ya citado de Esteban Beltrán en Público se decía: “A pesar de la introducción de nuevas normas sobre los medios de comunicación, que aumentan la libertad de los periodistas extranjeros para cubrir noticias en China, estos siguen denunciando obstrucciones y obstáculos para llevar a cabo entrevistas. El Club de Corresponsales Extranjeros de China documentó aproximadamente 180 casos en 2007. En julio de 2008, esta cifra había aumentado hasta los 230, incluidos más de 40 casos tras los disturbios de marzo en el Tíbet y más de 12, después del terremoto de Sichuan en mayo.”.
En Barcelona 92, y con la intención de evitar todo tipo de información a cerca de los atropellos que las fuerzas represivas estaban cometiendo, y se diera la imagen “adecuada” al mundo en un acontecimiento en el que la “democracia española” se jugaba su prestigio, se clausuró el programa “L’Orquestra” de Catalunya Radio, Salvador Alsius, director del Telenoticies Migdia de TV3 pasó a “Cultura”, mientras que la sede del semanario “El Temps” fue objeto de un registro ilegal. Pero quizá el hecho más significativo fue, sin duda, la dimisión del corresponsal de El País en Girona Quim Gil, este periodista cubrió la crónica de la detención del independentista catalán Marcel Dalmau y el registro de su piso, pero cuál fue la sorpresa de Quim Gil al descubrir la mañana siguiente su crónica “trastocada”, más bien “reescrita”, apareciendo una pistola decomisada que no aparecía en su crónica original. Las explicaciones que recibió Gil de la directora de El País de Catalunya, Blanca Cia, fue que la pistola se insertó por recomendación de sus contactos en la Guardia Civil.
Como siempre, los represores condecorados
Como ya nos tiene acostumbrado la “democracia española”, cuanto menos se respeta los derechos humanos, cuanto más se vulneren, cuanto más saña se demuestre con los detenidos por partes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más felicitaciones, condecoraciones y medallas se imponen.
El General de la Guardia Civil encargado del operativo Vicente Faustino Pellicer llegaría ser número dos de la Benemérita con López Valdivieso. Pero antes, el 12 de octubre de 1992, Ferrán Cardenal, director de la Guardia Civil por aquellos entonces, condecoraría a los agentes que participaron en la operación. Mientras que Garzón conseguía la notoriedad que ya iba persiguiendo tan afanosamente. Más tarde, en 1995, Garzón y Pellicer, junto con la labor de los por entonces dirigentes de ERC, Pilar Rahola y Ángel Colom, se apuntarían el tanto de la desarticulación y disolución definitiva de Terra Lliure. Al fin y al cabo, Terra Lliure no contaba, como al parecer si cuentan los del Partido Islámico del Turkestán, con el apoyo de la CIA, y el imperialismo norteamericano por supuesto rechazaba las propuestas de liberación nacional y socialistas de esta organización armada, y, como no, la idea de desestabilizar al Estado español, su fiel aliado durante la I Guerra del Golfo aún reciente en el tiempo.
En resumen
Con este “viaje atrás en el tiempo” no se pretende hacer apología del Gobierno chino, ni tampoco ocultar las presuntas violaciones de los derecho humanos y de las libertades que este Gobierno pueda cometer. Por otro lado, y como se puede deducir del propio texto, no se pretende, menos aún, hacer una exaltación abstracta de los derechos humanos tal y como pretenden siempre los medios afines al imperialismo occidental.
Se reprocha a la República Popular China en la inmensa mayoría de grandes medios de comunicación que intente aprovechar para sus intereses políticos estos Juegos Olímpicos, pero ¿no hacen todos los estados lo mismo con los grandes acontecimientos de alcance mundial? Al parecer quitar de en medioa mendigos de las calles de Pekín es reprobable, pero cuando esa “operación de limpieza” para ocultar la miseria tuvo lugar en Barcelona no lo fue. El que China quiera dar su mejor cara al exterior es criticable, que el Estado español quisiera hacer lo mismo con Barcelona y con Sevilla, donde tuvieron lugar igualmente numerosos episodios represivos con tiros en las calles para disolver manifestantes anti V Centenario, en 1992, no. Lo que es “malo” en Pekín 2008, al parecer, no lo fue en Barcelona 1992. ¿Cuál es la vara de medir? No se puede tener otra respuesta que la vara de medir de los grandes medios de comunicación occidentales es impuesta por los intereses políticos y económicos de estados imperialistas y multinacionales. De la información se hace pura propaganda al servicio de dichos intereses.
Por desgracia el ciudadano medio no puede seguir las sugerencias que el ya citado Michel Collon sugería en su libro “¡Ojo con los media!” (Hiru): “Releer, volver a mirar y después comparar entre ellos estos media es muy instructivo. Es una que, en la vida cotidiana, el lector o el espectador corriente no tenga el tiempo de releer, comparar y examinar lo que le cuentan los media”. Si esta afirmación es válida para juzgar las informaciones que estamos recibiendo sobre los Juegos Olímpicos lo es aún más para analizar el conflicto de Osetia del Sur y el enfrentamiento entre el régimen títere occidental de Georgia y los intereses de Rusia, que no está dispuesta, como la República Popular China, a ser tutelada en su desarrollo capitalista independiente por Occidente.
** Toda la información expuesta en este artículo sobre la “operación Garzón 92” se puede encontrar en la edición de junio del 2002 de la desaparecida revista Kalegorria.
Victoria de Evo Morales en el referendo se acerca al 70 por ciento, según recuento oficial
TeleSUR/ Aporrea/inSurGente. - Computado el 93,33 por ciento de los votos emitidos el pasado domingo por la Corte Nacional Electoral (CNE) de Bolivia, la votación obtenida por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que los ratificó en su mandato, se acerca al 70 por ciento, con el 67,81 por ciento de respaldo popular, se informó el pasado jueves. A pesar de estos resultados los prefectos de la llamada Media Luna han convocado a un “paro cívico”.
De acuerdo con los últimos datos registrados en la página web del máximo organismo electoral, de 3 millones 33 mil 708 votos válidos, 2 millones 57 mil 307 (67.81 por ciento) fueron en favor de la ratificación del presidente Morales.
Mientras que 976.401 (32.19 por ciento) votaron por el No a la ratificación del Jefe de Estado y el Vicepresidente de la República.
''Media luna'' desconoce triunfo de Evo Morales y declara paro cívico
Por: TeleSUR
Fecha de publicación: 14/08/08
14 de agosto 2008. - Los sectores de oposición en Bolivia, agrupados en la autodenominada "media luna", desconocieron este jueves el histórico respaldo popular al presidente Evo Morales en el referendo revocatorio de mandato celebrado el pasado domingo y declararon un "paro cívico" a partir del 19 de agosto.
Los opositores derechistas con presencia en los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, exigieron una auditoria sobre el padrón electoral y advirtieron que no aceptarán más procesos electorales.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, dijo que la decisión fue asumida porque los prefectos de oposición y el Gobierno mantienen posiciones cerradas respecto al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la adecuación autonomías departamentales al texto de nueva Constitución Política del Estado.
Los cívicos y prefectos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz definieron mantener su posición respecto a las autonomías departamentales, además de apoyar las iniciativas impulsadas por la prefectura de Chuquisaca para concretar su autonomía departamental, detalló Marinkovic.
De acuerdo con los últimos datos registrados en la página web del máximo organismo electoral, de 3 millones 33 mil 708 votos válidos, 2 millones 57 mil 307 (67.81 por ciento) fueron en favor de la ratificación del presidente Morales.
Mientras que 976.401 (32.19 por ciento) votaron por el No a la ratificación del Jefe de Estado y el Vicepresidente de la República.
''Media luna'' desconoce triunfo de Evo Morales y declara paro cívico
Por: TeleSUR
Fecha de publicación: 14/08/08
14 de agosto 2008. - Los sectores de oposición en Bolivia, agrupados en la autodenominada "media luna", desconocieron este jueves el histórico respaldo popular al presidente Evo Morales en el referendo revocatorio de mandato celebrado el pasado domingo y declararon un "paro cívico" a partir del 19 de agosto.
Los opositores derechistas con presencia en los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, exigieron una auditoria sobre el padrón electoral y advirtieron que no aceptarán más procesos electorales.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, dijo que la decisión fue asumida porque los prefectos de oposición y el Gobierno mantienen posiciones cerradas respecto al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la adecuación autonomías departamentales al texto de nueva Constitución Política del Estado.
