Nicola Locco
Rebelión
COMUNICADO DEL FILÓSOFO VASCO NICOLA LOCOCO ENJUICIADO EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR LA ACUSACIÓN DE PROFERIR INJURIAS GRAVES AL REY
Soy Nicola Lococo, que desde hace más de año y medio, me encuentro acosado por todo el aparato judicial del Estado Español, por haber escrito un artículo de humor, titulado “Las tribulaciones del Oso Yogui”.
Tras haber acudido a la Audiencia Nacional, ante el juez Grande Marlaska, y haber éste archivado la causa, por no ver en los hechos motivo de delito alguno, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recurrió al alto tribunal de la Audiencia Nacional encabezado por Ruiz de Polanco, que ha admitido su recurso y ha obligado al propio juez Grande Marlaska a reabrir el caso.
Una vez reabierto el caso, la fiscalía ha solicitado 10.800 € de multa para mi persona y también para cada uno de mis compañeros periodistas, Josetxu Rodríguez y Luis Javier Ripa, por una viñeta. Subrayo que los 10.800 € no son para el conjunto de nosotros tres, sino por cabeza.
También una vez reabierto el caso, la Audiencia Nacional, el pasado lunes 11 de agosto, me comunicó vía requerimiento judicial, una fianza de 12.000 € que he debido afrontar en menos de 24 horas, si no quería ver embargados mis bienes.
Ante estos hechos:
Yo, Nicola Lococo, he tomado la decisión a nivel particular de ponerme a pedir en la vía pública, en mi pueblo de Portugalete, éste mismo jueves 14 de agosto. La iniciativa durará todo agosto, y la trasladaré a distintos puntos de la geografía vasca, no excluyendo en adelante, trasladarla a otras ciudades de la geografía española.
El dinero recaudado con ésta iniciativa se destinará, única y exclusivamente, a sufragar la multa que me impone el fiscal, la fianza y los gastos estrictamente judiciales del proceso. Si se diera el caso de que fuera absuelto, la cantidad recaudada se destinará íntegramente a Amnistía Internacional y Reporteros sin fronteras, al objeto de que la destinen a presos de conciencia.
Quienes deseen colaborar con ésta iniciativa, pueden realizar su ingreso en el siguiente número de cuenta:
Entidad la Caixa: 2100-1279-79-0100336486
El titular es Nicolás Juan Lococo
Nota de Rebelion.org
A continuación el artículo objeto de la demanda:
http://www.gara.net/idatzia/20061102/art187080.php
http://www.deia.com/es/impresa/2006/10/31/bizkaia/iritzia/303792.php
sábado, 16 de agosto de 2008
Las ciudades andaluzas quintuplicaron en medio siglo la superficie construida
GAS
El aumento de las construcciones supera con creces al incremento de la población · Los andaluces generan más residuos y apuestan de forma clara por el transporte privado frente al público.
Las ciudades andaluzas ocupan hoy con construcciones cinco veces más suelo del que hacían en 1956, un ritmo de crecimiento del ladrillo espectacular que se ha acentuado en la pasada década y que preocupa, especialmente, en la franja del litoral, como destaca el último informe Medio Ambiente en Andalucía, elaborado por la Junta. El aumento en el número de edificaciones, además, no responde a las necesidades de incremento de la población experimentado en la comunidad en el mismo periodo.
"El crecimiento reciente de nuestras ciudades no se produce como respuesta al incremento de la población, sino que presenta tasas de cambio muy superiores a las que hubiese requerido las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha población", concluye el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.
Un ejemplo de este desproporcionado crecimiento se encuentra en las ciudades medianas andaluzas, aquéllas que tienen entre 50.000 a 100.000 habitantes. Éstas han incrementado su población en un 115,9% desde 1956, sin embargo, tienen un 593,6% más de superficie construida. En las grandes ciudades, aquéllas con una población superior a las 100.000 personas, se ha experimentado un crecimiento en su censo del 92,8%, mientras que la superficie construida aumentó un 353,3%.
El estudio muestra la difícil relación que se da entre el denominado desarrollo sostenible y el modelo de crecimiento urbanístico aplicado en la comunidad autónoma, y es que, como resalta el documento, se ha triplicado la superficie construida ocupada por habitante en el periodo 1956-2003. Este aumento se ha producido a costa de acabar con superficies dedicadas a zonas forestales, en un 23,17% de los casos, aunque, fundamentalmente, ha acarreado la pérdida de espacios agrícolas (76,40%).
La situación se hace mucho más visible en las localidades que ocupan la franja del litoral, que es también donde se ha desplazado buena parte de la población. Uno de los casos más extremos es el de Huércal, de Almería, donde se ha incrementado entre 1991 y 2007 la población en un 225%, o Rincón de la Victoria, en Málaga, con un crecimiento en el mismo periodo del 180%.
La mayor extensión física de los núcleos urbanos -el 79% de los andaluces residen en municipios que superan los 10.000 habitantes, un 46% vive en grandes ciudades- ha conllevado un degenaración de la calidad de vida en estas poblaciones.
Los desplazamientos han crecido en distancia y tiempo: el espacio viario ocupa más superficie, se produce una pérdida de la calidad del aire y un incremente de la contaminación acústica, además se incrementa la segregación social. "Sin olvidar que la incidencia de esta pérdida de calidad de vida es más acusada entre los grupos sociales más vulnerables y dependientes, como son los niños, ancianos y personas con minusvalías", recalca el documento que da por asentado en Andalucía un modelo de ciudad dispersa propio de la sociedad estadounidense y que se ha importado en el último cuarto de siglo a Europa Occidental.
Las grandes ciudades soportaban en 1991 el tráfico que generaban 856.041 vehículos, en 2006 circulaban por ellas 1.353.271 coches, un 58% más en tan sólo 15 años. Esto ha supuesto hacer frente en los núcleos urbanos a más emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, azufre y sustancias que facilitan la contaminación por ozono, entre otros elementos perjudiciales.
El tráfico resulta, además, la principal fuente de ruido. Un 80% de la contaminación acústica la generan los vehículos, y, todo esto, en un contexto en el que los andaluces se declaran poco amigos de usar el transporte público, a pesar de ser mucho más eficiente en términos de litros de combustible necesarios por viajero y kilómetro. Más de un 80% de la población andaluza elige el vehículo privado para los desplazamientos frente al transporte público, según la última Encuesta sobre la Movilidad elaborada por el Ministerio de Fomento en 2007. Ante esta cifra, la Consejería de Medio Ambiente reclama en su informe "transformar el concepto de movilidad como derecho individual apoyando el transporte público como necesidad y derecho colectivo".
Otro de los grandes problemas que está generando el nuevo modelo de ciudad es el crecimiento de los residuos generados. Los andaluces ya producen cada año más basura que la media de la UE. Cada ciudadano lleva a los contenedores 550 kilos de residuos al año, frente a los 221,89 que generaban 20 años atrás, sin contar con los restos procedentes de la construcción y la demolición, ni los de procedencia industrial. Uno de los grandes fracasos, según la Consejería, ha sido no reducir el número de envases, de los que se recicla el 40%. Mejora, sin embargo, las cifras sobre reciclaje, especialmente del papel.
Extraído de Erllano.org
El aumento de las construcciones supera con creces al incremento de la población · Los andaluces generan más residuos y apuestan de forma clara por el transporte privado frente al público.
Las ciudades andaluzas ocupan hoy con construcciones cinco veces más suelo del que hacían en 1956, un ritmo de crecimiento del ladrillo espectacular que se ha acentuado en la pasada década y que preocupa, especialmente, en la franja del litoral, como destaca el último informe Medio Ambiente en Andalucía, elaborado por la Junta. El aumento en el número de edificaciones, además, no responde a las necesidades de incremento de la población experimentado en la comunidad en el mismo periodo.
"El crecimiento reciente de nuestras ciudades no se produce como respuesta al incremento de la población, sino que presenta tasas de cambio muy superiores a las que hubiese requerido las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha población", concluye el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.
Un ejemplo de este desproporcionado crecimiento se encuentra en las ciudades medianas andaluzas, aquéllas que tienen entre 50.000 a 100.000 habitantes. Éstas han incrementado su población en un 115,9% desde 1956, sin embargo, tienen un 593,6% más de superficie construida. En las grandes ciudades, aquéllas con una población superior a las 100.000 personas, se ha experimentado un crecimiento en su censo del 92,8%, mientras que la superficie construida aumentó un 353,3%.
