7 de octubre: Jornada Europea
Contra la normativa de las 65 horas semanales de trabajo
La Unión Europea pretende aplicar una nueva normativa aprobada por el Consejo de ministros de trabajo de la unión por la cual se podría ampliar el tope de la jornada laboral semanal hasta las 65 horas.
Esta maniobra supone un ataque brutal sin precedentes contra los derechos individuales y colectivos del conjunto de trabajadores y trabajadoras de los países de la U.E y un paso más hacia la imposición de un nuevo modelo de esclavitud asalariada. Los gobiernos de la U.E nos venden una imagen idílica del proceso de “construcción europea” mientras aprueban cambios legislativos que nos conducen a una situación donde todo nuestro tiempo estará a disposición de los intereses de los capitalistas.
El gobierno español, en una actitud condescendiente con los intereses del capital europeo no votó en contra de la propuesta sino que se abstuvo, dejando así la puerta abierta a su aplicación dentro de las fronteras del estado español, de aprobarse definitivamente por el parlamento europeo. Por un lado nos hablan de conciliación de la vida familiar y por otro nos aumentan el tiempo de trabajo: no cabe mayor cinismo.
El argumento de que la normativa se aplicaría conforme a una negociación individual entre el trabajador y el empresario para la distribución del aumento de jornada esconde también la trampa envenenada de la individualización de las relaciones laborales, que es el paso previo imprescindible para arrebatarnos definitivamente todos y cada uno de los derechos colectivos conseguidos durante décadas de lucha y sacrificios de la clase obrera internacional.
Además de robarnos el poco tiempo de descanso que nos queda la normativa incidirá negativamente en la siniestralidad laboral, pues si ya resulta agotador trabajar a los ritmos de producción actuales durante 8 horas, ¿cómo acabaremos nuestra jornada después de trabajar durante 10, o sin disponer de dos días de descanso completos?
Desde el PCPE denunciamos una vez más el carácter imperialista de la U.E y del recientemente aprobado tratado de Lisboa al tiempo que hacemos un llamamiento a los sindicatos europeos a rechazar el proyecto de la U.E por ser antagónico con los intereses de la clase trabajadora europea. Defendemos una Europa de los trabajadores y de los Pueblos en el camino de un futuro socialista.
El PCPE llama a los trabajadores y trabajadoras a oponerse enérgicamente a esta medida exigiendo al gobierno español su contundente rechazo. Llamamos a todos y todas a unirse a las acciones de lucha contra este nuevo ataque a los derechos e intereses de la clase obrera europea que tendrán lugar el 7 de octubre en toda la U.E y en el estado español.
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA
Comité Central
www.pcpe.es
viernes, 26 de septiembre de 2008
jueves, 11 de septiembre de 2008
CUOTA EXTRAORDINARIA URGENTE EN SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN CUBANA
El Comité Ejecutivo del PCPE ha acordado el establecimiento de una cuota extraordinaria urgente en solidaridad con la revolución cubana.
Los destrozos gravísimos ocasionados por el huracán Gustav en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud, se han visto incrementados posteriormente por el paso del huracán Ike. La actual situación requiere que todo le movimiento revolucionario mundial ponga de manifiesto su solidaridad con la Revolución cubana en estos momentos de graves dificultades.
La cuota extraordinaria se establece por cuantía indeterminada, en función de la capacidad de cada militante, y a recaudar hasta el día 5 del mes de octubre. Los responsables de finanzas territoriales ingresarán el importe recaudado por sus organizaciones en las finanzas centrales antes de esa fecha.
El Comité Ejecutivo hace un llamamiento a toda la organización y a toda la militancia para que se haga el máximo de esfuerzo para responder a este llamamiento. En la práctica hemos de demostrar como entendemos nuestros principios de internacionalismo proletario.
La Revolución cubana se caracteriza precisamente por la aplicación consecuente de este principio en los lugares más diversos del planeta; ahora nos toca a nosotros y nosotras corresponder en la medida de nuestras capacidades y poniendo a prueba la real dimensión de nuestro compromiso revolucionario.