Los cívicos y prefectos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz definieron mantener su posición respecto a las autonomías departamentales, además de apoyar las iniciativas impulsadas por la prefectura de Chuquisaca para concretar su autonomía departamental, detalló Marinkovic.
Dalai Lama, el gurú supermediático
Dominique Bari
L’Humanité
Traducido por Caty R.
El Dalai Lama llegó a Francia a principios de esta semana para una visita de doce días, de carácter supuestamente religioso; pero dicha visita forma parte de una campaña política sobre la crisis tibetana.
Jefe espiritual y temporal del pueblo tibetano, el decimocuarto Dalai Lama, reencarnación del decimotercero y, remontándonos en el tiempo, encarnación física del «bodhisattva de la compasión», es decir, el buda en formación, se impone como una referencia mediática internacional inevitable. En este principio del siglo XXI, ¿no tiene la tentación de asumir los evidentes progresos de la inteligencia humana?
Desde que recorre el mundo, el actual huésped de Francia de los próximos doce días, ha sabido manejar su barca. Pero su nombre que significa, nada menos, que «océano de sabiduría», es una extensa profundidad en la que se vislumbran escollos de ambigüedades tras un aspecto de viejo gurú simpático y amablemente burlón.
Los flirteos del Dalai Lama con la CIA
Según la doctrina budista tibetana, todos los seres se reencarnan después de su muerte. A los tres años, Tenzin Gyatso fue reconocido, gracias a una serie de señales, como la reencarnación de sus trece antecesores. El 22 de febrero de 1940, lo entronizaron como Dalai Lama en Lhassa, la capital del Tíbet.
Tenía entonces cuatro años. «Me preguntan a menudo si realmente creo en esto», decía en 1991. «No hay una respuesta sencilla para esa cuestión. Pero (…) teniendo en cuenta mi experiencia en esta vida y mis creencias budistas, no tengo ninguna dificultad para aceptar que tengo un vínculo espiritual con los trece Dalai Lamas precedentes (…) y con el propio Buda» Ésta es su filiación. En lo que se refiere a sus relaciones también existe mucha complejidad.
Es cierto que de niño el santo hombre recibió a un nazi austríaco como preceptor. Uno de los alpinistas que asaltaban el Eiger para, a la vuelta, tener el placer de recibir una condecoración de manos de Hitler. El Dalai Lama nunca ha renegado de su maestro, el autor de Siete Años en Tíbet, con el que siguió relacionándose hasta la muerte de éste.
Después tuvo otras relaciones peligrosas, como el gurú japonés de la secta Aum, Shoko Asahara, quien en 1995 se hizo famoso envenenando con gas a los pasajeros de un metro de Tokio, provocando la muerte de varias decenas de personas y la intoxicación de otras 5.500. Según una investigación de la revista alemana Stern, los dos hombres se habrían entrevistado en cinco ocasiones desde 1987. El periodista Christopher Hitchens, autor de la obra His Material Highness, estima que el gurú japonés, por otra parte, había contribuido con 1,2 millones de dólares a la «causa tibetana».
Mientras tanto, en los años sesenta, el Dalai Lama flirteó con la CIA en relación con una ayuda económica y el entrenamiento de grupos armados tibetanos enviados al «Techo del mundo» para intentar un golpe de mano contra el ejército chino. Los hechos son conocidos, revelados y confirmados por los propios agentes estadounidenses. ¡Pero la imagen mediática del Premio Nobel de la paz de 1989 es tal que nadie se atreve a cuestionarla de verdad!
«Pretender entender ‘la cuestión tibetana’ a partir de las declaraciones del Dalai Lama y sus discípulos sería como intentar reconstruir la Revolución francesa basándose en los «análisis» de la reacción de los nobles refugiados en el extranjero que tendían a poner todas sus esperanzas en las bayonetas de las potencias contrarrevolucionarias», escribió un especialista de la región.
Entrevistado por el Nouvel Observateur el pasado mes de junio, el jefe tibetano sólo contaba que antes de 1959 el Tíbet era «básicamente» «una sociedad feliz, una humanidad dichosa y generalmente pacífica». En realidad, un régimen teocrático de los más atrasados.
Bajo su reinado, los aristócratas y religiosos poseían un 95% del territorio. La mayoría de los campesinos estaban reducidos a la servidumbre. Y en el registro de las «leyes», los códigos 13 y 16 tenían tablas para calcular el precio justo del siervo que el señor pretendía vender o comprar. Además, una especie de charia tibetana concedía a la autoridad el derecho a mutilar a los siervos para castigarlos.
El deber político-religioso
¿Qué reivindica hoy quien se considera «el portavoz libre del pueblo tibetano»? Oficialmente, el Dalai Lama se presenta como un moderado, partidario del término medio. Frente a los independentistas, sólo reclama «la autonomía del Tíbet». Pero su presunto territorio histórico englobaría las provincias de Gansu, Qinhai, una parte de Sichuan y el Yunnan, donde viven pequeñas minorías tibetanas, es decir, casi un tercio de China. En cuanto al régimen político que se plantea, se sugiere claramente una vuelta a la teocracia, aunque el principal interesado lo niegue. En cualquier caso, la separación entre los ámbitos político y religioso, brilla por su ausencia.
La «constitución» promulgada por el gobierno en exilio concluye con una «resolución especial», aprobada en 1991, en la cual se declara la obligación político-religiosa de la «fe» y la «lealtad» hacia «Su Santidad el Dalai Lama», destinado «a permanecer siempre con nosotros como nuestro jefe supremo espiritual y temporal».
Original en francés:
http://www.humanite.fr/2008-08-12_Politique_Un-gourou-tres-mediatise
Dominique Bari es periodista del diario comunista francés L’Humanité.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y la fuente.
L’Humanité
Traducido por Caty R.
El Dalai Lama llegó a Francia a principios de esta semana para una visita de doce días, de carácter supuestamente religioso; pero dicha visita forma parte de una campaña política sobre la crisis tibetana.
Jefe espiritual y temporal del pueblo tibetano, el decimocuarto Dalai Lama, reencarnación del decimotercero y, remontándonos en el tiempo, encarnación física del «bodhisattva de la compasión», es decir, el buda en formación, se impone como una referencia mediática internacional inevitable. En este principio del siglo XXI, ¿no tiene la tentación de asumir los evidentes progresos de la inteligencia humana?
Desde que recorre el mundo, el actual huésped de Francia de los próximos doce días, ha sabido manejar su barca. Pero su nombre que significa, nada menos, que «océano de sabiduría», es una extensa profundidad en la que se vislumbran escollos de ambigüedades tras un aspecto de viejo gurú simpático y amablemente burlón.
Los flirteos del Dalai Lama con la CIA
Según la doctrina budista tibetana, todos los seres se reencarnan después de su muerte. A los tres años, Tenzin Gyatso fue reconocido, gracias a una serie de señales, como la reencarnación de sus trece antecesores. El 22 de febrero de 1940, lo entronizaron como Dalai Lama en Lhassa, la capital del Tíbet.
Tenía entonces cuatro años. «Me preguntan a menudo si realmente creo en esto», decía en 1991. «No hay una respuesta sencilla para esa cuestión. Pero (…) teniendo en cuenta mi experiencia en esta vida y mis creencias budistas, no tengo ninguna dificultad para aceptar que tengo un vínculo espiritual con los trece Dalai Lamas precedentes (…) y con el propio Buda» Ésta es su filiación. En lo que se refiere a sus relaciones también existe mucha complejidad.
Es cierto que de niño el santo hombre recibió a un nazi austríaco como preceptor. Uno de los alpinistas que asaltaban el Eiger para, a la vuelta, tener el placer de recibir una condecoración de manos de Hitler. El Dalai Lama nunca ha renegado de su maestro, el autor de Siete Años en Tíbet, con el que siguió relacionándose hasta la muerte de éste.
Después tuvo otras relaciones peligrosas, como el gurú japonés de la secta Aum, Shoko Asahara, quien en 1995 se hizo famoso envenenando con gas a los pasajeros de un metro de Tokio, provocando la muerte de varias decenas de personas y la intoxicación de otras 5.500. Según una investigación de la revista alemana Stern, los dos hombres se habrían entrevistado en cinco ocasiones desde 1987. El periodista Christopher Hitchens, autor de la obra His Material Highness, estima que el gurú japonés, por otra parte, había contribuido con 1,2 millones de dólares a la «causa tibetana».