El estudio muestra la difícil relación que se da entre el denominado desarrollo sostenible y el modelo de crecimiento urbanístico aplicado en la comunidad autónoma, y es que, como resalta el documento, se ha triplicado la superficie construida ocupada por habitante en el periodo 1956-2003. Este aumento se ha producido a costa de acabar con superficies dedicadas a zonas forestales, en un 23,17% de los casos, aunque, fundamentalmente, ha acarreado la pérdida de espacios agrícolas (76,40%).
La situación se hace mucho más visible en las localidades que ocupan la franja del litoral, que es también donde se ha desplazado buena parte de la población. Uno de los casos más extremos es el de Huércal, de Almería, donde se ha incrementado entre 1991 y 2007 la población en un 225%, o Rincón de la Victoria, en Málaga, con un crecimiento en el mismo periodo del 180%.
La mayor extensión física de los núcleos urbanos -el 79% de los andaluces residen en municipios que superan los 10.000 habitantes, un 46% vive en grandes ciudades- ha conllevado un degenaración de la calidad de vida en estas poblaciones.
Los desplazamientos han crecido en distancia y tiempo: el espacio viario ocupa más superficie, se produce una pérdida de la calidad del aire y un incremente de la contaminación acústica, además se incrementa la segregación social. "Sin olvidar que la incidencia de esta pérdida de calidad de vida es más acusada entre los grupos sociales más vulnerables y dependientes, como son los niños, ancianos y personas con minusvalías", recalca el documento que da por asentado en Andalucía un modelo de ciudad dispersa propio de la sociedad estadounidense y que se ha importado en el último cuarto de siglo a Europa Occidental.
Las grandes ciudades soportaban en 1991 el tráfico que generaban 856.041 vehículos, en 2006 circulaban por ellas 1.353.271 coches, un 58% más en tan sólo 15 años. Esto ha supuesto hacer frente en los núcleos urbanos a más emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, azufre y sustancias que facilitan la contaminación por ozono, entre otros elementos perjudiciales.
El tráfico resulta, además, la principal fuente de ruido. Un 80% de la contaminación acústica la generan los vehículos, y, todo esto, en un contexto en el que los andaluces se declaran poco amigos de usar el transporte público, a pesar de ser mucho más eficiente en términos de litros de combustible necesarios por viajero y kilómetro. Más de un 80% de la población andaluza elige el vehículo privado para los desplazamientos frente al transporte público, según la última Encuesta sobre la Movilidad elaborada por el Ministerio de Fomento en 2007. Ante esta cifra, la Consejería de Medio Ambiente reclama en su informe "transformar el concepto de movilidad como derecho individual apoyando el transporte público como necesidad y derecho colectivo".
Otro de los grandes problemas que está generando el nuevo modelo de ciudad es el crecimiento de los residuos generados. Los andaluces ya producen cada año más basura que la media de la UE. Cada ciudadano lleva a los contenedores 550 kilos de residuos al año, frente a los 221,89 que generaban 20 años atrás, sin contar con los restos procedentes de la construcción y la demolición, ni los de procedencia industrial. Uno de los grandes fracasos, según la Consejería, ha sido no reducir el número de envases, de los que se recicla el 40%. Mejora, sin embargo, las cifras sobre reciclaje, especialmente del papel.
Extraído de Erllano.org
lunes, 4 de agosto de 2008
CRECE LA PERSECUCIÓN Y LAS AMANEZAS CONTRA LA DIRECCION NACIONAL DE LA JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA -
La Juventud Comunista Colombiana informa a la opinión pública nacional
e internacional los siguientes hechos:
1. El día 28 de julio de 2008, siendo las 10:20 am, sujetos
armados ingresaron al apartamento del dirigente JAIME OSORNO NAVARRO,
miembro del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista
Colombiana, los cuales luego de haberse identificado como trabajadores
de TELMEX, ingresaron violentamente al lugar donde se encontraba en
ese momento el militante de la JUCO PEDRO LUIS GENEY ARRIETO, quién
fue amenazado con puñal en la garganta, torturado, amarrado y
golpeado en repetidas veces. Dichos sujetos en el marco de la agresión
a PEDRO LUIS GENEY ARRIETO preguntaron por el dirigente Jaime Osorno
señalándolo de ser junto con él "guerrilleros". Posteriormente los
individuos requisaron el apartamento sustrayendo únicamente los
discos duros, dos computadores portátiles, y una cámara de fotográfica
los cuales se encontraban en la vivienda. Finalmente, procedieron a
envolverlo en una sábana amarrada con cables eléctricos y lo
encerraron en el guarda ropa de una de las habitaciones.
2. Ante estos graves hechos, la Juventud Comunista entabló la
respectiva denuncia penal en la unidad antiterrorista de la Fiscalía,
debidamente sustentado por el peritaje del CTI y de medicina legal
quien registró las heridas sufridas por Pedro Geney durante este
ataque.
3. El Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista
Colombiana, viene siendo objeto de constantes amenazas y
hostigamientos en los últimos meses, razón por la cual el compañero
DIEGO MARIN, miembro de la dirección nacional de la JUCO,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la
Universidad Nacional y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación
Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU, tuvo que salir del
país luego de haberse presentado un incidente donde se buscaba atentar
contra su vida.
4. Igualmente, tuvimos conocimiento de la existencia de unas
ordenes de investigación y de batalla por parte de la policía nacional
y los organismos de inteligencia contra JAIME OSORNO y varios
dirigentes de la JUCO durante una reunión de coordinación con el
comando de la policía de Cartagena, en vísperas de la realización del
IV Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, realizado a
finales de mayo del presente año. Otro número importante de miembros
del comité central y militantes se encuentran en situación de peligro
en varias regiones del país. No se puede olvidar que en días pasados
apareció el cuerpo sin vida del sindicalista y militante del Partido
Comunista GUILLERMO RIVERA, y de la existencia de pruebas que
incriminan directamente a la Policía Nacional en este execrable hecho.
5. Por todo lo anterior, queremos llamar la atención de las
autoridades civiles, de investigación y organismos de control para
que se investigue y prontamente se dé con los autores intelectuales y
materiales de estos hechos, que ponen en peligro la vida e integridad
de varios miembros de una organización política de oposición y
legalmente reconocida, que como en pasadas épocas ha sido víctima del
genocidio político y el terrorismo de Estado.
6. Exhortamos a todas las fuerzas vivas de la nación a rechazar
estas acciones criminales que comprometen seriamente a los agentes del
Estado. La solidaridad, la denuncia y la movilización contra los
crímenes de Estado, deben ser aspectos centrales en la lucha por la
paz, la democracia y la justicia social, como alternativa al proyecto
guerrerista y autoritario que representa el Presidente Uribe.
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA
La Juventud Comunista Colombiana informa a la opinión pública nacional
e internacional los siguientes hechos:
1. El día 28 de julio de 2008, siendo las 10:20 am, sujetos
armados ingresaron al apartamento del dirigente JAIME OSORNO NAVARRO,
miembro del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista
Colombiana, los cuales luego de haberse identificado como trabajadores
de TELMEX, ingresaron violentamente al lugar donde se encontraba en
ese momento el militante de la JUCO PEDRO LUIS GENEY ARRIETO, quién
fue amenazado con puñal en la garganta, torturado, amarrado y
golpeado en repetidas veces. Dichos sujetos en el marco de la agresión
a PEDRO LUIS GENEY ARRIETO preguntaron por el dirigente Jaime Osorno
señalándolo de ser junto con él "guerrilleros". Posteriormente los
individuos requisaron el apartamento sustrayendo únicamente los
discos duros, dos computadores portátiles, y una cámara de fotográfica
los cuales se encontraban en la vivienda. Finalmente, procedieron a
envolverlo en una sábana amarrada con cables eléctricos y lo
encerraron en el guarda ropa de una de las habitaciones.
2. Ante estos graves hechos, la Juventud Comunista entabló la
respectiva denuncia penal en la unidad antiterrorista de la Fiscalía,
debidamente sustentado por el peritaje del CTI y de medicina legal
quien registró las heridas sufridas por Pedro Geney durante este
ataque.
3. El Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista
Colombiana, viene siendo objeto de constantes amenazas y
hostigamientos en los últimos meses, razón por la cual el compañero
DIEGO MARIN, miembro de la dirección nacional de la JUCO,
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la
Universidad Nacional y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación
Colombiana de Estudiantes Universitarios – ACEU, tuvo que salir del
país luego de haberse presentado un incidente donde se buscaba atentar
contra su vida.