EL PCPE-ASTURIES ANTE LA CONCESIÓN DEL “PRINCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA”
El Comité Ejecutivo del PCPE-Asturies quiere manifestar su total rechazo a la concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia a la política colombiana Ingrid Betancourt, así como a los argumentos esgrimidos para tal galardón tanto por el jurado como por el Presidente del Gobierno asturiano, Vicente Álvarez Areces. En el fallo del jurado este se solidariza “con todas aquellas personas que padecen las mismas dramáticas e inadmisibles condiciones que ella ha sufrido, así como con aquellos gobiernos que, al igual que el de la República de Colombia, trabajan por la consolidación del sistema democrático y las libertades cívicas”. Este único argumento descalifica completamente a este jurado, ya que o es un absoluto desconocedor de la realidad colombiana o lo hace como parte de un descarado ejercicio de hipocresía. Está más que demostrado que el Gobierno de Colombia es hoy por hoy el mayor obstáculo para la salida negociada al conflicto colombiano, salida por la que siempre ha apostado la guerrilla de las FARC-EP. Baste recordar como en los años 80 el proceso de paz dio paso a la propuesta política legal llamada Unión Patriótica, demostrando así la voluntad pacificadora del grupo guerrillero, cuyos dirigentes fueron exterminados por grupos paramilitares en colaboración con las fuerzas del Estado. Y más recientemente, los esfuerzos negociadores de la senadora Piedad Córdoba han sido constantemente torpedeados por el gobierno de Álvaro Uribe, poniendo a la política liberal en la mirilla de los paramilitares y las fuerzas de seguridad.
No negaremos las dramáticas condiciones que la Sra. Betancourt ha sufrido durante 6 años, pero tampoco olvidamos las que sufre el conjunto de las clases populares colombianas durante toda su vida, en condiciones de vida deplorables y acosadas permanentemente por tres terrorismos que se desarrollan en connivencia cuando no en abierta colaboración, a saber, el paramilitar, el del narcotráfico y el del Estado. O los miles y miles de combatientes que están en las hacinadísimas cárceles colombianas gracias a las constantes negativas gubernamentales para realizar el reclamado intercambio humanitario. Al olvidar estos hechos el jurado toma partido en el conflicto colombiano, entregándole la distinción a la que hoy se ha convertido en marioneta y máximo elemento propagandístico de la política criminal de Álvaro Uribe, cuyos lazos con el narcotráfico y el paramilitarismo están más que demostrados por más que se intenten esconder. Esto invalida a la Sra. Betancourt para “personificar a todos aquellos que en el mundo están privados de libertad por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia terrorista, la corrupción y el narcotráfico”, como dice el fallo del jurado. Por si este fuera poco, hoy por hoy el gobierno de Álvaro Uribe es la mayor amenaza a la paz que existe en el continente, con sus constantes agresiones a la soberanía de sus países vecinos como es el caso de Venezuela y Ecuador.
Hemos de recordarle al Sr. Areces que su gobierno aporta ayudas al Programa de Refugio Temporal cuyos beneficiarios son precisamente los damnificados de la política del Sr. Uribe. Estamos hablando de sindicalistas y políticos de la izquierda colombiana cuyas vidas están amenazadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Recordemos como un antiguo participante de este programa, el sindicalista Luciano Romero, fue asesinado a su vuelta a Colombia. Muchos son los padecimientos del pueblo colombiano, pero solo la Sra. Betancourt dispone de una corte mundial de medios de comunicación para darnos a conocer los suyos y los de los suyos.
10 setiembre 2008
Secretaría de Comunicación
PCPE-Asturies
No negaremos las dramáticas condiciones que la Sra. Betancourt ha sufrido durante 6 años, pero tampoco olvidamos las que sufre el conjunto de las clases populares colombianas durante toda su vida, en condiciones de vida deplorables y acosadas permanentemente por tres terrorismos que se desarrollan en connivencia cuando no en abierta colaboración, a saber, el paramilitar, el del narcotráfico y el del Estado. O los miles y miles de combatientes que están en las hacinadísimas cárceles colombianas gracias a las constantes negativas gubernamentales para realizar el reclamado intercambio humanitario. Al olvidar estos hechos el jurado toma partido en el conflicto colombiano, entregándole la distinción a la que hoy se ha convertido en marioneta y máximo elemento propagandístico de la política criminal de Álvaro Uribe, cuyos lazos con el narcotráfico y el paramilitarismo están más que demostrados por más que se intenten esconder. Esto invalida a la Sra. Betancourt para “personificar a todos aquellos que en el mundo están privados de libertad por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia terrorista, la corrupción y el narcotráfico”, como dice el fallo del jurado. Por si este fuera poco, hoy por hoy el gobierno de Álvaro Uribe es la mayor amenaza a la paz que existe en el continente, con sus constantes agresiones a la soberanía de sus países vecinos como es el caso de Venezuela y Ecuador.