Mientras tanto, en los años sesenta, el Dalai Lama flirteó con la CIA en relación con una ayuda económica y el entrenamiento de grupos armados tibetanos enviados al «Techo del mundo» para intentar un golpe de mano contra el ejército chino. Los hechos son conocidos, revelados y confirmados por los propios agentes estadounidenses. ¡Pero la imagen mediática del Premio Nobel de la paz de 1989 es tal que nadie se atreve a cuestionarla de verdad!
«Pretender entender ‘la cuestión tibetana’ a partir de las declaraciones del Dalai Lama y sus discípulos sería como intentar reconstruir la Revolución francesa basándose en los «análisis» de la reacción de los nobles refugiados en el extranjero que tendían a poner todas sus esperanzas en las bayonetas de las potencias contrarrevolucionarias», escribió un especialista de la región.
Entrevistado por el Nouvel Observateur el pasado mes de junio, el jefe tibetano sólo contaba que antes de 1959 el Tíbet era «básicamente» «una sociedad feliz, una humanidad dichosa y generalmente pacífica». En realidad, un régimen teocrático de los más atrasados.
Bajo su reinado, los aristócratas y religiosos poseían un 95% del territorio. La mayoría de los campesinos estaban reducidos a la servidumbre. Y en el registro de las «leyes», los códigos 13 y 16 tenían tablas para calcular el precio justo del siervo que el señor pretendía vender o comprar. Además, una especie de charia tibetana concedía a la autoridad el derecho a mutilar a los siervos para castigarlos.
El deber político-religioso
¿Qué reivindica hoy quien se considera «el portavoz libre del pueblo tibetano»? Oficialmente, el Dalai Lama se presenta como un moderado, partidario del término medio. Frente a los independentistas, sólo reclama «la autonomía del Tíbet». Pero su presunto territorio histórico englobaría las provincias de Gansu, Qinhai, una parte de Sichuan y el Yunnan, donde viven pequeñas minorías tibetanas, es decir, casi un tercio de China. En cuanto al régimen político que se plantea, se sugiere claramente una vuelta a la teocracia, aunque el principal interesado lo niegue. En cualquier caso, la separación entre los ámbitos político y religioso, brilla por su ausencia.
La «constitución» promulgada por el gobierno en exilio concluye con una «resolución especial», aprobada en 1991, en la cual se declara la obligación político-religiosa de la «fe» y la «lealtad» hacia «Su Santidad el Dalai Lama», destinado «a permanecer siempre con nosotros como nuestro jefe supremo espiritual y temporal».
Original en francés:
http://www.humanite.fr/2008-08-12_Politique_Un-gourou-tres-mediatise
Dominique Bari es periodista del diario comunista francés L’Humanité.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y la fuente.
El autor del artículo sobre Juan Carlos de Borbón y el oso Mitrofan anuncia que pedirá en la vía pública para pagar la fianza por injurias al rey
Nicola Locco
Rebelión
COMUNICADO DEL FILÓSOFO VASCO NICOLA LOCOCO ENJUICIADO EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR LA ACUSACIÓN DE PROFERIR INJURIAS GRAVES AL REY
Soy Nicola Lococo, que desde hace más de año y medio, me encuentro acosado por todo el aparato judicial del Estado Español, por haber escrito un artículo de humor, titulado “Las tribulaciones del Oso Yogui”.
Tras haber acudido a la Audiencia Nacional, ante el juez Grande Marlaska, y haber éste archivado la causa, por no ver en los hechos motivo de delito alguno, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recurrió al alto tribunal de la Audiencia Nacional encabezado por Ruiz de Polanco, que ha admitido su recurso y ha obligado al propio juez Grande Marlaska a reabrir el caso.
Una vez reabierto el caso, la fiscalía ha solicitado 10.800 € de multa para mi persona y también para cada uno de mis compañeros periodistas, Josetxu Rodríguez y Luis Javier Ripa, por una viñeta. Subrayo que los 10.800 € no son para el conjunto de nosotros tres, sino por cabeza.
También una vez reabierto el caso, la Audiencia Nacional, el pasado lunes 11 de agosto, me comunicó vía requerimiento judicial, una fianza de 12.000 € que he debido afrontar en menos de 24 horas, si no quería ver embargados mis bienes.
Ante estos hechos:
Yo, Nicola Lococo, he tomado la decisión a nivel particular de ponerme a pedir en la vía pública, en mi pueblo de Portugalete, éste mismo jueves 14 de agosto. La iniciativa durará todo agosto, y la trasladaré a distintos puntos de la geografía vasca, no excluyendo en adelante, trasladarla a otras ciudades de la geografía española.
El dinero recaudado con ésta iniciativa se destinará, única y exclusivamente, a sufragar la multa que me impone el fiscal, la fianza y los gastos estrictamente judiciales del proceso. Si se diera el caso de que fuera absuelto, la cantidad recaudada se destinará íntegramente a Amnistía Internacional y Reporteros sin fronteras, al objeto de que la destinen a presos de conciencia.
Quienes deseen colaborar con ésta iniciativa, pueden realizar su ingreso en el siguiente número de cuenta:
Entidad la Caixa: 2100-1279-79-0100336486
El titular es Nicolás Juan Lococo
Nota de Rebelion.org
A continuación el artículo objeto de la demanda:
http://www.gara.net/idatzia/20061102/art187080.php
http://www.deia.com/es/impresa/2006/10/31/bizkaia/iritzia/303792.php
Rebelión
COMUNICADO DEL FILÓSOFO VASCO NICOLA LOCOCO ENJUICIADO EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR LA ACUSACIÓN DE PROFERIR INJURIAS GRAVES AL REY
Soy Nicola Lococo, que desde hace más de año y medio, me encuentro acosado por todo el aparato judicial del Estado Español, por haber escrito un artículo de humor, titulado “Las tribulaciones del Oso Yogui”.
Tras haber acudido a la Audiencia Nacional, ante el juez Grande Marlaska, y haber éste archivado la causa, por no ver en los hechos motivo de delito alguno, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recurrió al alto tribunal de la Audiencia Nacional encabezado por Ruiz de Polanco, que ha admitido su recurso y ha obligado al propio juez Grande Marlaska a reabrir el caso.
Una vez reabierto el caso, la fiscalía ha solicitado 10.800 € de multa para mi persona y también para cada uno de mis compañeros periodistas, Josetxu Rodríguez y Luis Javier Ripa, por una viñeta. Subrayo que los 10.800 € no son para el conjunto de nosotros tres, sino por cabeza.
También una vez reabierto el caso, la Audiencia Nacional, el pasado lunes 11 de agosto, me comunicó vía requerimiento judicial, una fianza de 12.000 € que he debido afrontar en menos de 24 horas, si no quería ver embargados mis bienes.
Ante estos hechos:
Yo, Nicola Lococo, he tomado la decisión a nivel particular de ponerme a pedir en la vía pública, en mi pueblo de Portugalete, éste mismo jueves 14 de agosto. La iniciativa durará todo agosto, y la trasladaré a distintos puntos de la geografía vasca, no excluyendo en adelante, trasladarla a otras ciudades de la geografía española.
El dinero recaudado con ésta iniciativa se destinará, única y exclusivamente, a sufragar la multa que me impone el fiscal, la fianza y los gastos estrictamente judiciales del proceso. Si se diera el caso de que fuera absuelto, la cantidad recaudada se destinará íntegramente a Amnistía Internacional y Reporteros sin fronteras, al objeto de que la destinen a presos de conciencia.
Quienes deseen colaborar con ésta iniciativa, pueden realizar su ingreso en el siguiente número de cuenta:
Entidad la Caixa: 2100-1279-79-0100336486
El titular es Nicolás Juan Lococo
Nota de Rebelion.org
A continuación el artículo objeto de la demanda:
http://www.gara.net/idatzia/20061102/art187080.php
http://www.deia.com/es/impresa/2006/10/31/bizkaia/iritzia/303792.php
Las ciudades andaluzas quintuplicaron en medio siglo la superficie construida
GAS
El aumento de las construcciones supera con creces al incremento de la población · Los andaluces generan más residuos y apuestan de forma clara por el transporte privado frente al público.
Las ciudades andaluzas ocupan hoy con construcciones cinco veces más suelo del que hacían en 1956, un ritmo de crecimiento del ladrillo espectacular que se ha acentuado en la pasada década y que preocupa, especialmente, en la franja del litoral, como destaca el último informe Medio Ambiente en Andalucía, elaborado por la Junta. El aumento en el número de edificaciones, además, no responde a las necesidades de incremento de la población experimentado en la comunidad en el mismo periodo.