4. Igualmente, tuvimos conocimiento de la existencia de unas
ordenes de investigación y de batalla por parte de la policía nacional
y los organismos de inteligencia contra JAIME OSORNO y varios
dirigentes de la JUCO durante una reunión de coordinación con el
comando de la policía de Cartagena, en vísperas de la realización del
IV Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, realizado a
finales de mayo del presente año. Otro número importante de miembros
del comité central y militantes se encuentran en situación de peligro
en varias regiones del país. No se puede olvidar que en días pasados
apareció el cuerpo sin vida del sindicalista y militante del Partido
Comunista GUILLERMO RIVERA, y de la existencia de pruebas que
incriminan directamente a la Policía Nacional en este execrable hecho.
5. Por todo lo anterior, queremos llamar la atención de las
autoridades civiles, de investigación y organismos de control para
que se investigue y prontamente se dé con los autores intelectuales y
materiales de estos hechos, que ponen en peligro la vida e integridad
de varios miembros de una organización política de oposición y
legalmente reconocida, que como en pasadas épocas ha sido víctima del
genocidio político y el terrorismo de Estado.
6. Exhortamos a todas las fuerzas vivas de la nación a rechazar
estas acciones criminales que comprometen seriamente a los agentes del
Estado. La solidaridad, la denuncia y la movilización contra los
crímenes de Estado, deben ser aspectos centrales en la lucha por la
paz, la democracia y la justicia social, como alternativa al proyecto
guerrerista y autoritario que representa el Presidente Uribe.
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
JUVENTUD COMUNISTA COLOMBIANA
RESOLUCION DEL COMITE CENTRAL DE LOS CJC SOBRE LA CRISIS ECONOMICA
En los últimos meses, especialmente tras la llamada ‘’crisis de las hipotecas subprime'’ acaecida en los EE.UU. y su posterior importación a las economías europeas, la cuestión de la crisis económica ha cobrado una gran relevancia mediática. Diversos eufemismos se han utilizado hasta el momento para tratar de velar y ocultar la fase recesiva por la cual atraviesa la economía mundial en la actualidad, fase recesiva que tendrá su culminación en el estallido de una crisis económica global y absoluta en todos los ámbitos de la economía mundial.
En el caso concreto de España, la cínica propaganda de la socialdemocracia liberal ha quedado ya al descubierto. Con términos tales como ‘’deceleración'’,'’periodo de dificultades económicas'’ o ‘’fase de descenso acusado'’, el gobierno del PSOE ha tratado de parapetar y falsear el carácter inmediato de la crisis económica, de nuevo tratando de cargarla sobre la ya quebrada espalda de la clase trabajadora, y con mayor peso sobre sus sectores más desprotegidos, como la juventud, tanto trabajadora como estudiante, los inmigrantes y las mujeres.
Y mayor será la carga si los trabajadores y los sectores populares no
son capaces de articular una respuesta fuerte a la ofensiva del
capital, que intenta arrebatarle derechos conseguidos con sangre,
sudor y lágrimas, con la lucha obrera, como la jornada laboral de 40
horas.
Se proponen retraer la situación laboral de los trabajadores a la de
hace más de un siglo. La promulgación de la jornada laboral de 65
horas, los llamamientos a la flexibilidad del mercado de trabajo, el
recorte de gasto en política social, la directiva sobre inmigración
para crear campos de concentración, el aumento del paro (que ha subido
a cotas de hace 20 años) , la congelación de los salarios y la
inflación desorbitada de los bienes mas necesarios, es decir, la
depauperación absoluta de las condiciones de la clase, se conjugan con
las enormes sumas de dinero regaladas por el gobierno a los grandes
constructores e inmobiliarias que especulan con el suelo, con los
millonarios beneficios de la banca acumulados mediante las hipotecas y
préstamos basura, y con el enriquecimiento de los grandes empresarios
que cada vez más someten a una mayor explotación a los trabajadores.
La juventud es una de las más afectadas en esta situación, si antes
era difícil acceder a una vivienda, ahora se hace imposible. La
inestabilidad laboral, la precariedad, los bajos salarios y el grado
de sometimiento en los puestos de trabajo a las condiciones impuestas
son factores que dificultan la movilización, pero la organización y
estructuración de la lucha en los centros de trabajo y estudio son
imprescindibles para avanzar en los derechos de la clase obrera.
Es necesario el fortalecimiento de las posiciones de los trabajadores
y los sectores populares contra la ofensiva del capital, si no, el
retroceso será a cotas de inédita miseria. Hoy más que nunca, se torna
imprescindible la unidad popular con el objetivo de luchar por sus
intereses más inmediatos. La movilización de la clase trabajadora y
los estudiantes y elevar su conciencia de clase serán claves para
frenar las nuevas medidas laborales y conseguir que la crisis la
paguen los ricos.
La crisis capitalista que la paguen los ricos
En el caso concreto de España, la cínica propaganda de la socialdemocracia liberal ha quedado ya al descubierto. Con términos tales como ‘’deceleración'’,'’periodo de dificultades económicas'’ o ‘’fase de descenso acusado'’, el gobierno del PSOE ha tratado de parapetar y falsear el carácter inmediato de la crisis económica, de nuevo tratando de cargarla sobre la ya quebrada espalda de la clase trabajadora, y con mayor peso sobre sus sectores más desprotegidos, como la juventud, tanto trabajadora como estudiante, los inmigrantes y las mujeres.
Y mayor será la carga si los trabajadores y los sectores populares no
son capaces de articular una respuesta fuerte a la ofensiva del
capital, que intenta arrebatarle derechos conseguidos con sangre,
sudor y lágrimas, con la lucha obrera, como la jornada laboral de 40
horas.
Se proponen retraer la situación laboral de los trabajadores a la de
hace más de un siglo. La promulgación de la jornada laboral de 65
horas, los llamamientos a la flexibilidad del mercado de trabajo, el
recorte de gasto en política social, la directiva sobre inmigración
para crear campos de concentración, el aumento del paro (que ha subido
a cotas de hace 20 años) , la congelación de los salarios y la
inflación desorbitada de los bienes mas necesarios, es decir, la
depauperación absoluta de las condiciones de la clase, se conjugan con
las enormes sumas de dinero regaladas por el gobierno a los grandes
constructores e inmobiliarias que especulan con el suelo, con los
millonarios beneficios de la banca acumulados mediante las hipotecas y
préstamos basura, y con el enriquecimiento de los grandes empresarios
que cada vez más someten a una mayor explotación a los trabajadores.
La juventud es una de las más afectadas en esta situación, si antes
era difícil acceder a una vivienda, ahora se hace imposible. La
inestabilidad laboral, la precariedad, los bajos salarios y el grado
de sometimiento en los puestos de trabajo a las condiciones impuestas
son factores que dificultan la movilización, pero la organización y
estructuración de la lucha en los centros de trabajo y estudio son
imprescindibles para avanzar en los derechos de la clase obrera.
Es necesario el fortalecimiento de las posiciones de los trabajadores
y los sectores populares contra la ofensiva del capital, si no, el
retroceso será a cotas de inédita miseria. Hoy más que nunca, se torna
imprescindible la unidad popular con el objetivo de luchar por sus
intereses más inmediatos. La movilización de la clase trabajadora y
los estudiantes y elevar su conciencia de clase serán claves para
frenar las nuevas medidas laborales y conseguir que la crisis la
paguen los ricos.
La crisis capitalista que la paguen los ricos
La libertad de expresión de la Ser
Pascual Serrano
Rebelión
¿Cómo reaccionaríamos si un medio de comunicación público obligase a abandonar el estudio a un invitado que criticase al gobierno? Es indudable que en un sistema democrático un comportamiento así desde un medio estatal sería intolerable. Sin embargo, es lo que hizo la cadena Ser el pasado 25 de julio con el profesor de Filosofía Carlos Fernández Liria. “Sí, se va, porque el señor Carlos Fernández Liria no quiere debatir sobre Venezuela y es para eso para lo que le hemos invitado y no para otra cosa”, le espetó la periodista en el programa La Ventana de la cadena Ser cuando este profesor criticó al grupo empresarial Prisa por el tratamiento informativo que otorga a Venezuela y la complicidad del diario El País con el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril del año 2002.
Ya anteriormente, la periodista calificó las opiniones de Fernández Liria sobre el grupo empresarial Prisa de “alusiones personales” y afirmó “yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones”.
De forma que en ese programa pudimos comprobar que en un medio de comunicación del grupo empresarial Prisa se puede hablar en contra o a favor de Chávez, aunque sea en una proporción de cien a uno, o en contra o a favor de cualquier otro gobierno, pero lo que bajo ningún concepto se permite es hacerlo en contra de la empresa propietaria del medio.