Hemos de recordarle al Sr. Areces que su gobierno aporta ayudas al Programa de Refugio Temporal cuyos beneficiarios son precisamente los damnificados de la política del Sr. Uribe. Estamos hablando de sindicalistas y políticos de la izquierda colombiana cuyas vidas están amenazadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Recordemos como un antiguo participante de este programa, el sindicalista Luciano Romero, fue asesinado a su vuelta a Colombia. Muchos son los padecimientos del pueblo colombiano, pero solo la Sra. Betancourt dispone de una corte mundial de medios de comunicación para darnos a conocer los suyos y los de los suyos.
10 setiembre 2008
Secretaría de Comunicación
PCPE-Asturies
Vecinos de Villares se manifiestan contra una presa de laminación en el río Eliche
gas | Sábado, 06/09/2008 - 9:47am
La oposición del pueblo de Los Villares a la presa de laminación del río Eliche ha sido rotunda. El plan del Ayuntamiento de Jaén de canalizar el río y retenerlo con el fin de que las residencias ilegales de “Los Puentes” no sufran las crecidas y avenidas del río se ha visto desbordado por las alegaciones en su contra.
La construcción ilegal de chales y residencias junto a los cauces de los ríos Quiebrajano y Eliche, en el término municipal de Jaén, es la causante de toda la polémica. Estas zonas residenciales, conocidas como “Los Puentes”, al tener nombres como: Puente de la Sierra, Puente Nuevo, Puente Jontolla o Puente Tablas, sufren desde hace años la crecida de estos ríos, que se unen en esta zona, con la consecuente avenida y desbordamiento.
El Ayuntamiento de Jaén, sin cuestionarse el hecho de que fueran viviendas ilegales al asentarse sobre el mismo cauce de los ríos, ha planteado diferentes propuestas para aliviar el problema. La principal es el encauzamiento del río Eliche y la creación de una presa de laminación junto al paraje de Los Cañones que controle el flujo del río; además, existen otras secundarias, como un sistema de alerta anticrecidas, mediante paneles y alarmas por medio de la radio. La presa del río Eliche se enmarca en el protocolo firmado en el verano de 2006 por la Junta de Andalucía, el Gobierno y el Ayuntamiento de Jaén.
La presa constaría de un talud de 89 metros de altura que recogería las aguas del río Eliche, junto al paraje de Los Cañones, reteniendo el agua de los periodos de fuertes lluvias y manteniendo el cauce a niveles mínimos. Para evitar que la presa se tapone se construirá una gran malla de hierros transversalmente al río para detener los arrastres, piedras y lodos, con lo cual el agua fluiría limpia hacia la zona de Los Puentes. Desde los medios de información oficiales, se ha presentado el proyecto como eje para fomentar la recuperación de los Cañones.
Es precisamente esa presa, que se lleva estudiando desde hace años, la que ha hecho reaccionar al pueblo de Los Villares, tanto a los políticos como a los movimientos sociales, grupos ecologistas y vecinos. Es por ello, que han llevado un trabajo de alegaciones hasta el pasado 2 de septiembre, cuando terminaba el plazo. Sus motivos son múltiples, defendiendo la riqueza natural y patrimonial del entorno del pueblo, de los ríos afectados y de Los Cañones.
La Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Cultural y Medio Ambiente, con su portavoz, el arqueólogo Manuel Molinos, ha denunciado que "lo que se quedaría en Los Villares sería toda la basura, pero además todos los árboles se secarían y nos encontraríamos con un desierto a las puertas del pueblo", y que, además, la presa vulnera la Ley de Patrimonio Histórico al inundar 16 sitios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) por la presencia de pinturas y abrigos rupestres.