"El crecimiento reciente de nuestras ciudades no se produce como respuesta al incremento de la población, sino que presenta tasas de cambio muy superiores a las que hubiese requerido las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha población", concluye el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.
Un ejemplo de este desproporcionado crecimiento se encuentra en las ciudades medianas andaluzas, aquéllas que tienen entre 50.000 a 100.000 habitantes. Éstas han incrementado su población en un 115,9% desde 1956, sin embargo, tienen un 593,6% más de superficie construida. En las grandes ciudades, aquéllas con una población superior a las 100.000 personas, se ha experimentado un crecimiento en su censo del 92,8%, mientras que la superficie construida aumentó un 353,3%.
El estudio muestra la difícil relación que se da entre el denominado desarrollo sostenible y el modelo de crecimiento urbanístico aplicado en la comunidad autónoma, y es que, como resalta el documento, se ha triplicado la superficie construida ocupada por habitante en el periodo 1956-2003. Este aumento se ha producido a costa de acabar con superficies dedicadas a zonas forestales, en un 23,17% de los casos, aunque, fundamentalmente, ha acarreado la pérdida de espacios agrícolas (76,40%).
La situación se hace mucho más visible en las localidades que ocupan la franja del litoral, que es también donde se ha desplazado buena parte de la población. Uno de los casos más extremos es el de Huércal, de Almería, donde se ha incrementado entre 1991 y 2007 la población en un 225%, o Rincón de la Victoria, en Málaga, con un crecimiento en el mismo periodo del 180%.
La mayor extensión física de los núcleos urbanos -el 79% de los andaluces residen en municipios que superan los 10.000 habitantes, un 46% vive en grandes ciudades- ha conllevado un degenaración de la calidad de vida en estas poblaciones.
Los desplazamientos han crecido en distancia y tiempo: el espacio viario ocupa más superficie, se produce una pérdida de la calidad del aire y un incremente de la contaminación acústica, además se incrementa la segregación social. "Sin olvidar que la incidencia de esta pérdida de calidad de vida es más acusada entre los grupos sociales más vulnerables y dependientes, como son los niños, ancianos y personas con minusvalías", recalca el documento que da por asentado en Andalucía un modelo de ciudad dispersa propio de la sociedad estadounidense y que se ha importado en el último cuarto de siglo a Europa Occidental.
Las grandes ciudades soportaban en 1991 el tráfico que generaban 856.041 vehículos, en 2006 circulaban por ellas 1.353.271 coches, un 58% más en tan sólo 15 años. Esto ha supuesto hacer frente en los núcleos urbanos a más emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, azufre y sustancias que facilitan la contaminación por ozono, entre otros elementos perjudiciales.
El tráfico resulta, además, la principal fuente de ruido. Un 80% de la contaminación acústica la generan los vehículos, y, todo esto, en un contexto en el que los andaluces se declaran poco amigos de usar el transporte público, a pesar de ser mucho más eficiente en términos de litros de combustible necesarios por viajero y kilómetro. Más de un 80% de la población andaluza elige el vehículo privado para los desplazamientos frente al transporte público, según la última Encuesta sobre la Movilidad elaborada por el Ministerio de Fomento en 2007. Ante esta cifra, la Consejería de Medio Ambiente reclama en su informe "transformar el concepto de movilidad como derecho individual apoyando el transporte público como necesidad y derecho colectivo".
Otro de los grandes problemas que está generando el nuevo modelo de ciudad es el crecimiento de los residuos generados. Los andaluces ya producen cada año más basura que la media de la UE. Cada ciudadano lleva a los contenedores 550 kilos de residuos al año, frente a los 221,89 que generaban 20 años atrás, sin contar con los restos procedentes de la construcción y la demolición, ni los de procedencia industrial. Uno de los grandes fracasos, según la Consejería, ha sido no reducir el número de envases, de los que se recicla el 40%. Mejora, sin embargo, las cifras sobre reciclaje, especialmente del papel.
Extraído de Erllano.org
El aumento de las construcciones supera con creces al incremento de la población · Los andaluces generan más residuos y apuestan de forma clara por el transporte privado frente al público.
Las ciudades andaluzas ocupan hoy con construcciones cinco veces más suelo del que hacían en 1956, un ritmo de crecimiento del ladrillo espectacular que se ha acentuado en la pasada década y que preocupa, especialmente, en la franja del litoral, como destaca el último informe Medio Ambiente en Andalucía, elaborado por la Junta. El aumento en el número de edificaciones, además, no responde a las necesidades de incremento de la población experimentado en la comunidad en el mismo periodo.
"El crecimiento reciente de nuestras ciudades no se produce como respuesta al incremento de la población, sino que presenta tasas de cambio muy superiores a las que hubiese requerido las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha población", concluye el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.
Un ejemplo de este desproporcionado crecimiento se encuentra en las ciudades medianas andaluzas, aquéllas que tienen entre 50.000 a 100.000 habitantes. Éstas han incrementado su población en un 115,9% desde 1956, sin embargo, tienen un 593,6% más de superficie construida. En las grandes ciudades, aquéllas con una población superior a las 100.000 personas, se ha experimentado un crecimiento en su censo del 92,8%, mientras que la superficie construida aumentó un 353,3%.
El estudio muestra la difícil relación que se da entre el denominado desarrollo sostenible y el modelo de crecimiento urbanístico aplicado en la comunidad autónoma, y es que, como resalta el documento, se ha triplicado la superficie construida ocupada por habitante en el periodo 1956-2003. Este aumento se ha producido a costa de acabar con superficies dedicadas a zonas forestales, en un 23,17% de los casos, aunque, fundamentalmente, ha acarreado la pérdida de espacios agrícolas (76,40%).
La situación se hace mucho más visible en las localidades que ocupan la franja del litoral, que es también donde se ha desplazado buena parte de la población. Uno de los casos más extremos es el de Huércal, de Almería, donde se ha incrementado entre 1991 y 2007 la población en un 225%, o Rincón de la Victoria, en Málaga, con un crecimiento en el mismo periodo del 180%.
La mayor extensión física de los núcleos urbanos -el 79% de los andaluces residen en municipios que superan los 10.000 habitantes, un 46% vive en grandes ciudades- ha conllevado un degenaración de la calidad de vida en estas poblaciones.
Los desplazamientos han crecido en distancia y tiempo: el espacio viario ocupa más superficie, se produce una pérdida de la calidad del aire y un incremente de la contaminación acústica, además se incrementa la segregación social. "Sin olvidar que la incidencia de esta pérdida de calidad de vida es más acusada entre los grupos sociales más vulnerables y dependientes, como son los niños, ancianos y personas con minusvalías", recalca el documento que da por asentado en Andalucía un modelo de ciudad dispersa propio de la sociedad estadounidense y que se ha importado en el último cuarto de siglo a Europa Occidental.
Las grandes ciudades soportaban en 1991 el tráfico que generaban 856.041 vehículos, en 2006 circulaban por ellas 1.353.271 coches, un 58% más en tan sólo 15 años. Esto ha supuesto hacer frente en los núcleos urbanos a más emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, azufre y sustancias que facilitan la contaminación por ozono, entre otros elementos perjudiciales.
El tráfico resulta, además, la principal fuente de ruido. Un 80% de la contaminación acústica la generan los vehículos, y, todo esto, en un contexto en el que los andaluces se declaran poco amigos de usar el transporte público, a pesar de ser mucho más eficiente en términos de litros de combustible necesarios por viajero y kilómetro. Más de un 80% de la población andaluza elige el vehículo privado para los desplazamientos frente al transporte público, según la última Encuesta sobre la Movilidad elaborada por el Ministerio de Fomento en 2007. Ante esta cifra, la Consejería de Medio Ambiente reclama en su informe "transformar el concepto de movilidad como derecho individual apoyando el transporte público como necesidad y derecho colectivo".
Otro de los grandes problemas que está generando el nuevo modelo de ciudad es el crecimiento de los residuos generados. Los andaluces ya producen cada año más basura que la media de la UE. Cada ciudadano lleva a los contenedores 550 kilos de residuos al año, frente a los 221,89 que generaban 20 años atrás, sin contar con los restos procedentes de la construcción y la demolición, ni los de procedencia industrial. Uno de los grandes fracasos, según la Consejería, ha sido no reducir el número de envases, de los que se recicla el 40%. Mejora, sin embargo, las cifras sobre reciclaje, especialmente del papel.