Es curioso, pero con el comportamiento de la periodista de la Cadena Ser se le estaba dando la razón al razonamiento de Carlos Fernández Liria en su reciente artículo “Estatalizar la prensa”. En él, este profesor propone como mecanismo para fortalecer la libertad de expresión establecer “la independencia profesional del periodista, del mismo modo que los profesores tienen libertad de cátedra y los jueces tienen blindado el ejercicio libre de su función”. Según su tesis, el entorno público es el único que permite a un profesor o un juez ejercer libremente sin las presiones empresariales de su patrón, algo que no sucede con el periodista del medio de comunicación privado, quien, por razones laborales “puede ser despedido por no ceñirse a los dictados de la empresa que le contrató”, tal y como sucede con un profesor de la enseñanza privada.
Y eso precisamente es lo que demostró la Ser en ese programa, mediante una periodista que al escuchar críticas al grupo empresarial de su cadena de radio afirma “yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones” y despidiéndole del estudio. Nunca se hubiera tolerado a un periodista de, por ejemplo, Radio Nacional de España o de Venezuela, argumentar “yo trabajo para este gobierno o esta administración y no le voy a permitir esas acusaciones”.
Ejemplos como éste deben hacernos ver la falacia de quienes denominan “medios independientes” a los privados y “oficiales” a los públicos. El control empresarial es tan férreo que, desde hace ya mucho tiempo, donde sólo se puede lograr la verdadera independencia es en un medio público no sometido al nepotismo de los accionistas y dueños de una empresa propietaria de un medio de comunicación.
Rebelión
¿Cómo reaccionaríamos si un medio de comunicación público obligase a abandonar el estudio a un invitado que criticase al gobierno? Es indudable que en un sistema democrático un comportamiento así desde un medio estatal sería intolerable. Sin embargo, es lo que hizo la cadena Ser el pasado 25 de julio con el profesor de Filosofía Carlos Fernández Liria. “Sí, se va, porque el señor Carlos Fernández Liria no quiere debatir sobre Venezuela y es para eso para lo que le hemos invitado y no para otra cosa”, le espetó la periodista en el programa La Ventana de la cadena Ser cuando este profesor criticó al grupo empresarial Prisa por el tratamiento informativo que otorga a Venezuela y la complicidad del diario El País con el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril del año 2002.
Ya anteriormente, la periodista calificó las opiniones de Fernández Liria sobre el grupo empresarial Prisa de “alusiones personales” y afirmó “yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones”.
De forma que en ese programa pudimos comprobar que en un medio de comunicación del grupo empresarial Prisa se puede hablar en contra o a favor de Chávez, aunque sea en una proporción de cien a uno, o en contra o a favor de cualquier otro gobierno, pero lo que bajo ningún concepto se permite es hacerlo en contra de la empresa propietaria del medio.
Es curioso, pero con el comportamiento de la periodista de la Cadena Ser se le estaba dando la razón al razonamiento de Carlos Fernández Liria en su reciente artículo “Estatalizar la prensa”. En él, este profesor propone como mecanismo para fortalecer la libertad de expresión establecer “la independencia profesional del periodista, del mismo modo que los profesores tienen libertad de cátedra y los jueces tienen blindado el ejercicio libre de su función”. Según su tesis, el entorno público es el único que permite a un profesor o un juez ejercer libremente sin las presiones empresariales de su patrón, algo que no sucede con el periodista del medio de comunicación privado, quien, por razones laborales “puede ser despedido por no ceñirse a los dictados de la empresa que le contrató”, tal y como sucede con un profesor de la enseñanza privada.
Y eso precisamente es lo que demostró la Ser en ese programa, mediante una periodista que al escuchar críticas al grupo empresarial de su cadena de radio afirma “yo trabajo en esta casa y no le voy a permitir esas alusiones” y despidiéndole del estudio. Nunca se hubiera tolerado a un periodista de, por ejemplo, Radio Nacional de España o de Venezuela, argumentar “yo trabajo para este gobierno o esta administración y no le voy a permitir esas acusaciones”.
Ejemplos como éste deben hacernos ver la falacia de quienes denominan “medios independientes” a los privados y “oficiales” a los públicos. El control empresarial es tan férreo que, desde hace ya mucho tiempo, donde sólo se puede lograr la verdadera independencia es en un medio público no sometido al nepotismo de los accionistas y dueños de una empresa propietaria de un medio de comunicación.
Asamblea de la A.G.E.
En el paréntesis veraniego, aunque como sabéis AGE no descansa del todo nunca, la secretaría general de AGE hace público un importante documento, aprobado por todos los guerrilleros de AGE.
1. LA REUNIÓN habida hace unos días en el Ministerio de Defensa entre varios guerrilleros con un representante de la Ministra.
2. RATIFICAR el rechazo y la condena de la ley 52/2007, "de la Memoria Histórica".
3. LA DENUNCIA del intento de manipulación de lo que la Guerrilla Antifranquista ha significado en el plano histórico, por parte organizaciones y colectivos que se han amparado en la temática de la resistencia antifranquista, con objetivos reales que nada tienen que ver con el tema que pretender liderar.
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COMUNICADO DE LOS GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Dado que la recientemente aprobada y conocida como "ley de la memoria histórica" no contempla la condena jurídica de la dictadura, no anula los juicios sumarísimos y no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo, nos vemos obligados a reiterar las cuestiones reivindicadas en manifiestos precedentes.
El colectivo de guerrilleros antifranquistas abajo firmantes expresan su parlamento en el día dedicado al monumento guerrillero antifascista de Santa Cruz de Moya, con motivo del encuentro anual en memoria de la lucha mantenida durante la pasada Dictadura por todos los ciudadanos que arriesgaron su libertad, su integridad física, y hasta su vida en la defensa de las libertades, y en particular de quienes desde la guerrilla fueron los últimos soldados del Ejército de la República tras el triunfo de los militares golpistas y los partidos de índole fascista e integristas católicos.
Creemos que la conmemoración, en cualquier lugar significado, de esta terrible lucha es una necesidad de nuestra sociedad que tras treinta años de pactos de silencio y forzado letargo empieza ahora a exigir saber la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura franquista. Gracias a nuestra labor pedagógica desde AGE hemos conseguido que las conmemoraciones sean muchas y desde muchos territorios.
El principio de resistencia frente a la opresión o la tiranía está en la base del estado moderno de derecho y se encuentra recogido en algunas constituciones europeas. Los guerrilleros antifranquistas, tal y como hizo la resistencia en otros países europeos frente al nacional socialismo alemán y al fascismo italiano, defendimos la legalidad republicana y los valores democráticos plasmados en la misma. Reafirmamos, desde este punto de vista la legitimidad de nuestra lucha, frente a concepciones pre-modernas y negadoras de los derechos que aún se esgrimen, desafortunadamente, en España.
El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde los años ochenta, su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. No podemos aceptar un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados "Países Europeos del Eje".
El día 16 de julio de 2008 hemos mantenido una entrevista con el Director del Gabinete de la Ministra de Defensa, Dña. Carme Chacón Piqueras, a raíz de una solicitud que hicimos en tal sentido a través de nuestra asociación AGE. Es la primera vez en la etapa postfranquista que este Ministerio recibe a una delegación de guerrilleros antifranquistas. Durante la entrevista se ha mantenido un diálogo claro donde ambas partes expresaron sus posiciones. Esperamos ahora que el Ministerio de Defensa cumpla con lo acordado en dicha reunión para permitir una mejor defensa de los intereses jurídicos de los guerrilleros y otros colectivos sancionados por el franquismo.
Vemos con ánimo el hecho de que se multipliquen año tras año los actos de homenaje a los guerrilleros asesinados por la guardia civil o muertos en combate y que desde múltiples instancias se dediquen estudios y públicos debates a nuestra lucha, pero creemos que estos homenajes, esos estudios y debates sólo toman todo su contenido cuando quienes los inspiran y mantienen se suman a nuestras reivindicaciones. Creemos que es un mal síntoma social que se utilice la imagen de la lucha guerrillera contra el franquismo para medro de personas que no están ni interesadas verdaderamente ni convencidas de la dignidad de nuestra lucha. Exigimos por tanto a todos los que instan este tipo de actos que apoyen de corazón y con hechos nuestras reivindicaciones: nuestro reconocimiento jurídico, militar y social como últimos soldados del Ejército de la República, la declaración por ley de la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales militares y civiles del ilegal régimen franquista en el marco del sistema de la represión y el reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura.