Ante este atentado ecológico, los vecinos de Los Villares entregaron 2.700 firmas contra el proyecto y 700 alegaciones, de los 5.000 habitantes del pueblo, a lo que hay que sumar el apoyo de la clase política, como el Ayuntamiento, que el 11 de agosto aprobó una moción de rechazo a la presa, o la alcaldesa, del PSOE, quien no duda en enfrentarse a su partido, ya que tanto la Junta como el Gobierno central apoyan esta infraestructura.
Los opositores al proyecto, también critican el alto coste de la presa: 45 millones de euros, a lo que habría que sumar el encauzamiento del río: 800.000 euros por kilómetro, todo ello con dinero público. Es por ello que proponen indemnizar a los afectados o incluso levantar las viviendas afectadas por las crecidas en el término municipal de Los Villares.
La acción de protesta de los vecinos se materializó el pasado 2 de septiembre, aunque ya el 25 de agosto hubo una concentración realizada por la Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Cultural y Medio Ambiente. La manifestación, de una hora de recorrido, llevó el problema de la destrucción del patrimonio natural y cultural jiennense a la capital.
A las doce y cuarto una marcha de unos mil manifestantes recorrió Jaén desde la Plaza de Santa María hasta la plaza de las Batallas, donde se encuentra Subdelegación del gobierno, para entregar las firmas y alegaciones redactadas por los vecinos y contrarios al proyecto. Los miembros de la Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Cultural y Medio Ambiente encabezaban la manifestación, con una pancarta: “No a la presa del río Eliche”, tras la que desfilaban vecinos tanto de Los Villares como de toda la provincia.
Entre los lemas que se coreaban se encontraban: “No a la presa, otra solución”, “No nos toques Los Cañones, no nos toques los cojones”, “El río Eliche es de los peliches (en alusión al apelativo con que son conocidos los villariegos”, “A por ellos”, “Puentes sí, presa no”, “Los Cañones valen más que los millones” o “No nos mires, únete a nosotros”. Los participantes en la protesta llevaban lazos y brazaletes verdes y pegatinas con eslóganes contrarios a la infraestructura. Se hicieron oír con silbatos y megafonía frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), quien ha aprobado y fomentado el proyecto. La movilización alcanzó, en torno a la una y cuarto de la tarde, la Plaza de las Batallas, al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”.
Según anuncia Manuel Molinos la plataforma (que reúne a partidos y colectivos sociales) no se arredrará y está dispuesta a llegar a organismos estatales e internacionales, incluida la Unesco, para defender el patrimonio del paraje natural Los Cañones. Cree que el proyecto es “ilegal” porque la Consejería de Cultura se ha dirigido a la Confederación cuando ya está aprobado, “algo que debió haber ocurrido previamente”. Anuncia que la lucha será “larga y dura”.
Ante esta manifestación y el deseo de llegar “hasta el final” ha hecho surgir críticas de políticos y autoridades de la provincia, que llaman al diálogo. Por su parte, la alcaldesa de Jaén ha calificado de desafortunada la manifestación, al oponerse al protocolo firmado en el año 2006, que rige la construcción de la presa y el encauzamiento del río Eliche.
La oposición del pueblo de Los Villares a la presa de laminación del río Eliche ha sido rotunda. El plan del Ayuntamiento de Jaén de canalizar el río y retenerlo con el fin de que las residencias ilegales de “Los Puentes” no sufran las crecidas y avenidas del río se ha visto desbordado por las alegaciones en su contra.
La construcción ilegal de chales y residencias junto a los cauces de los ríos Quiebrajano y Eliche, en el término municipal de Jaén, es la causante de toda la polémica. Estas zonas residenciales, conocidas como “Los Puentes”, al tener nombres como: Puente de la Sierra, Puente Nuevo, Puente Jontolla o Puente Tablas, sufren desde hace años la crecida de estos ríos, que se unen en esta zona, con la consecuente avenida y desbordamiento.
El Ayuntamiento de Jaén, sin cuestionarse el hecho de que fueran viviendas ilegales al asentarse sobre el mismo cauce de los ríos, ha planteado diferentes propuestas para aliviar el problema. La principal es el encauzamiento del río Eliche y la creación de una presa de laminación junto al paraje de Los Cañones que controle el flujo del río; además, existen otras secundarias, como un sistema de alerta anticrecidas, mediante paneles y alarmas por medio de la radio. La presa del río Eliche se enmarca en el protocolo firmado en el verano de 2006 por la Junta de Andalucía, el Gobierno y el Ayuntamiento de Jaén.