Extraído de Erllano.org
lunes, 4 de agosto de 2008
CRECE LA PERSECUCIÓN Y LAS AMANEZAS CONTRA LA DIRECCION NACIONAL DE LA JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA -
La Juventud Comunista Colombiana informa a la opinión pública nacional
e internacional los siguientes hechos:
1. El día 28 de julio de 2008, siendo las 10:20 am, sujetos
armados ingresaron al apartamento del dirigente JAIME OSORNO NAVARRO,
miembro del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista
Colombiana, los cuales luego de haberse identificado como trabajadores
de TELMEX, ingresaron violentamente al lugar donde se encontraba en
ese momento el militante de la JUCO PEDRO LUIS GENEY ARRIETO, quién
fue amenazado con puñal en la garganta, torturado, amarrado y
golpeado en repetidas veces. Dichos sujetos en el marco de la agresión
a PEDRO LUIS GENEY ARRIETO preguntaron por el dirigente Jaime Osorno
señalándolo de ser junto con él "guerrilleros". Posteriormente los
individuos requisaron el apartamento sustrayendo únicamente los
discos duros, dos computadores portátiles, y una cámara de fotográfica
los cuales se encontraban en la vivienda. Finalmente, procedieron a
envolverlo en una sábana amarrada con cables eléctricos y lo
encerraron en el guarda ropa de una de las habitaciones.
2. Ante estos graves hechos, la Juventud Comunista entabló la
respectiva denuncia penal en la unidad antiterrorista de la Fiscalía,
debidamente sustentado por el peritaje del CTI y de medicina legal
quien registró las heridas sufridas por Pedro Geney durante este
ataque.
3. El Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista
Colombiana, viene siendo objeto de constantes amenazas y
hostigamientos en los últimos meses, razón por la cual el compañero
DIEGO MARIN, miembro de la dirección nacional de la JUCO,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la
Universidad Nacional y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación
Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU, tuvo que salir del
país luego de haberse presentado un incidente donde se buscaba atentar
contra su vida.
4. Igualmente, tuvimos conocimiento de la existencia de unas
ordenes de investigación y de batalla por parte de la policía nacional
y los organismos de inteligencia contra JAIME OSORNO y varios
dirigentes de la JUCO durante una reunión de coordinación con el
comando de la policía de Cartagena, en vísperas de la realización del
IV Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, realizado a
finales de mayo del presente año. Otro número importante de miembros
del comité central y militantes se encuentran en situación de peligro
en varias regiones del país. No se puede olvidar que en días pasados
apareció el cuerpo sin vida del sindicalista y militante del Partido
Comunista GUILLERMO RIVERA, y de la existencia de pruebas que
incriminan directamente a la Policía Nacional en este execrable hecho.
5. Por todo lo anterior, queremos llamar la atención de las
autoridades civiles, de investigación y organismos de control para
que se investigue y prontamente se dé con los autores intelectuales y
materiales de estos hechos, que ponen en peligro la vida e integridad
de varios miembros de una organización política de oposición y
legalmente reconocida, que como en pasadas épocas ha sido víctima del
genocidio político y el terrorismo de Estado.
6. Exhortamos a todas las fuerzas vivas de la nación a rechazar
estas acciones criminales que comprometen seriamente a los agentes del
Estado. La solidaridad, la denuncia y la movilización contra los
crímenes de Estado, deben ser aspectos centrales en la lucha por la
paz, la democracia y la justicia social, como alternativa al proyecto
guerrerista y autoritario que representa el Presidente Uribe.
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA
La Juventud Comunista Colombiana informa a la opinión pública nacional
e internacional los siguientes hechos:
1. El día 28 de julio de 2008, siendo las 10:20 am, sujetos
armados ingresaron al apartamento del dirigente JAIME OSORNO NAVARRO,
miembro del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista
Colombiana, los cuales luego de haberse identificado como trabajadores
de TELMEX, ingresaron violentamente al lugar donde se encontraba en
ese momento el militante de la JUCO PEDRO LUIS GENEY ARRIETO, quién
fue amenazado con puñal en la garganta, torturado, amarrado y
golpeado en repetidas veces. Dichos sujetos en el marco de la agresión
a PEDRO LUIS GENEY ARRIETO preguntaron por el dirigente Jaime Osorno
señalándolo de ser junto con él "guerrilleros". Posteriormente los
individuos requisaron el apartamento sustrayendo únicamente los
discos duros, dos computadores portátiles, y una cámara de fotográfica
los cuales se encontraban en la vivienda. Finalmente, procedieron a
envolverlo en una sábana amarrada con cables eléctricos y lo
encerraron en el guarda ropa de una de las habitaciones.
2. Ante estos graves hechos, la Juventud Comunista entabló la
respectiva denuncia penal en la unidad antiterrorista de la Fiscalía,
debidamente sustentado por el peritaje del CTI y de medicina legal
quien registró las heridas sufridas por Pedro Geney durante este
ataque.
3. El Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista
Colombiana, viene siendo objeto de constantes amenazas y
hostigamientos en los últimos meses, razón por la cual el compañero
DIEGO MARIN, miembro de la dirección nacional de la JUCO,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la
Universidad Nacional y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación
Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU, tuvo que salir del
país luego de haberse presentado un incidente donde se buscaba atentar
contra su vida.
4. Igualmente, tuvimos conocimiento de la existencia de unas
ordenes de investigación y de batalla por parte de la policía nacional
y los organismos de inteligencia contra JAIME OSORNO y varios
dirigentes de la JUCO durante una reunión de coordinación con el
comando de la policía de Cartagena, en vísperas de la realización del
IV Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, realizado a
finales de mayo del presente año. Otro número importante de miembros
del comité central y militantes se encuentran en situación de peligro
en varias regiones del país. No se puede olvidar que en días pasados
apareció el cuerpo sin vida del sindicalista y militante del Partido
Comunista GUILLERMO RIVERA, y de la existencia de pruebas que
incriminan directamente a la Policía Nacional en este execrable hecho.
5. Por todo lo anterior, queremos llamar la atención de las
autoridades civiles, de investigación y organismos de control para
que se investigue y prontamente se dé con los autores intelectuales y
materiales de estos hechos, que ponen en peligro la vida e integridad
de varios miembros de una organización política de oposición y
legalmente reconocida, que como en pasadas épocas ha sido víctima del
genocidio político y el terrorismo de Estado.
6. Exhortamos a todas las fuerzas vivas de la nación a rechazar
estas acciones criminales que comprometen seriamente a los agentes del
Estado. La solidaridad, la denuncia y la movilización contra los
crímenes de Estado, deben ser aspectos centrales en la lucha por la
paz, la democracia y la justicia social, como alternativa al proyecto
guerrerista y autoritario que representa el Presidente Uribe.
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA
RESOLUCION DEL COMITE CENTRAL DE LOS CJC SOBRE LA CRISIS ECONOMICA
En los últimos meses, especialmente tras la llamada ‘’crisis de las hipotecas subprime'’ acaecida en los EE.UU. y su posterior importación a las economías europeas, la cuestión de la crisis económica ha cobrado una gran relevancia mediática. Diversos eufemismos se han utilizado hasta el momento para tratar de velar y ocultar la fase recesiva por la cual atraviesa la economía mundial en la actualidad, fase recesiva que tendrá su culminación en el estallido de una crisis económica global y absoluta en todos los ámbitos de la economía mundial.
En el caso concreto de España, la cínica propaganda de la socialdemocracia liberal ha quedado ya al descubierto. Con términos tales como ‘’deceleración'’,'’periodo de dificultades económicas'’ o ‘’fase de descenso acusado'’, el gobierno del PSOE ha tratado de parapetar y falsear el carácter inmediato de la crisis económica, de nuevo tratando de cargarla sobre la ya quebrada espalda de la clase trabajadora, y con mayor peso sobre sus sectores más desprotegidos, como la juventud, tanto trabajadora como estudiante, los inmigrantes y las mujeres.
Y mayor será la carga si los trabajadores y los sectores populares no
son capaces de articular una respuesta fuerte a la ofensiva del
capital, que intenta arrebatarle derechos conseguidos con sangre,
sudor y lágrimas, con la lucha obrera, como la jornada laboral de 40
horas.