En defecto de una ley que conlleve el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, incluido nuestro colectivo, y que sea acorde a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, instamos a los ayuntamientos y parlamentos regionales a emitir declaraciones institucionales en este sentido, lo que les permitirá adoptar una instancia moral y ética de cara a las víctimas al nivel de la adoptada por otros países europeos que tuvieron que hacer frente al problema de los fascismos. (*)
Demandamos la adhesión formal y explícita a todas las gentes de bien para que nuestro reconocimiento jurídico sea aprobado por ley, y, aunque celebramos que en Santa Cruz de Moya se convoquen unas jornadas de estudios académicos sobre nuestra pasada lucha, lamentamos que ni el ayuntamiento ni el colectivo organizador hayan firmado su adhesión a nuestras viejas y legítimas reivindicaciones de justicia, razón por la que nos vemos obligados a comunicar a la opinión pública nuestra retirada de cualquier participación en esos actos que ayuntamiento y colectivo organizador han diseñado sin previa adhesión formal a nuestra justa causa y por tanto al objetivo que, como protagonistas de los hechos que se quieren conmemorar, nos corresponde. Sólo queremos que se nos dé nuestro verdadero lugar en la historia de todos y que se reconozca, jurídica y socialmente nuestro papel en la lucha contra la dictadura franquista.
A la espera de que sea pronto un clamor social el apoyo a estas reivindicaciones os esperamos a todos los demócratas, antifascistas, y especialmente a los jóvenes, para seguir adelante con la defensa de los valores democráticos y las libertades civiles por los cuales llevamos a cabo nuestra lucha y que se perdieron con el término de la Segunda República, de ahí que siga teniendo plena vigencia nuestra consigna "resistir es vencer". En cada Ayuntamiento se necesita una moción de adhesión a las reivindicaciones de los guerrilleros y un rechazo rotundo a la recientemente aprobada ley de "memoria histórica" del Gobierno. (**)
Los guerrilleros antifranquistas seguimos defendiendo los valores democráticos desde todos los ámbitos posibles. Nuestros espacios son múltiples y seguiremos adelante luchando por una Ley de la Memoria que contemple los aspectos de verdad, justicia y reparación a los que tienen derecho las víctimas del franquismo. Consideramos que la recientemente aprobada no es acorde a los valores republicanos y democráticos, no estando en consonancia con la defensa de las libertades civiles y los derechos por los que tantos compañeros dejaron la vida.
* * *
Este comunicado ha sido firmado por los siguientes guerrilleros antifranquistas: Esperanza Martínez "Sole" (AGLA), Amada Martínez "Rosita" (AGLA), Angelita Martínez (AGLA), José Murillo Murillo "Comandante Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena, Córdoba), Francisco Martínez López "Quico" (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Jesús de Cos Borbolla "Pablo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Felipe Matarranz "Lobo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Gerardo Antón Garrido "Pinto" (Agrupación Guerrillera de Extremadura. Cáceres), Camilo de Dios Fernández (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Antonio Pérez Barreiro (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Consuelo Rodríguez López (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Gumersindo Seigido (Agrupación Guerrillera de Galicia). Y lo firmaron antes de fallecer en los pasados años, Julián Antonio Ramírez, Eduard Pons Prades, José Moreno Salazar, Benjamín Rubio y Miguel Padial. En su memoria nos hacemos eco de la voz de los que han quedado en el camino.
Para adhesiones:
Pueden adherirse al Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública enviando un mensaje a AGE a la siguiente dirección electrónica: age@derechos.org y especificando los siguientes datos: organización, nombre y apellidos, ciudad, país y correo electrónico.
1. LA REUNIÓN habida hace unos días en el Ministerio de Defensa entre varios guerrilleros con un representante de la Ministra.
2. RATIFICAR el rechazo y la condena de la ley 52/2007, "de la Memoria Histórica".
3. LA DENUNCIA del intento de manipulación de lo que la Guerrilla Antifranquista ha significado en el plano histórico, por parte organizaciones y colectivos que se han amparado en la temática de la resistencia antifranquista, con objetivos reales que nada tienen que ver con el tema que pretender liderar.
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COMUNICADO DE LOS GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Dado que la recientemente aprobada y conocida como "ley de la memoria histórica" no contempla la condena jurídica de la dictadura, no anula los juicios sumarísimos y no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo, nos vemos obligados a reiterar las cuestiones reivindicadas en manifiestos precedentes.
El colectivo de guerrilleros antifranquistas abajo firmantes expresan su parlamento en el día dedicado al monumento guerrillero antifascista de Santa Cruz de Moya, con motivo del encuentro anual en memoria de la lucha mantenida durante la pasada Dictadura por todos los ciudadanos que arriesgaron su libertad, su integridad física, y hasta su vida en la defensa de las libertades, y en particular de quienes desde la guerrilla fueron los últimos soldados del Ejército de la República tras el triunfo de los militares golpistas y los partidos de índole fascista e integristas católicos.
Creemos que la conmemoración, en cualquier lugar significado, de esta terrible lucha es una necesidad de nuestra sociedad que tras treinta años de pactos de silencio y forzado letargo empieza ahora a exigir saber la verdad de lo que ocurrió durante la dictadura franquista. Gracias a nuestra labor pedagógica desde AGE hemos conseguido que las conmemoraciones sean muchas y desde muchos territorios.
El principio de resistencia frente a la opresión o la tiranía está en la base del estado moderno de derecho y se encuentra recogido en algunas constituciones europeas. Los guerrilleros antifranquistas, tal y como hizo la resistencia en otros países europeos frente al nacional socialismo alemán y al fascismo italiano, defendimos la legalidad republicana y los valores democráticos plasmados en la misma. Reafirmamos, desde este punto de vista la legitimidad de nuestra lucha, frente a concepciones pre-modernas y negadoras de los derechos que aún se esgrimen, desafortunadamente, en España.
El colectivo de guerrilleros ha solicitado a todos los gobiernos democráticos desde los años ochenta, su reconocimiento jurídico y la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados y llevados a presidio o fusilados los compañeros en el monte y en el llano o las ciudades. No podemos aceptar un simple reconocimiento moral sin verdaderas consecuencias sociales, jurídicas y políticas, que permita mantener el silencio de quienes pactaron un olvido ignominioso ante los crímenes del franquismo. Los miles de ejecutados, desaparecidos, torturados, exiliados y encarcelados nos exigen reclamar de todos los poderes públicos un reconocimiento jurídico y una anulación de los consejos de guerra que permita a la sociedad reconocerse en los ciudadanos que lucharon por sus libertades y mantener la dignidad y la honorabilidad de quienes resistimos al fascismo, tal y como hicieron los compañeros de la resistencia en otros países de Europa y frente a los denominados "Países Europeos del Eje".
El día 16 de julio de 2008 hemos mantenido una entrevista con el Director del Gabinete de la Ministra de Defensa, Dña. Carme Chacón Piqueras, a raíz de una solicitud que hicimos en tal sentido a través de nuestra asociación AGE. Es la primera vez en la etapa postfranquista que este Ministerio recibe a una delegación de guerrilleros antifranquistas. Durante la entrevista se ha mantenido un diálogo claro donde ambas partes expresaron sus posiciones. Esperamos ahora que el Ministerio de Defensa cumpla con lo acordado en dicha reunión para permitir una mejor defensa de los intereses jurídicos de los guerrilleros y otros colectivos sancionados por el franquismo.
Vemos con ánimo el hecho de que se multipliquen año tras año los actos de homenaje a los guerrilleros asesinados por la guardia civil o muertos en combate y que desde múltiples instancias se dediquen estudios y públicos debates a nuestra lucha, pero creemos que estos homenajes, esos estudios y debates sólo toman todo su contenido cuando quienes los inspiran y mantienen se suman a nuestras reivindicaciones. Creemos que es un mal síntoma social que se utilice la imagen de la lucha guerrillera contra el franquismo para medro de personas que no están ni interesadas verdaderamente ni convencidas de la dignidad de nuestra lucha. Exigimos por tanto a todos los que instan este tipo de actos que apoyen de corazón y con hechos nuestras reivindicaciones: nuestro reconocimiento jurídico, militar y social como últimos soldados del Ejército de la República, la declaración por ley de la nulidad de todas las sentencias dictadas por los tribunales militares y civiles del ilegal régimen franquista en el marco del sistema de la represión y el reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura.