La presa constaría de un talud de 89 metros de altura que recogería las aguas del río Eliche, junto al paraje de Los Cañones, reteniendo el agua de los periodos de fuertes lluvias y manteniendo el cauce a niveles mínimos. Para evitar que la presa se tapone se construirá una gran malla de hierros transversalmente al río para detener los arrastres, piedras y lodos, con lo cual el agua fluiría limpia hacia la zona de Los Puentes. Desde los medios de información oficiales, se ha presentado el proyecto como eje para fomentar la recuperación de los Cañones.
Es precisamente esa presa, que se lleva estudiando desde hace años, la que ha hecho reaccionar al pueblo de Los Villares, tanto a los políticos como a los movimientos sociales, grupos ecologistas y vecinos. Es por ello, que han llevado un trabajo de alegaciones hasta el pasado 2 de septiembre, cuando terminaba el plazo. Sus motivos son múltiples, defendiendo la riqueza natural y patrimonial del entorno del pueblo, de los ríos afectados y de Los Cañones.
La Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Cultural y Medio Ambiente, con su portavoz, el arqueólogo Manuel Molinos, ha denunciado que "lo que se quedaría en Los Villares sería toda la basura, pero además todos los árboles se secarían y nos encontraríamos con un desierto a las puertas del pueblo", y que, además, la presa vulnera la Ley de Patrimonio Histórico al inundar 16 sitios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) por la presencia de pinturas y abrigos rupestres.
Ante este atentado ecológico, los vecinos de Los Villares entregaron 2.700 firmas contra el proyecto y 700 alegaciones, de los 5.000 habitantes del pueblo, a lo que hay que sumar el apoyo de la clase política, como el Ayuntamiento, que el 11 de agosto aprobó una moción de rechazo a la presa, o la alcaldesa, del PSOE, quien no duda en enfrentarse a su partido, ya que tanto la Junta como el Gobierno central apoyan esta infraestructura.
Los opositores al proyecto, también critican el alto coste de la presa: 45 millones de euros, a lo que habría que sumar el encauzamiento del río: 800.000 euros por kilómetro, todo ello con dinero público. Es por ello que proponen indemnizar a los afectados o incluso levantar las viviendas afectadas por las crecidas en el término municipal de Los Villares.
La acción de protesta de los vecinos se materializó el pasado 2 de septiembre, aunque ya el 25 de agosto hubo una concentración realizada por la Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Cultural y Medio Ambiente. La manifestación, de una hora de recorrido, llevó el problema de la destrucción del patrimonio natural y cultural jiennense a la capital.
A las doce y cuarto una marcha de unos mil manifestantes recorrió Jaén desde la Plaza de Santa María hasta la plaza de las Batallas, donde se encuentra Subdelegación del gobierno, para entregar las firmas y alegaciones redactadas por los vecinos y contrarios al proyecto. Los miembros de la Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Cultural y Medio Ambiente encabezaban la manifestación, con una pancarta: “No a la presa del río Eliche”, tras la que desfilaban vecinos tanto de Los Villares como de toda la provincia.
Entre los lemas que se coreaban se encontraban: “No a la presa, otra solución”, “No nos toques Los Cañones, no nos toques los cojones”, “El río Eliche es de los peliches (en alusión al apelativo con que son conocidos los villariegos”, “A por ellos”, “Puentes sí, presa no”, “Los Cañones valen más que los millones” o “No nos mires, únete a nosotros”. Los participantes en la protesta llevaban lazos y brazaletes verdes y pegatinas con eslóganes contrarios a la infraestructura. Se hicieron oír con silbatos y megafonía frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), quien ha aprobado y fomentado el proyecto. La movilización alcanzó, en torno a la una y cuarto de la tarde, la Plaza de las Batallas, al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”.