Se proponen retraer la situación laboral de los trabajadores a la de
hace más de un siglo. La promulgación de la jornada laboral de 65
horas, los llamamientos a la flexibilidad del mercado de trabajo, el
recorte de gasto en política social, la directiva sobre inmigración
para crear campos de concentración, el aumento del paro (que ha subido
a cotas de hace 20 años) , la congelación de los salarios y la
inflación desorbitada de los bienes mas necesarios, es decir, la
depauperación absoluta de las condiciones de la clase, se conjugan con
las enormes sumas de dinero regaladas por el gobierno a los grandes
constructores e inmobiliarias que especulan con el suelo, con los
millonarios beneficios de la banca acumulados mediante las hipotecas y
préstamos basura, y con el enriquecimiento de los grandes empresarios
que cada vez más someten a una mayor explotación a los trabajadores.
La juventud es una de las más afectadas en esta situación, si antes
era difícil acceder a una vivienda, ahora se hace imposible. La
inestabilidad laboral, la precariedad, los bajos salarios y el grado
de sometimiento en los puestos de trabajo a las condiciones impuestas
son factores que dificultan la movilización, pero la organización y
estructuración de la lucha en los centros de trabajo y estudio son
imprescindibles para avanzar en los derechos de la clase obrera.
Es necesario el fortalecimiento de las posiciones de los trabajadores
y los sectores populares contra la ofensiva del capital, si no, el
retroceso será a cotas de inédita miseria. Hoy más que nunca, se torna
imprescindible la unidad popular con el objetivo de luchar por sus
intereses más inmediatos. La movilización de la clase trabajadora y
los estudiantes y elevar su conciencia de clase serán claves para
frenar las nuevas medidas laborales y conseguir que la crisis la
paguen los ricos.
La crisis capitalista que la paguen los ricos
En el caso concreto de España, la cínica propaganda de la socialdemocracia liberal ha quedado ya al descubierto. Con términos tales como ‘’deceleración'’,'’periodo de dificultades económicas'’ o ‘’fase de descenso acusado'’, el gobierno del PSOE ha tratado de parapetar y falsear el carácter inmediato de la crisis económica, de nuevo tratando de cargarla sobre la ya quebrada espalda de la clase trabajadora, y con mayor peso sobre sus sectores más desprotegidos, como la juventud, tanto trabajadora como estudiante, los inmigrantes y las mujeres.
Y mayor será la carga si los trabajadores y los sectores populares no
son capaces de articular una respuesta fuerte a la ofensiva del
capital, que intenta arrebatarle derechos conseguidos con sangre,
sudor y lágrimas, con la lucha obrera, como la jornada laboral de 40
horas.
Se proponen retraer la situación laboral de los trabajadores a la de
hace más de un siglo. La promulgación de la jornada laboral de 65
horas, los llamamientos a la flexibilidad del mercado de trabajo, el
recorte de gasto en política social, la directiva sobre inmigración
para crear campos de concentración, el aumento del paro (que ha subido
a cotas de hace 20 años) , la congelación de los salarios y la
inflación desorbitada de los bienes mas necesarios, es decir, la
depauperación absoluta de las condiciones de la clase, se conjugan con
las enormes sumas de dinero regaladas por el gobierno a los grandes
constructores e inmobiliarias que especulan con el suelo, con los
millonarios beneficios de la banca acumulados mediante las hipotecas y
préstamos basura, y con el enriquecimiento de los grandes empresarios
que cada vez más someten a una mayor explotación a los trabajadores.
La juventud es una de las más afectadas en esta situación, si antes
era difícil acceder a una vivienda, ahora se hace imposible. La
inestabilidad laboral, la precariedad, los bajos salarios y el grado
de sometimiento en los puestos de trabajo a las condiciones impuestas
son factores que dificultan la movilización, pero la organización y
estructuración de la lucha en los centros de trabajo y estudio son
imprescindibles para avanzar en los derechos de la clase obrera.
Es necesario el fortalecimiento de las posiciones de los trabajadores
y los sectores populares contra la ofensiva del capital, si no, el
retroceso será a cotas de inédita miseria. Hoy más que nunca, se torna
imprescindible la unidad popular con el objetivo de luchar por sus
intereses más inmediatos. La movilización de la clase trabajadora y
los estudiantes y elevar su conciencia de clase serán claves para
frenar las nuevas medidas laborales y conseguir que la crisis la
paguen los ricos.
La crisis capitalista que la paguen los ricos
La libertad de expresión de la Ser
Pascual Serrano
Rebelión
¿Cómo reaccionaríamos si un medio de comunicación público obligase a abandonar el estudio a un invitado que criticase al gobierno? Es indudable que en un sistema democrático un comportamiento así desde un medio estatal sería intolerable. Sin embargo, es lo que hizo la cadena Ser el pasado 25 de julio con el profesor de Filosofía Carlos Fernández Liria. “Sí, se va, porque el señor Carlos Fernández Liria no quiere debatir sobre Venezuela y es para eso para lo que le hemos invitado y no para otra cosa”, le espetó la periodista en el programa La Ventana de la cadena Ser cuando este profesor criticó al grupo empresarial Prisa por el tratamiento informativo que otorga a Venezuela y la complicidad del diario El País con el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril del año 2002.
Ya anteriormente, la periodista calificó las opiniones de Fernández Liria sobre el grupo empresarial Prisa de “alusiones personales” y afirmó “yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones”.
De forma que en ese programa pudimos comprobar que en un medio de comunicación del grupo empresarial Prisa se puede hablar en contra o a favor de Chávez, aunque sea en una proporción de cien a uno, o en contra o a favor de cualquier otro gobierno, pero lo que bajo ningún concepto se permite es hacerlo en contra de la empresa propietaria del medio.
Es curioso, pero con el comportamiento de la periodista de la Cadena Ser se le estaba dando la razón al razonamiento de Carlos Fernández Liria en su reciente artículo “Estatalizar la prensa”. En él, este profesor propone como mecanismo para fortalecer la libertad de expresión establecer “la independencia profesional del periodista, del mismo modo que los profesores tienen libertad de cátedra y los jueces tienen blindado el ejercicio libre de su función”. Según su tesis, el entorno público es el único que permite a un profesor o un juez ejercer libremente sin las presiones empresariales de su patrón, algo que no sucede con el periodista del medio de comunicación privado, quien, por razones laborales “puede ser despedido por no ceñirse a los dictados de la empresa que le contrató”, tal y como sucede con un profesor de la enseñanza privada.
Y eso precisamente es lo que demostró la Ser en ese programa, mediante una periodista que al escuchar críticas al grupo empresarial de su cadena de radio afirma “yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones” y despidiéndole del estudio. Nunca se hubiera tolerado a un periodista de, por ejemplo, Radio Nacional de España o de Venezuela, argumentar “yo trabajo para este gobierno o esta administración y no le voy a permitir esas acusaciones”.
Ejemplos como éste deben hacernos ver la falacia de quienes denominan “medios independientes” a los privados y “oficiales” a los públicos. El control empresarial es tan férreo que, desde hace ya mucho tiempo, donde sólo se puede lograr la verdadera independencia es en un medio público no sometido al nepotismo de los accionistas y dueños de una empresa propietaria de un medio de comunicación.
Rebelión
¿Cómo reaccionaríamos si un medio de comunicación público obligase a abandonar el estudio a un invitado que criticase al gobierno? Es indudable que en un sistema democrático un comportamiento así desde un medio estatal sería intolerable. Sin embargo, es lo que hizo la cadena Ser el pasado 25 de julio con el profesor de Filosofía Carlos Fernández Liria. “Sí, se va, porque el señor Carlos Fernández Liria no quiere debatir sobre Venezuela y es para eso para lo que le hemos invitado y no para otra cosa”, le espetó la periodista en el programa La Ventana de la cadena Ser cuando este profesor criticó al grupo empresarial Prisa por el tratamiento informativo que otorga a Venezuela y la complicidad del diario El País con el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril del año 2002.
Ya anteriormente, la periodista calificó las opiniones de Fernández Liria sobre el grupo empresarial Prisa de “alusiones personales” y afirmó “yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones”.
De forma que en ese programa pudimos comprobar que en un medio de comunicación del grupo empresarial Prisa se puede hablar en contra o a favor de Chávez, aunque sea en una proporción de cien a uno, o en contra o a favor de cualquier otro gobierno, pero lo que bajo ningún concepto se permite es hacerlo en contra de la empresa propietaria del medio.