En defecto de una ley que conlleve el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, incluido nuestro colectivo, y que sea acorde a los principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos, instamos a los ayuntamientos y parlamentos regionales a emitir declaraciones institucionales en este sentido, lo que les permitirá adoptar una instancia moral y ética de cara a las víctimas al nivel de la adoptada por otros países europeos que tuvieron que hacer frente al problema de los fascismos. (*)
Demandamos la adhesión formal y explícita a todas las gentes de bien para que nuestro reconocimiento jurídico sea aprobado por ley, y, aunque celebramos que en Santa Cruz de Moya se convoquen unas jornadas de estudios académicos sobre nuestra pasada lucha, lamentamos que ni el ayuntamiento ni el colectivo organizador hayan firmado su adhesión a nuestras viejas y legítimas reivindicaciones de justicia, razón por la que nos vemos obligados a comunicar a la opinión pública nuestra retirada de cualquier participación en esos actos que ayuntamiento y colectivo organizador han diseñado sin previa adhesión formal a nuestra justa causa y por tanto al objetivo que, como protagonistas de los hechos que se quieren conmemorar, nos corresponde. Sólo queremos que se nos dé nuestro verdadero lugar en la historia de todos y que se reconozca, jurídica y socialmente nuestro papel en la lucha contra la dictadura franquista.
A la espera de que sea pronto un clamor social el apoyo a estas reivindicaciones os esperamos a todos los demócratas, antifascistas, y especialmente a los jóvenes, para seguir adelante con la defensa de los valores democráticos y las libertades civiles por los cuales llevamos a cabo nuestra lucha y que se perdieron con el término de la Segunda República, de ahí que siga teniendo plena vigencia nuestra consigna "resistir es vencer". En cada Ayuntamiento se necesita una moción de adhesión a las reivindicaciones de los guerrilleros y un rechazo rotundo a la recientemente aprobada ley de "memoria histórica" del Gobierno. (**)
Los guerrilleros antifranquistas seguimos defendiendo los valores democráticos desde todos los ámbitos posibles. Nuestros espacios son múltiples y seguiremos adelante luchando por una Ley de la Memoria que contemple los aspectos de verdad, justicia y reparación a los que tienen derecho las víctimas del franquismo. Consideramos que la recientemente aprobada no es acorde a los valores republicanos y democráticos, no estando en consonancia con la defensa de las libertades civiles y los derechos por los que tantos compañeros dejaron la vida.
* * *
Este comunicado ha sido firmado por los siguientes guerrilleros antifranquistas: Esperanza Martínez "Sole" (AGLA), Amada Martínez "Rosita" (AGLA), Angelita Martínez (AGLA), José Murillo Murillo "Comandante Ríos" (Agrupación Guerrillera de Sierra Morena, Córdoba), Francisco Martínez López "Quico" (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Jesús de Cos Borbolla "Pablo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Felipe Matarranz "Lobo" (Agrupación Guerrillera Cántabro-Astur), Gerardo Antón Garrido "Pinto" (Agrupación Guerrillera de Extremadura. Cáceres), Camilo de Dios Fernández (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Antonio Pérez Barreiro (2ª Agrupación Guerrillera de Orense. Galicia), Consuelo Rodríguez López (Agrupación Guerrillera de León-Galicia), Gumersindo Seigido (Agrupación Guerrillera de Galicia). Y lo firmaron antes de fallecer en los pasados años, Julián Antonio Ramírez, Eduard Pons Prades, José Moreno Salazar, Benjamín Rubio y Miguel Padial. En su memoria nos hacemos eco de la voz de los que han quedado en el camino.
Para adhesiones:
Pueden adherirse al Comunicado de los Guerrilleros Antifranquistas a la opinión pública enviando un mensaje a AGE a la siguiente dirección electrónica: age@derechos.org y especificando los siguientes datos: organización, nombre y apellidos, ciudad, país y correo electrónico.
El coronel del Ejército español Amadeo Martínez Inglés acusa formalmente al rey Juan Carlos I ante el presidente del Congreso de los Diputados
inSurGente.- "(...) Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación: Un intento de golpe de Estado, (...) la puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte, (...) enriquecerse de una forma exagerada e ilegal, (...) ejercer la corrupción continuada y generalizada, (...) desviar fondos reservados del Estado, (...) un presunto asesinato (...)". Lean el texto íntegro de la carta. No la busquen en Falsimedia, que no la encontrarán.
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara) contestó al mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1º.- Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º.- La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º.- Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º.- Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)
5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6.- Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y otorgado”.
En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad y que resumo de nuevo:
1º.- La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F” y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2º.- La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).
4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los interesados persiguiendo algo a cambio.
5º.- Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.
6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en “Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y, sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical teoría oficial, nos salvó a todos.
Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F) pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella” Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros, presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo nada por evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
martes, 29 de julio de 2008
Movimientos sociales de España muestran su apoyo a Revolución Bolivariana
Mientras el presidente Hugo Chávez se reunía con el rey de España, Juan Carlos de Borbón, en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, en Madrid el Sindicato de Estudiantes de España, así como otros movimientos sociales que hacen vida en la capital ibérica, realizaron una concentración en apoyo al mandatario venezolano y al Gobierno Bolivariano.
Y a pesar del inclemente sol que caía en la ciudad de Madrid, y al intenso calor que sofocaba a todo aquel que transitaba por las áreas verdes del Parque del Oeste de Madrid, este grupo de jóvenes estudiantes, así como hombres y mujeres pertenecientes a los grupos sociales, entre ellos una organización de extranjeros conocida como Coordinadora de Inmigrantes, se reunieron a los pies de la estatua del Libertador Simón Bolívar, ubicada en los espacios del parque.
Gritaban consignas a favor del presidente Chávez, de Venezuela y América Latina toda, tales como: “¡España presente, Chávez presidente!, ¡Al socialismo no lo pararan!, ¡Manos fuera de Cuba y Venezuela!, ¡Fuera de Chile, fuera de Argentina, fuera los yanquis de América Latina!, ¡Alerta, alerta! ¡Alerta que camina / la lucha socialista por América Latina!”, y una que dejaba claro los caminos por los que está transitando Venezuela: ¡Iska, iska, iska, Venezuela socialista!”
Revolución Bolivariana es la liberación de los oprimidos
"La Revolución venezolana es una nueva liberación, es la nueva liberación de los oprimidos y de los pueblos que están sufriendo bajo el yugo del imperialismo".
Esta frase fue pronunciada por el secretario general del Sindicato Nacional de Estudiantes de España, Juanjo López, en el marco de la concentración realizada por un grupo de movimientos sociales de España, la cual se llevó a cabo en la Plaza Bolívar ubicada en el Parque del Oeste, de Madrid.
López aseguró que la organización que él dirige y el movimiento internacional Manos Fuera de Venezuela realizaron la concentración para mostrar su solidaridad para con la Revolución Bolivariana, la cual a su entender es insultada y ocultada por los grandes medios de comunicación de España y el mundo.
López asegura que la razón de esto es el gran odio que los capitalistas del mundo sienten hacia la Revolución Bolivariana, y por ello hacen lo posible por esconder los logros sociales que el proceso ha dado a Venezuela en educación, salud, en las condiciones de vida de sus habitantes, y por ello es un gran ejemplo no sólo para América Latina, sino para los jóvenes y trabajadores en España.
"El principal temor de los capitalistas y de las multinacionales es que la Revolución se extienda por toda Latinoamérica, y que por consiguiente también afecte a España", precisó López y añadió que por ello apoyan al presidente Chávez, porque representa la Revolución en Venezuela y es un verdadero revolucionario que ha traído la Revolución a América Latina.
Y a pesar del inclemente sol que caía en la ciudad de Madrid, y al intenso calor que sofocaba a todo aquel que transitaba por las áreas verdes del Parque del Oeste de Madrid, este grupo de jóvenes estudiantes, así como hombres y mujeres pertenecientes a los grupos sociales, entre ellos una organización de extranjeros conocida como Coordinadora de Inmigrantes, se reunieron a los pies de la estatua del Libertador Simón Bolívar, ubicada en los espacios del parque.
Gritaban consignas a favor del presidente Chávez, de Venezuela y América Latina toda, tales como: “¡España presente, Chávez presidente!, ¡Al socialismo no lo pararan!, ¡Manos fuera de Cuba y Venezuela!, ¡Fuera de Chile, fuera de Argentina, fuera los yanquis de América Latina!, ¡Alerta, alerta! ¡Alerta que camina / la lucha socialista por América Latina!”, y una que dejaba claro los caminos por los que está transitando Venezuela: ¡Iska, iska, iska, Venezuela socialista!”
Revolución Bolivariana es la liberación de los oprimidos
"La Revolución venezolana es una nueva liberación, es la nueva liberación de los oprimidos y de los pueblos que están sufriendo bajo el yugo del imperialismo".
Esta frase fue pronunciada por el secretario general del Sindicato Nacional de Estudiantes de España, Juanjo López, en el marco de la concentración realizada por un grupo de movimientos sociales de España, la cual se llevó a cabo en la Plaza Bolívar ubicada en el Parque del Oeste, de Madrid.