Según anuncia Manuel Molinos la plataforma (que reúne a partidos y colectivos sociales) no se arredrará y está dispuesta a llegar a organismos estatales e internacionales, incluida la Unesco, para defender el patrimonio del paraje natural Los Cañones. Cree que el proyecto es “ilegal” porque la Consejería de Cultura se ha dirigido a la Confederación cuando ya está aprobado, “algo que debió haber ocurrido previamente”. Anuncia que la lucha será “larga y dura”.
Ante esta manifestación y el deseo de llegar “hasta el final” ha hecho surgir críticas de políticos y autoridades de la provincia, que llaman al diálogo. Por su parte, la alcaldesa de Jaén ha calificado de desafortunada la manifestación, al oponerse al protocolo firmado en el año 2006, que rige la construcción de la presa y el encauzamiento del río Eliche.
miércoles, 10 de septiembre de 2008
El PSOE y el PP se reparten la composición del Consejo General del Poder Judicial como si fueran estampillas
inSurGente.- Uno para ti, otro para mí, uno para ti y otro para mí, así se sintetiza el acuerdo alcanzado por el PSOE, el PP y la derecha nacionalista (PNV y CiU) para dirigir el Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo es saludado por Falsimedia como "un gran logro", "el fin del bloqueo", "consenso" y para rematar dicen que la nueva dirección de los jueces tiene "un marcado acento político" (¡y tanto!). De lo que supone la violación total de la independencia del poder legislativo y el judicial nadie parece hacer referencia. Pelillos a la mar, a quién le importan esos detalles.
Agencias/insurgente.-
La lista completa de los nuevos vocales
Entre los juristas del PSOE destacan:
Almudena Lastra de Inés, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
José Manuel Gómez Benítez, abogado y catedrático de Derecho Penal.
Gabriela Bravo Sanestanislao, fiscal y presidenta del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Por otra parte, entre los candidatos propuestos por las asociaciones judiciales afines al PSOE:
Margarita Robles Fernández, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Jueces para la Democracia).
Carles Cruz Moratones, magistrado de la Audiencia Provincial de Girona (JpD).
Miguel Carmona Ruano, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla (JpD).
Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (JpD)
Manuel Torres Vela, presidente de la Sección IV de la Audiencia de Málaga (Asociación Francisco de Vitoria).
Félix Azón, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Asociación Francisco de Vitoria).
Asimismo, los juristas elegidos por el PP son:
Fernando de Rosa Torner, magistrado en excedencia, profesor universitario y conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana
Claro José Fernández Carnicero, inspector de Hacienda y letrado de las Cortes Generales.
Antonio Dorado Picón, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
Entre los candidatos propuestos por las asociaciones judiciales afines al PP:
Pío Aguirre Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Jaén (Asociación Profesional de la Magistratura)
Manuel Almenar Berenguer, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra (APM).
Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara (APM).
Gema Gallego Suárez, magistrada del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid (APM).
Miguel Collado Nuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona (APM).
Antonio Montserrat Quintana, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona.
Por último, los candidatos propuesto por CIU y PNV, que ya se habían hecho públicos son Ramón Camp i Batalla (CIU), abogado, quien fue portavoz de CiU en el Senado y vicepresidente del Parlamento de Cataluña, así como uno de los redactores del Estatuto de Cataluña y Margarita Uría Etxebarría, (PNV), abogada y ex- diputada del PNV en la anterior legislatura ejerciendo de portavoz de los nacionalistas en la Comisión de Justicia del Congreso y de presidenta de la de Sanidad.
Agencias/insurgente.-
La lista completa de los nuevos vocales
Entre los juristas del PSOE destacan:
Almudena Lastra de Inés, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
José Manuel Gómez Benítez, abogado y catedrático de Derecho Penal.
Gabriela Bravo Sanestanislao, fiscal y presidenta del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Por otra parte, entre los candidatos propuestos por las asociaciones judiciales afines al PSOE:
Margarita Robles Fernández, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Jueces para la Democracia).
Carles Cruz Moratones, magistrado de la Audiencia Provincial de Girona (JpD).
Miguel Carmona Ruano, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla (JpD).
Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (JpD)
Manuel Torres Vela, presidente de la Sección IV de la Audiencia de Málaga (Asociación Francisco de Vitoria).
Félix Azón, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Asociación Francisco de Vitoria).
Asimismo, los juristas elegidos por el PP son:
Fernando de Rosa Torner, magistrado en excedencia, profesor universitario y conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana
Claro José Fernández Carnicero, inspector de Hacienda y letrado de las Cortes Generales.