Es curioso, pero con el comportamiento de la periodista de la Cadena Ser se le estaba dando la razón al razonamiento de Carlos Fernández Liria en su reciente artículo “Estatalizar la prensa”. En él, este profesor propone como mecanismo para fortalecer la libertad de expresión establecer “la independencia profesional del periodista, del mismo modo que los profesores tienen libertad de cátedra y los jueces tienen blindado el ejercicio libre de su función”. Según su tesis, el entorno público es el único que permite a un profesor o un juez ejercer libremente sin las presiones empresariales de su patrón, algo que no sucede con el periodista del medio de comunicación privado, quien, por razones laborales “puede ser despedido por no ceñirse a los dictados de la empresa que le contrató”, tal y como sucede con un profesor de la enseñanza privada.
Y eso precisamente es lo que demostró la Ser en ese programa, mediante una periodista que al escuchar críticas al grupo empresarial de su cadena de radio afirma “yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones” y despidiéndole del estudio. Nunca se hubiera tolerado a un periodista de, por ejemplo, Radio Nacional de España o de Venezuela, argumentar “yo trabajo para este gobierno o esta administración y no le voy a permitir esas acusaciones”.
Ejemplos como éste deben hacernos ver la falacia de quienes denominan “medios independientes” a los privados y “oficiales” a los públicos. El control empresarial es tan férreo que, desde hace ya mucho tiempo, donde sólo se puede lograr la verdadera independencia es en un medio público no sometido al nepotismo de los accionistas y dueños de una empresa propietaria de un medio de comunicación.
Asamblea de la A.G.E.
En el paréntesis veraniego, aunque como sabéis AGE no descansa del todo nunca, la secretaría general de AGE hace público un importante documento, aprobado por todos los guerrilleros de AGE.
1. LA REUNIÓN habida hace unos días en el Ministerio de Defensa entre varios guerrilleros con un representante de la Ministra.
2. RATIFICAR el rechazo y la condena de la ley 52/2007, "de la Memoria Histórica".
3. LA DENUNCIA del intento de manipulación de lo que la Guerrilla Antifranquista ha significado en el plano histórico, por parte organizaciones y colectivos que se han amparado en la temática de la resistencia antifranquista, con objetivos reales que nada tienen que ver con el tema que pretender liderar.
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COMUNICADO DE LOS GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Dado que la recientemente aprobada y conocida como "ley de la memoria histórica" no contempla la condena jurídica de la dictadura, no anula los juicios sumarísimos y no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo, nos vemos obligados a reiterar las cuestiones reivindicadas en manifiestos precedentes.
El colectivo de guerrilleros antifranquistas abajo firmantes expresan su parlamento en el día dedicado al monumento guerrillero antifascista de Santa Cruz de Moya, con motivo del encuentro anual en memoria de la lucha mantenida durante la pasada Dictadura por todos los ciudadanos que arriesgaron su libertad, su integridad física, y hasta su vida en la defensa de las libertades, y en particular de quienes desde la guerrilla fueron los últimos soldados del Ejército de la República tras el triunfo de los militares golpistas y los partidos de índole fascista e integristas católicos.
Creemos que la conmemoración, en cualquier lugar significado, de esta terrible lucha es una necesidad de nuestra sociedad que tras treinta años de pactos de silencio y forzado letargo empieza ahora a exigir saber la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura franquista. Gracias a nuestra labor pedagógica desde AGE hemos conseguido que las conmemoraciones sean muchas y desde muchos territorios.
El principio de resistencia frente a la opresión o la tiranía está en la base del estado moderno de derecho y se encuentra recogido en algunas constituciones europeas. Los guerrilleros antifranquistas, tal y como hizo la resistencia en otros países europeos frente al nacional socialismo alemán y al fascismo italiano, defendimos la legalidad republicana y los valores democráticos plasmados en la misma. Reafirmamos, desde este punto de vista la legitimidad de nuestra lucha, frente a concepciones pre-modernas y negadoras de los derechos que aún se esgrimen, desafortunadamente, en España.
El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde los años ochenta, su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. No podemos aceptar un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados "Países Europeos del Eje".
El día 16 de julio de 2008 hemos mantenido una entrevista con el Director del Gabinete de la Ministra de Defensa, Dña. Carme Chacón Piqueras, a raíz de una solicitud que hicimos en tal sentido a través de nuestra asociación AGE. Es la primera vez en la etapa postfranquista que este Ministerio recibe a una delegación de guerrilleros antifranquistas. Durante la entrevista se ha mantenido un diálogo claro donde ambas partes expresaron sus posiciones. Esperamos ahora que el Ministerio de Defensa cumpla con lo acordado en dicha reunión para permitir una mejor defensa de los intereses jurídicos de los guerrilleros y otros colectivos sancionados por el franquismo.
Vemos con ánimo el hecho de que se multipliquen año tras año los actos de homenaje a los guerrilleros asesinados por la guardia civil o muertos en combate y que desde múltiples instancias se dediquen estudios y públicos debates a nuestra lucha, pero creemos que estos homenajes, esos estudios y debates sólo toman todo su contenido cuando quienes los inspiran y mantienen se suman a nuestras reivindicaciones. Creemos que es un mal síntoma social que se utilice la imagen de la lucha guerrillera contra el franquismo para medro de personas que no están ni interesadas verdaderamente ni convencidas de la dignidad de nuestra lucha. Exigimos por tanto a todos los que instan este tipo de actos que apoyen de corazón y con hechos nuestras reivindicaciones: nuestro reconocimiento jurídico, militar y social como últimos soldados del Ejército de la República, la declaración por ley de la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales militares y civiles del ilegal régimen franquista en el marco del sistema de la represión y el reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura.
En defecto de una ley que conlleve el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, incluido nuestro colectivo, y que sea acorde a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, instamos a los ayuntamientos y parlamentos regionales a emitir declaraciones institucionales en este sentido, lo que les permitirá adoptar una instancia moral y ética de cara a las víctimas al nivel de la adoptada por otros países europeos que tuvieron que hacer frente al problema de los fascismos. (*)
Demandamos la adhesión formal y explícita a todas las gentes de bien para que nuestro reconocimiento jurídico sea aprobado por ley, y, aunque celebramos que en Santa Cruz de Moya se convoquen unas jornadas de estudios académicos sobre nuestra pasada lucha, lamentamos que ni el ayuntamiento ni el colectivo organizador hayan firmado su adhesión a nuestras viejas y legítimas reivindicaciones de justicia, razón por la que nos vemos obligados a comunicar a la opinión pública nuestra retirada de cualquier participación en esos actos que ayuntamiento y colectivo organizador han diseñado sin previa adhesión formal a nuestra justa causa y por tanto al objetivo que, como protagonistas de los hechos que se quieren conmemorar, nos corresponde. Sólo queremos que se nos dé nuestro verdadero lugar en la historia de todos y que se reconozca, jurídica y socialmente nuestro papel en la lucha contra la dictadura franquista.
A la espera de que sea pronto un clamor social el apoyo a estas reivindicaciones os esperamos a todos los demócratas, antifascistas, y especialmente a los jóvenes, para seguir adelante con la defensa de los valores democráticos y las libertades civiles por los cuales llevamos a cabo nuestra lucha y que se perdieron con el término de la Segunda República, de ahí que siga teniendo plena vigencia nuestra consigna "resistir es vencer". En cada Ayuntamiento se necesita una moción de adhesión a las reivindicaciones de los guerrilleros y un rechazo rotundo a la recientemente aprobada ley de "memoria histórica" del Gobierno. (**)
Los guerrilleros antifranquistas seguimos defendiendo los valores democráticos desde todos los ámbitos posibles. Nuestros espacios son múltiples y seguiremos adelante luchando por una Ley de la Memoria que contemple los aspectos de verdad, justicia y reparación a los que tienen derecho las víctimas del franquismo. Consideramos que la recientemente aprobada no es acorde a los valores republicanos y democráticos, no estando en consonancia con la defensa de las libertades civiles y los derechos por los que tantos compañeros dejaron la vida.
* * *
Este comunicado ha sido firmado por los siguientes guerrilleros antifranquistas: Esperanza Martínez "Sole" (AGLA), Amada Martínez "Rosita" (AGLA), Angelita Martínez (AGLA), José Murillo Murillo "Comandante Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena, Córdoba), Francisco Martínez López "Quico" (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Jesús de Cos Borbolla "Pablo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Felipe Matarranz "Lobo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Gerardo Antón Garrido "Pinto" (Agrupación Guerrillera de Extremadura. Cáceres), Camilo de Dios Fernández (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Antonio Pérez Barreiro (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Consuelo Rodríguez López (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Gumersindo Seigido (Agrupación Guerrillera de Galicia). Y lo firmaron antes de fallecer en los pasados años, Julián Antonio Ramírez, Eduard Pons Prades, José Moreno Salazar, Benjamín Rubio y Miguel Padial. En su memoria nos hacemos eco de la voz de los que han quedado en el camino.