López aseguró que la organización que él dirige y el movimiento internacional Manos Fuera de Venezuela realizaron la concentración para mostrar su solidaridad para con la Revolución Bolivariana, la cual a su entender es insultada y ocultada por los grandes medios de comunicación de España y el mundo.
López asegura que la razón de esto es el gran odio que los capitalistas del mundo sienten hacia la Revolución Bolivariana, y por ello hacen lo posible por esconder los logros sociales que el proceso ha dado a Venezuela en educación, salud, en las condiciones de vida de sus habitantes, y por ello es un gran ejemplo no sólo para América Latina, sino para los jóvenes y trabajadores en España.
"El principal temor de los capitalistas y de las multinacionales es que la Revolución se extienda por toda Latinoamérica, y que por consiguiente también afecte a España", precisó López y añadió que por ello apoyan al presidente Chávez, porque representa la Revolución en Venezuela y es un verdadero revolucionario que ha traído la Revolución a América Latina.
CRÍNICA DE LA 19 ESCUELA CENTRAL DE LOS CJC
Con el lema “Aprender y estudiar para transformar la realidad”, desde el miércoles 16 de julio hasta el domingo 20, se ha celebrado en Alicante uno de los acontecimientos más importantes de los CJC de este año. A lo largo de cinco días, más de 50 militantes y simpatizantes de la organización procedentes de los distintos pueblos y naciones delEstado, nos hemos reunido, hemos debatido y hemos convivido juntos para armarnos ideológicamente para la revolución.
Nuestra organización se define como escuela juvenil de comunistas y por eso hemos conjugando aprendizaje teórico y práctico con espacios de ocio: charlas, talleres, debates, actividades deportivas, cine, música… En estos cinco días hemos tenido tiempo de hacer muchas cosas, aunque la mayoría ya tenemos ganas de la próxima escuela.
La afirmación “sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria” resume el ánimo y la disposición de todos y todas las asistentes. De manera transversal, se ha percibido en todas las actividades formativas y de ocio. Desde las complejas exposiciones en torno a la economía política y la dialéctica hasta debates que generan una gran polémica social, como el derecho de autodeterminación de los pueblos o el feminismo, han sido dotados de una perspectiva marxista que aporta soluciones concretas a la realidad y, a su vez, han sido acogidos con entusiasmo por todos y todas las asistentes para mejorar la capacidad de intervención de los CJC en todos los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad, ya sea en nuestro pueblo o ciudad, ya sea en nuestro centro de trabajo o de estudio.
El “Análisis leninista del estado” nos ha mostrado cómo se crean los estados y cómo se conforman sus estructuras de dominación de clase, mientras que con “El proceso de la transición en el estado español” hemos aprendido a hacer un análisis crítico de uno de los puntos clave de la historia reciente del estado español que nos dejó como herencia una constitución monárquica y una impunidad sangrante de la dictadura franquista.
En el apartado internacional hemos desarrollado un “Taller sobre el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes”, explicando la historia y el funcionamiento del evento juvenil anti-imperialista más importante del mundo y de la organización que lo convoca: la Federación Mundial de la Juventud Democrática (de la que los CJC formamos parte). El “Taller de Palestina” ha permitido acercar una de los conflictos más duros y persistentes del mundo, como es el denominado conflicto de Oriente Medio y que no es mas que la salvaje opresión imperialista del estado ilegítimo de Israel contra el heroico pueblo palestino.
Con los “Conceptos fundamentales de economía política” y “La dialéctica como método de conocimiento” nos hemos adentrado en terrenos complejos, el primero del ámbito económico y el segundo del filosófico, pero en ambos casos los ponentes han sido capaces de utilizar un lenguaje cercano que nos ha ayudado a introducirnos en conceptos imprescindibles para entender la base científica del método marxista de análisis de la realidad.
El “Taller de feminismo” nos ha enseñado a definir que es el patriarcado y el lugar fundamental que ocupa dentro de las estructuras de dominación del capitalismo situando a la mujer ante la doble tarea de tener que emanciparse de ambos yugos. En este taller hemos puesto en práctica grupos de trabajo e incluso varios sketches en los que reflexionábamos sobre situaciones en que aún seguimos reproduciendo actitudes machistas incluso en el seno de la propia organización.
La visita de Belén Gopegui, escritora, guionista y firme defensora de la Revolución cubana, como ponente de excepción en “Los intelectuales y la revolución” nos ha ayudado a apreciar el papel fundamental que juegan los intelectuales comprometidos dentro de los procesos revolucionarios, y de la necesaria cautela frente a aquellos que bajo un barniz progresista utilizan la proyección pública que les otorga su trabajo para comportarse de manera incoherente y, en ocasiones, contrarrevolucionaria.
En “Los marxistas ante el derecho de autodeterminación de los pueblos” hemos contado con la intervención de Carmelo Suárez, Secretario General del PCPE, con el que hemos mantenido un interesante debate tratando de definir que es un pueblo, un estado y una nación y con el que hemos podido hablar sobre la propuesta del Partido de crear una República de carácter confederal en el estado español que ayudaría a resolver el conflicto de las nacionalidades históricas.
Junto a todas estas actividades de tipo intelectual hemos desarrollado otras de ocio y tiempo libre como una liguilla de fútbol, un cine de verano, una fiesta solidaria con la Juventud Comunista Checa y un concierto contra el racismo y el fascismo. Desarrollar un ocio alternativo es uno de los objetivos de nuestra organización. Sin un ocio superador, la juventud difícilmente puede escapar de la alineación capitalista.
Tras la intensa experiencia de estos cinco días nos quedamos con la agradable sensación de que la moral comunista va calando cada vez más entre la juventud y se traduce en una elevación cada vez más patente de la conciencia de clase. Sin ninguna duda, esta 19 Escuela ha servido para estrechar lazos entre los y las que, además de camaradas, ya somos amigos y amigas. También para que nuestros y nuestras simpatizantes den un paso más para acercarse a la organización y para que los y las jóvenes estemos cada día mas preparados para enfrentarnos a las tareas revolucionarias con mayor optimismo, compromiso y acierto.
Seguro que para la 20 Escuela, que celebraremos durante las fiestas de Semana Santa, habrá caras nuevas que se incorporarán a la lucha de los CJC, con el firme propósito de acabar con la opresión y la tiranía del capital y contribuir a la creación del hombre y la mujer nuevos que se alzarán triunfantes en una sociedad sin clases. Entre todos y todas haremos realidad la única esperanza de la humanidad frente a la barbarie del capital: el socialismo.
Evo Morales denuncia dos semanas antes del referéndum que EEUU está financiando la campaña de la oposición
Pascual Serrano
Rebelión
El presidente boliviano Evo Morales, en su intervención en La Paz en el acto de apertura del Encuentro de Intelectuales y Artistas del Mundo por la Unidad y Soberanía de Bolivia, destacó el momento importante que vive su país. Aclaró que “el proceso de transformaciones se gestará no porque quiera Evo Morales o el gobierno, sino porque son reivindicaciones históricas del pueblo boliviano”.
Cuando se cumplen dos años y medio de su llegada a la presidencia, Evo denunció que “es imposible que algunos grupos y oligarquías puedan dejar voluntariamente sus privilegios y entiendan la necesidad de una igualdad”. “Ahora nos planteamos que el poder sea del pueblo y no de algunos grupos y familias”, añadió. Morales señaló también que cuando fue elegido presidente pensaba que eso se iba a acabar felizmente, sin embargo, ahora sentía que eso es un proceso que necesita tiempo.
Respecto al evento que se inauguraba afirmó que “se requieren encuentros como éstos, en los que pueblos que luchan por su liberación vean de cerca como es este proceso de cambio”.
Con un panorama en los que la gran mayoría de los medios de comunicación del país pertenecen a poderosos grupos económicos privados que están en constante campaña contra su gobierno, Evo Morales calificó de “terrorismo mediático” la situación que se está viviendo. Como pequeña muestra recordó la anécdota de que cuando, dos días antes, llegaba al aeropuerto de La Paz, donde le esperaba una caravana de partidarios a los que se unieron espontáneamente muchos bolivianos, una radio informó a las pocas horas que “el pueblo se había enfrentado a Evo” a su llegada a la capital.
Ante casi un centenar de intelectuales procedentes de numerosos países de América Latina, Europa y Estados Unidos, también hizo recapitulación de los logros de su presidencia, y se preguntó “cuánta plata destinaban hace dos años los gobiernos en gastos reservados, cuánto había subido ahora el salario mínimo y cuántos años llevaban sin aumentar”. “Este cambio le molesta a muchos grupos”, remató.