Antonio Dorado Picón, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
Entre los candidatos propuestos por las asociaciones judiciales afines al PP:
Pío Aguirre Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Jaén (Asociación Profesional de la Magistratura)
Manuel Almenar Berenguer, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra (APM).
Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara (APM).
Gema Gallego Suárez, magistrada del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid (APM).
Miguel Collado Nuño, magistrado de la Audiencia de Barcelona (APM).
Antonio Montserrat Quintana, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona.
Por último, los candidatos propuesto por CIU y PNV, que ya se habían hecho públicos son Ramón Camp i Batalla (CIU), abogado, quien fue portavoz de CiU en el Senado y vicepresidente del Parlamento de Cataluña, así como uno de los redactores del Estatuto de Cataluña y Margarita Uría Etxebarría, (PNV), abogada y ex- diputada del PNV en la anterior legislatura ejerciendo de portavoz de los nacionalistas en la Comisión de Justicia del Congreso y de presidenta de la de Sanidad.
Uno de cada cuatro niños que vive en España es pobre
InSurGente.- "El nuevo rostro de la pobreza en España es el de un niño", esa es la conclusión a la que llega el 'Informe de la Inclusión Social' presentado hoy por Fundación Caixa Catalunya. El estudio sitúa a España con las tasas de pobreza infantil más altas de la Europa de los 15, con niveles por encima del 24% en los estadios moderados de carestía -ganan menos del 60% de lo que se gana de media en el país-. El trabajo denuncia que el país "ha perdido capacidad" para paliar la precariedad de los más jóvenes.
Agencias/insurgente.-
El estudio, coordinado por la directora del Instituto de Infancia y Medio Urbano, Carmen Gómez Granell, y dirigido por Pau Marí Close, distingue entre pobreza moderada, alta y extrema. La primera es la que sufren quienes ganan menos de 6.860 euros anuales. La pobreza alta, cuyos índices rondan el 10,3, se fija en menos de 4.573 euros (40% de la media) y la pobreza extrema (que alcanza niveles del 5,4%) es la de quienes ingresan menos de la cuarta parte de la media nacional, es decir, unos 3.219 euros al año.
Con estos parámetros, la investigación concluye que el 19,9% de los habitantes de España es pobre, es decir, unos nueve millones de personas. "Cada vez es más común" entre este colectivo "la figura de una persona excluida que nunca pensó que lo llegaría a ser". Se trata, según explicó Gómez Granell, de personas que entran y salen de la exclusión y que, en muchos casos, tienen hijos. En concreto, el estudio afirma que en España hay 1,7 millones de menores en situación de riesgo.
Los hijos de inmigrantes, son los menores más afectados. Ellos son los que presentan tasas que multiplican por dos el índice de pobreza alta entre los españoles y por tres, cuando se trata de pobreza extrema. Según los datos recopilados en el informe, el 52% de los hijos de extranjeros no procedentes de la UE, viven en situación de pobreza moderada, mientras que el 32% y el 28% padecen los niveles altos y extremos de carestía, respectivamente.
Agencias/insurgente.-
El estudio, coordinado por la directora del Instituto de Infancia y Medio Urbano, Carmen Gómez Granell, y dirigido por Pau Marí Close, distingue entre pobreza moderada, alta y extrema. La primera es la que sufren quienes ganan menos de 6.860 euros anuales. La pobreza alta, cuyos índices rondan el 10,3, se fija en menos de 4.573 euros (40% de la media) y la pobreza extrema (que alcanza niveles del 5,4%) es la de quienes ingresan menos de la cuarta parte de la media nacional, es decir, unos 3.219 euros al año.
Con estos parámetros, la investigación concluye que el 19,9% de los habitantes de España es pobre, es decir, unos nueve millones de personas. "Cada vez es más común" entre este colectivo "la figura de una persona excluida que nunca pensó que lo llegaría a ser". Se trata, según explicó Gómez Granell, de personas que entran y salen de la exclusión y que, en muchos casos, tienen hijos. En concreto, el estudio afirma que en España hay 1,7 millones de menores en situación de riesgo.