Para adhesiones:
Pueden adherirse al Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública enviando un mensaje a AGE a la siguiente dirección electrónica: age@derechos.org y especificando los siguientes datos: organización, nombre y apellidos, ciudad, país y correo electrónico.
1. LA REUNIÓN habida hace unos días en el Ministerio de Defensa entre varios guerrilleros con un representante de la Ministra.
2. RATIFICAR el rechazo y la condena de la ley 52/2007, "de la Memoria Histórica".
3. LA DENUNCIA del intento de manipulación de lo que la Guerrilla Antifranquista ha significado en el plano histórico, por parte organizaciones y colectivos que se han amparado en la temática de la resistencia antifranquista, con objetivos reales que nada tienen que ver con el tema que pretender liderar.
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COMUNICADO DE LOS GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Dado que la recientemente aprobada y conocida como "ley de la memoria histórica" no contempla la condena jurídica de la dictadura, no anula los juicios sumarísimos y no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo, nos vemos obligados a reiterar las cuestiones reivindicadas en manifiestos precedentes.
El colectivo de guerrilleros antifranquistas abajo firmantes expresan su parlamento en el día dedicado al monumento guerrillero antifascista de Santa Cruz de Moya, con motivo del encuentro anual en memoria de la lucha mantenida durante la pasada Dictadura por todos los ciudadanos que arriesgaron su libertad, su integridad física, y hasta su vida en la defensa de las libertades, y en particular de quienes desde la guerrilla fueron los últimos soldados del Ejército de la República tras el triunfo de los militares golpistas y los partidos de índole fascista e integristas católicos.
Creemos que la conmemoración, en cualquier lugar significado, de esta terrible lucha es una necesidad de nuestra sociedad que tras treinta años de pactos de silencio y forzado letargo empieza ahora a exigir saber la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura franquista. Gracias a nuestra labor pedagógica desde AGE hemos conseguido que las conmemoraciones sean muchas y desde muchos territorios.
El principio de resistencia frente a la opresión o la tiranía está en la base del estado moderno de derecho y se encuentra recogido en algunas constituciones europeas. Los guerrilleros antifranquistas, tal y como hizo la resistencia en otros países europeos frente al nacional socialismo alemán y al fascismo italiano, defendimos la legalidad republicana y los valores democráticos plasmados en la misma. Reafirmamos, desde este punto de vista la legitimidad de nuestra lucha, frente a concepciones pre-modernas y negadoras de los derechos que aún se esgrimen, desafortunadamente, en España.
El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde los años ochenta, su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. No podemos aceptar un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados "Países Europeos del Eje".
El día 16 de julio de 2008 hemos mantenido una entrevista con el Director del Gabinete de la Ministra de Defensa, Dña. Carme Chacón Piqueras, a raíz de una solicitud que hicimos en tal sentido a través de nuestra asociación AGE. Es la primera vez en la etapa postfranquista que este Ministerio recibe a una delegación de guerrilleros antifranquistas. Durante la entrevista se ha mantenido un diálogo claro donde ambas partes expresaron sus posiciones. Esperamos ahora que el Ministerio de Defensa cumpla con lo acordado en dicha reunión para permitir una mejor defensa de los intereses jurídicos de los guerrilleros y otros colectivos sancionados por el franquismo.
Vemos con ánimo el hecho de que se multipliquen año tras año los actos de homenaje a los guerrilleros asesinados por la guardia civil o muertos en combate y que desde múltiples instancias se dediquen estudios y públicos debates a nuestra lucha, pero creemos que estos homenajes, esos estudios y debates sólo toman todo su contenido cuando quienes los inspiran y mantienen se suman a nuestras reivindicaciones. Creemos que es un mal síntoma social que se utilice la imagen de la lucha guerrillera contra el franquismo para medro de personas que no están ni interesadas verdaderamente ni convencidas de la dignidad de nuestra lucha. Exigimos por tanto a todos los que instan este tipo de actos que apoyen de corazón y con hechos nuestras reivindicaciones: nuestro reconocimiento jurídico, militar y social como últimos soldados del Ejército de la República, la declaración por ley de la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales militares y civiles del ilegal régimen franquista en el marco del sistema de la represión y el reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura.
En defecto de una ley que conlleve el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, incluido nuestro colectivo, y que sea acorde a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, instamos a los ayuntamientos y parlamentos regionales a emitir declaraciones institucionales en este sentido, lo que les permitirá adoptar una instancia moral y ética de cara a las víctimas al nivel de la adoptada por otros países europeos que tuvieron que hacer frente al problema de los fascismos. (*)
Demandamos la adhesión formal y explícita a todas las gentes de bien para que nuestro reconocimiento jurídico sea aprobado por ley, y, aunque celebramos que en Santa Cruz de Moya se convoquen unas jornadas de estudios académicos sobre nuestra pasada lucha, lamentamos que ni el ayuntamiento ni el colectivo organizador hayan firmado su adhesión a nuestras viejas y legítimas reivindicaciones de justicia, razón por la que nos vemos obligados a comunicar a la opinión pública nuestra retirada de cualquier participación en esos actos que ayuntamiento y colectivo organizador han diseñado sin previa adhesión formal a nuestra justa causa y por tanto al objetivo que, como protagonistas de los hechos que se quieren conmemorar, nos corresponde. Sólo queremos que se nos dé nuestro verdadero lugar en la historia de todos y que se reconozca, jurídica y socialmente nuestro papel en la lucha contra la dictadura franquista.
A la espera de que sea pronto un clamor social el apoyo a estas reivindicaciones os esperamos a todos los demócratas, antifascistas, y especialmente a los jóvenes, para seguir adelante con la defensa de los valores democráticos y las libertades civiles por los cuales llevamos a cabo nuestra lucha y que se perdieron con el término de la Segunda República, de ahí que siga teniendo plena vigencia nuestra consigna "resistir es vencer". En cada Ayuntamiento se necesita una moción de adhesión a las reivindicaciones de los guerrilleros y un rechazo rotundo a la recientemente aprobada ley de "memoria histórica" del Gobierno. (**)
Los guerrilleros antifranquistas seguimos defendiendo los valores democráticos desde todos los ámbitos posibles. Nuestros espacios son múltiples y seguiremos adelante luchando por una Ley de la Memoria que contemple los aspectos de verdad, justicia y reparación a los que tienen derecho las víctimas del franquismo. Consideramos que la recientemente aprobada no es acorde a los valores republicanos y democráticos, no estando en consonancia con la defensa de las libertades civiles y los derechos por los que tantos compañeros dejaron la vida.
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Este comunicado ha sido firmado por los siguientes guerrilleros antifranquistas: Esperanza Martínez "Sole" (AGLA), Amada Martínez "Rosita" (AGLA), Angelita Martínez (AGLA), José Murillo Murillo "Comandante Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena, Córdoba), Francisco Martínez López "Quico" (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Jesús de Cos Borbolla "Pablo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Felipe Matarranz "Lobo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Gerardo Antón Garrido "Pinto" (Agrupación Guerrillera de Extremadura. Cáceres), Camilo de Dios Fernández (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Antonio Pérez Barreiro (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Consuelo Rodríguez López (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Gumersindo Seigido (Agrupación Guerrillera de Galicia). Y lo firmaron antes de fallecer en los pasados años, Julián Antonio Ramírez, Eduard Pons Prades, José Moreno Salazar, Benjamín Rubio y Miguel Padial. En su memoria nos hacemos eco de la voz de los que han quedado en el camino.
Para adhesiones:
Pueden adherirse al Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública enviando un mensaje a AGE a la siguiente dirección electrónica: age@derechos.org y especificando los siguientes datos: organización, nombre y apellidos, ciudad, país y correo electrónico.
El coronel del Ejército español Amadeo Martínez Inglés acusa formalmente al rey Juan Carlos I ante el presidente del Congreso de los Diputados
inSurGente.- "(...) Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación: Un intento de golpe de Estado, (...) la puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte, (...) enriquecerse de una forma exagerada e ilegal, (...) ejercer la corrupción continuada y generalizada, (...) desviar fondos reservados del Estado, (...) un presunto asesinato (...)". Lean el texto íntegro de la carta. No la busquen en Falsimedia, que no la encontrarán.
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
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