Morales informó que los ingresos fiscales de las alcaldías habían aumentado un mil por cien con su gobierno, lo que suponía disponer de más recursos públicos para los ciudadanos. Mientras tanto, el sueldo del presidente recordó que se había disminuido de 40.000 bolivianos a 15.000 mensuales (aproximadamente 1500 euros), y “no tendría inconveniente en bajármelo a 5.000 bolivianos (500 euros), porque la cultura indígena es la de la austeridad, la de servir al pueblo que es muy diferente de servirse del pueblo”.
Evo Morales también explicó que, “hasta ahora, algunos presidentes procedían de las universidades, el mío es un origen de la lucha sindical, comunal, la lucha social. Todo era lucha por la igualdad social, mientras otros se formaron pensando en su propio interés, pocos profesionales y militares que aprendieron en sus universidades lo hicieron para servir a la patria”.
Siguiendo con su repaso a la economía del país, también aclaró que desde los años cuarenta no había superávit fiscal en Bolivia, y recordó que “hasta ahora la situación era de tener que recurrir a préstamos del FMI y del BM que llegaban condicionados a las privatizaciones y a la lucha contra el terrorismo, que no era otra que el combate contra los movimientos sociales”. “En el años 2006 –añadió- se me acercaron algunos funcionarios del BM y del FMI, les dije que si querían ayudarnos y si querían prestar dinero pueden hacerlo, pero no vamos a aceptarles ninguna propuesta ni programa económico”.
Morales también hizo memoria de su llegada a la presidencia: “me daban cuatro o seis meses algunos grupos oligárquicos, luego vieron que no iba a ser fácil y dijeron que había que hacer algo, intentaron crear un conflicto económico, un corralito bancario es lo que intentaron. Para ello especularon con algunos productos para echar la culpa a Evo Morales. Ahora hay problemas con algunos productos, como el trigo, pero eso sucede en todo el mundo, pero otros alimentos, como el aceite, hay suficiente en nuestro país, y son algunos productores quienes lo venden fuera por debajo de su precio para desabastecer al país”.
Ante la coyuntura preelectoral que se vive en Bolivia, donde el presidente, el vicepresidente y ocho prefectos (gobernadores) se someten a un referéndum revocatorio, el líder boliviano denunció que Estados Unidos está pagando cuñas publicitarias en contra de su gobierno. Hace algunos días el presidente boliviano presentó al secretario adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, diversa documentación que demostraba sus acusaciones. “Todo por el delito de este gobierno de buscar la igualdad”, añadió.
“Yo creía –añadió- que siendo presidente dejarían de acusarme de terrorismo y narcotráfico, pero hace poco, la CNN volvió a acusarme de eso. O me acusan de haber mandado un atentado con dinamita, o dicen que Evo Morales les va a quitar la propiedad privada”.
“Los medios y el precepto de Cochabamba –continuó- dicen ahora que cuando los funcionarios vayan por las casas sustituyendo las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo, el gobierno va a tomar nota del número de televisores que tiene cada familia”. “Por ahora, no hemos quitado ningún televisor”, remató irónicamente.
Al final de su intervención, Morales afirmó que “podemos retrasarnos o equivocarnos, pero no habrá traición, porque esa lucha de nuestros abuelos, de los movimientos sociales no puede ser en vano”.
Rebelión
El presidente boliviano Evo Morales, en su intervención en La Paz en el acto de apertura del Encuentro de Intelectuales y Artistas del Mundo por la Unidad y Soberanía de Bolivia, destacó el momento importante que vive su país. Aclaró que “el proceso de transformaciones se gestará no porque quiera Evo Morales o el gobierno, sino porque son reivindicaciones históricas del pueblo boliviano”.
Cuando se cumplen dos años y medio de su llegada a la presidencia, Evo denunció que “es imposible que algunos grupos y oligarquías puedan dejar voluntariamente sus privilegios y entiendan la necesidad de una igualdad”. “Ahora nos planteamos que el poder sea del pueblo y no de algunos grupos y familias”, añadió. Morales señaló también que cuando fue elegido presidente pensaba que eso se iba a acabar felizmente, sin embargo, ahora sentía que eso es un proceso que necesita tiempo.
Respecto al evento que se inauguraba afirmó que “se requieren encuentros como éstos, en los que pueblos que luchan por su liberación vean de cerca como es este proceso de cambio”.
Con un panorama en los que la gran mayoría de los medios de comunicación del país pertenecen a poderosos grupos económicos privados que están en constante campaña contra su gobierno, Evo Morales calificó de “terrorismo mediático” la situación que se está viviendo. Como pequeña muestra recordó la anécdota de que cuando, dos días antes, llegaba al aeropuerto de La Paz, donde le esperaba una caravana de partidarios a los que se unieron espontáneamente muchos bolivianos, una radio informó a las pocas horas que “el pueblo se había enfrentado a Evo” a su llegada a la capital.
Ante casi un centenar de intelectuales procedentes de numerosos países de América Latina, Europa y Estados Unidos, también hizo recapitulación de los logros de su presidencia, y se preguntó “cuánta plata destinaban hace dos años los gobiernos en gastos reservados, cuánto había subido ahora el salario mínimo y cuántos años llevaban sin aumentar”. “Este cambio le molesta a muchos grupos”, remató.
Morales informó que los ingresos fiscales de las alcaldías habían aumentado un mil por cien con su gobierno, lo que suponía disponer de más recursos públicos para los ciudadanos. Mientras tanto, el sueldo del presidente recordó que se había disminuido de 40.000 bolivianos a 15.000 mensuales (aproximadamente 1500 euros), y “no tendría inconveniente en bajármelo a 5.000 bolivianos (500 euros), porque la cultura indígena es la de la austeridad, la de servir al pueblo que es muy diferente de servirse del pueblo”.
Evo Morales también explicó que, “hasta ahora, algunos presidentes procedían de las universidades, el mío es un origen de la lucha sindical, comunal, la lucha social. Todo era lucha por la igualdad social, mientras otros se formaron pensando en su propio interés, pocos profesionales y militares que aprendieron en sus universidades lo hicieron para servir a la patria”.
Siguiendo con su repaso a la economía del país, también aclaró que desde los años cuarenta no había superávit fiscal en Bolivia, y recordó que “hasta ahora la situación era de tener que recurrir a préstamos del FMI y del BM que llegaban condicionados a las privatizaciones y a la lucha contra el terrorismo, que no era otra que el combate contra los movimientos sociales”. “En el años 2006 –añadió- se me acercaron algunos funcionarios del BM y del FMI, les dije que si querían ayudarnos y si querían prestar dinero pueden hacerlo, pero no vamos a aceptarles ninguna propuesta ni programa económico”.
Morales también hizo memoria de su llegada a la presidencia: “me daban cuatro o seis meses algunos grupos oligárquicos, luego vieron que no iba a ser fácil y dijeron que había que hacer algo, intentaron crear un conflicto económico, un corralito bancario es lo que intentaron. Para ello especularon con algunos productos para echar la culpa a Evo Morales. Ahora hay problemas con algunos productos, como el trigo, pero eso sucede en todo el mundo, pero otros alimentos, como el aceite, hay suficiente en nuestro país, y son algunos productores quienes lo venden fuera por debajo de su precio para desabastecer al país”.
Ante la coyuntura preelectoral que se vive en Bolivia, donde el presidente, el vicepresidente y ocho prefectos (gobernadores) se someten a un referéndum revocatorio, el líder boliviano denunció que Estados Unidos está pagando cuñas publicitarias en contra de su gobierno. Hace algunos días el presidente boliviano presentó al secretario adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, diversa documentación que demostraba sus acusaciones. “Todo por el delito de este gobierno de buscar la igualdad”, añadió.
“Yo creía –añadió- que siendo presidente dejarían de acusarme de terrorismo y narcotráfico, pero hace poco, la CNN volvió a acusarme de eso. O me acusan de haber mandado un atentado con dinamita, o dicen que Evo Morales les va a quitar la propiedad privada”.
“Los medios y el precepto de Cochabamba –continuó- dicen ahora que cuando los funcionarios vayan por las casas sustituyendo las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo, el gobierno va a tomar nota del número de televisores que tiene cada familia”. “Por ahora, no hemos quitado ningún televisor”, remató irónicamente.
Al final de su intervención, Morales afirmó que “podemos retrasarnos o equivocarnos, pero no habrá traición, porque esa lucha de nuestros abuelos, de los movimientos sociales no puede ser en vano”.
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