Los hijos de inmigrantes, son los menores más afectados. Ellos son los que presentan tasas que multiplican por dos el índice de pobreza alta entre los españoles y por tres, cuando se trata de pobreza extrema. Según los datos recopilados en el informe, el 52% de los hijos de extranjeros no procedentes de la UE, viven en situación de pobreza moderada, mientras que el 32% y el 28% padecen los niveles altos y extremos de carestía, respectivamente.
La ministra de Defensa sostiene que "los ejércitos del siglo XXI son pacifistas"
InSurGente.- No sabemos si su electorado es tan, pero tan fiel y cautivo que diga lo que diga y haga lo que haga, su presencia está segura. De otro modo es difícil de entender que la ministra de Defensa, y líder de los socialdemócrtas catalanes, se descuelgue con declaraciones de tamaña ignorancia. Carme Chacón dice que es pacifista, pero sobre la presencia del ejército patrio en Afganistán, siendo cómplice de la matanza de civiles, no dijo una palabra, ni sobre el papel de la OTAN, ni el seguidismo al imperio de Mr. Bush, ni... .
El Confidencial/insurgente.-
Desde que fue nombrada ministra de Defensa, hace apenas seis meses, Carme Chacón ha sido portada y noticia destacada muy a menudo. La catalana es un filón en cuanto a titulares y fotografías. Su embarazo, su condición de mujer en un mundo de hombres... y, hoy mismo, su declarado sentimiento pacifista la ponen en el ojo del huracán y la polémica. Esta vez ha sido en el suplemento El País Semanal donde Chacón se ha confesado y definido como "madre y ministra".
En un amplia entrevista cercana y poco habitual, la ministra afirma que "soy pacifista, y los ejércitos del siglo XXI también lo son", en referencia a los 125.500 militares y 32.000 civiles que emplea su Ministerio. "Éstos no son los tiempos del intervencionismo militar. Tenemos un Ejército sometido al poder civil, y ésa es la primera convicción de quien se pone al frente", continúa Chacón.
La ministra socialista recuerda su nombramiento como una noticia que le produjo "honor, gratitud y responsabilidad". Desde ese momento, dice no habar parado de "trabajar", y uno de sus asuntos pendientes, según dice es "aprobar la Ley de Derechos y Deberes de los militares con la unanimidad del Congreso".
Lo que más le interesa es encontrar la forma de que los "mensajes" que quiere enviar a la opinión pública y la sociedad en general lleguen rápido . En su cabeza los tiene bien trazados: en primer lugar, "que las mujeres ya no estamos detrás de los hombres, sino a su lado. Y dos: bienvenidos a las Fuerzas Armadas democráticas, al Ejército del siglo XXI".
El Confidencial/insurgente.-
Desde que fue nombrada ministra de Defensa, hace apenas seis meses, Carme Chacón ha sido portada y noticia destacada muy a menudo. La catalana es un filón en cuanto a titulares y fotografías. Su embarazo, su condición de mujer en un mundo de hombres... y, hoy mismo, su declarado sentimiento pacifista la ponen en el ojo del huracán y la polémica. Esta vez ha sido en el suplemento El País Semanal donde Chacón se ha confesado y definido como "madre y ministra".
En un amplia entrevista cercana y poco habitual, la ministra afirma que "soy pacifista, y los ejércitos del siglo XXI también lo son", en referencia a los 125.500 militares y 32.000 civiles que emplea su Ministerio. "Éstos no son los tiempos del intervencionismo militar. Tenemos un Ejército sometido al poder civil, y ésa es la primera convicción de quien se pone al frente", continúa Chacón.
La ministra socialista recuerda su nombramiento como una noticia que le produjo "honor, gratitud y responsabilidad". Desde ese momento, dice no habar parado de "trabajar", y uno de sus asuntos pendientes, según dice es "aprobar la Ley de Derechos y Deberes de los militares con la unanimidad del Congreso".
Lo que más le interesa es encontrar la forma de que los "mensajes" que quiere enviar a la opinión pública y la sociedad en general lleguen rápido . En su cabeza los tiene bien trazados: en primer lugar, "que las mujeres ya no estamos detrás de los hombres, sino a su lado. Y dos: bienvenidos a las Fuerzas Armadas democráticas, al Ejército del siglo XXI".
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